Espiando al vecino

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

La trágica muerte de la niña Katia González ha levantado un clamor en pro de endurecer las penas para la comisión de delitos que involucren situaciones de riesgo o de daño para los menores. Ojalá el calor del momento no conduzca a soluciones legislativas que no hayan sido cuidadosamente valoradas. Ni a que se olvide que, en una materia como esta, lo fundamental, lo realmente importante, es la prevención. Enviar a un delincuente a "pudrirse a la cárcel" podrá satisfacer la necesidad de venganza, pero sin duda lo ideal es evitar la reiteración de estas tragedias.

También se ha despertado un inusitado interés de la ciudadanía por contar con algún medio que permita detectar la posible presencia de predadores sexuales en nuestro entorno inmediato. Es lógico que, si pudiéramos saber anticipadamente que un sujeto de esos vive o trabaja cerca de nosotros, podremos tomar las medidas de prevención del caso con nuestros hijos.

La idea no es nueva. En otros países como Estados Unidos, se ha recurrido incluso a Internet como medio para que las personas puedan constatar dónde viven las personas que han recibido condenas penales por la comisión de delitos sexuales contra menores. Desde la promulgación en ese país de la llamada "Ley de Megan" de 1996, se ha dictado una serie de disposiciones a nivel federal y estatal que permiten la creación de bases de datos, públicamente accesibles, para obtener información de esta clase. A la fecha, al menos veinte de los estados cuentan con registros totales o parciales.

En realidad, el tema no es sencillo. En los propios Estados Unidos, diversas personas y organizaciones pro derechos civiles han cuestionado la existencia de estas bases de datos. Algunos tribunales han acogido sus planteamientos, lo cual ayuda a entender por qué no se han generalizado aún a todo el país. Se dice que la existencia de registros como los mencionados conduce a la perpetua estigmatización de quienes figuren en él. Si una persona ya ha purgado la pena que se le impuso por su delito, su inclusión en la base de datos equivale a una nueva sanción e impedirá su exitosa reinserción en la sociedad. Si bien está claro que algunos de estos delincuentes podrían reincidir en el futuro (como pasó en el caso de la pequeña Megan y pareciera haber sucedido en el de Katia), esto no será necesariamente cierto para todos. Por ende, la existencia del registro servirá para negar una segunda oportunidad en la vida a quienes la prisión haya inculcado un propósito de enmienda.

Extremo cuidado. En contra de esos argumentos está, por supuesto, la tesis de que el bienestar, salud y vida de los niños, así como el deber y derecho de sus padres de protegerlos, está por encima de los derechos de los delincuentes. Además, se ha esgrimido el carácter de interés público de la información. Si las autoridades no ofrecen acceso a ella, se ha afirmado, incluso, el derecho de las organizaciones y personas privadas a brindarla por sus propios medios, amparadas por la libertad de expresión.

No han faltado soluciones salomónicas, como permitir el acceso al registro solo a ciertos usuarios calificados. Por ejemplo, una escuela tendría derecho a revisar si un nuevo maestro o maestra de preescolar figura en él. Desgraciadamente, tampoco han faltado los graves errores. En Dallas, Texas, un grupo de vecinos decidió tomar la ley en sus manos al enterarse por el registro de que un exconvicto de estos vivía en su comunidad. Sometieron a una persona a una vapuleada que casi le cuesta la vida, solo para que más tarde se supiera que era otra persona que vivía en el mismo domicilio, del cual el verdadero ofensor se había mudado hacía algún tiempo, sin que la base de datos hubiese sido actualizada aún.

Quisiera tener la respuesta perfecta para todas estas interrogantes, pero no es así. Solo espero que sirvan para llamar la atención en el sentido de que en estos temas se debe actuar con cuidado extremo pues es mucho lo que está en juego.

La austeridad como pose

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Los recientes reportajes sobre la ruinosa condición que tienen muchas de las oficinas de la Asamblea Legislativa nos terminan de convencer de que muchos de nuestros actuales dirigentes políticos confunden la austeridad con un franciscano voto de pobreza. Eso no estaría nada mal si fueran frailes franciscanos, pero como, en vez de eso, son los representantes de cada uno de nosotros ante el resto de la ciudadanía y ante el resto del mundo, tal vez alguien debería recordarles que todos esperamos que esa representación sea ejercida no solo con sobriedad, sino también con decoro y dignidad. Y eso no se puede hacer con despachos que, por lo visto, son más candidatos para recibir una orden sanitaria de desalojo que otra cosa.

Un mal manejado concepto de austeridad también pareciera estar llevando a esas autoridades políticas a creer, erróneamente, que cualquier acción o decisión que de alguna manera dignifique o enaltezca el ejercicio de sus cargos es, automáticamente, una reprochable manera de beneficiarse personalmente. Pero es que eso solo pasa si se cree que uno mismo, el cargo que ejerce y la representación que ostenta son la misma cosa.

Terror reverencial. Existe una enraizada cultura nacional que nos hace ver con espanto cualquier cosa que pueda ser malinterpretada o vista por otros como un insano deseo de sobresalir porque eso nos expone al choteo, cosa que a los ticos nos infunde un terror reverencial. Agreguemos el surgimiento de toda una ralea de modernos fariseos, que están más que prestos y dispuestos a descargar su fundamentalismo moralizante sobre quien se atreva a generar su ira. Resultado: nadie se atreve a ser el primero o primera que levante la mano para pedir nada o para exigir un cambio en el statu quo.

Este triste panorama, unido al espectáculo circense que con cada vez mayor frecuencia nos dispensan nuestros líderes, lógicamente va minando el respeto a la autoridad legalmente constituida. Y es que, si operamos según la premisa de que "aquí todos somos igualiticos", ¿por qué iba alguien a mostrarle deferencia alguna a quien ostente una investidura pública? Y, si carecemos de respeto a los gobernantes, ¿por qué habríamos de respetar las leyes que ellos promulgan y que les corresponde hacer valer? ¿Será por eso por lo que cada vez más parece que en Costa Rica a nadie le importa nada y todos creen que pueden hacer lo que les dé la gana?

Espectáculo agotador. La idea no es caer en la fastuosidad ni el autoritarismo. (¿Por qué será que algunos siempre piensan que, si uno está en desacuerdo con una situación que raya en el extremo, es solo porque anhela el extremo contrario?). Lo que pasa es que de verdad cansa este show de austeridad mal entendida, esa competencia de "Yo soy más austero que tú". Tanta virtud nos encandila, a pesar de que sepamos que nunca o casi nunca es auténtica. Es austeridad como pose, austeridad como eslogan.

De lo que se trata en realidad -y esto no debería ser muy difícil- es de llegar a entender y respetar el equilibrio que deben tener "costo" y "beneficio". Si de una decisión concreta (como, por ejemplo, que los diputados tengan y usen vehículos oficiales en sus actividades de trabajo; o que se construya un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa y, de paso, para la Casa Presidencial, que también es espantosa) resulta un claro y tangible beneficio para el país (un mejor, más eficiente y decoroso ejercicio del cargo; un restablecimiento de la solemnidad de la función pública), entonces creo que la inversión que se haga -dentro de los rangos esperables de razonabilidad- estará más que ampliamente justificada. Claro que no faltarán quejas, críticas y lamentos. Pero nunca se ha visto que una gran nación se levante a base de llanto y rechinar de dientes. Ahora lo que falta es ver quién tendrá el coraje de levantar la mano.

La opción del software libre

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Se discute sobre la conveniencia de adoptar el llamado "software libre" en el sector público, como alternativa para enfrentar el alto costo del licenciamiento de sistemas y aplicaciones informáticas.

Por software libre (u open source) se entiende -en líneas generales- todo aquel producido bajo la premisa de que el software debería ser accesible para todos. Se caracteriza porque, además de poner los programas a disposición de cualquiera, también se distribuye el código fuente, con la idea de que otros puedan estudiarlo y mejorarlo, beneficiando a la vez a los demás usuarios. El más conocido ejemplo de esta categoría es el sistema operativo Linux.

La propuesta mencionada forma parte de una tendencia mundial que surge en los últimos años como reacción a los altos precios y a la mediocre calidad de gran parte del software propietario disponible. En Latinoamérica, los gobiernos nacionales y locales de países como México, Brasil y Perú han promovido iniciativas para la adopción del software libre en las dependencias estatales. A nivel de decisiones formales tomadas en este sentido dentro del sector público costarricense, hasta ahora solo conozco la del Colegio de Abogados, en cuanto a sustituir las licencias existentes de software de oficina por el paquete OpenOffice.org.

Ventajas y desventajas. Antes de que el entusiasmo pueda llevarnos a adoptar medidas extremas que a la postre conduzcan a consecuencias más bien negativas, es importante tener claro que la opción del software libre, igual que la del software comercial, posee tanto ventajas como desventajas que toda organización debe valorar antes de actuar.

Su virtud más obvia es la del costo, ya que como regla las licencias de software libre son gratuitas, permitiendo un importante ahorro con relación con el software comercial. Además, usualmente es el fruto del trabajo colaborativo, desinteresado y transparente de grandes cantidades de programadores, lo cual tiende a dotarlo de una gran calidad y estabilidad. La accesibilidad del código fuente permite desarrollar soluciones altamente personalizadas y adecuadas a las necesidades de cada persona u organización.

En lo que a desventajas se refiere, se debe considerar que la economía que se obtiene por la gratuidad de las licencias puede verse contrarrestada por los costos de capacitación y migración. Además, las aplicaciones de software libre no siempre cuentan con el respaldo de personas o entidades que puedan hacerse responsables de la corrección de defectos, la distribución de actualizaciones o de las consecuencias de los fallos que puedan surgir. Finalmente, pueden aparecer problemas a la hora de compartir información con otras personas o entidades.

Soy entusiasta partidario del open source, pero pienso que la posibilidad de imponer su uso por medio de fiat legislativo -si es que esa es la idea- puede ser contraproducente. Lo bonito del software libre es justamente que es una alternativa; las palabras "software libre" y "de uso obligatorio" no parecen ir bien juntas en la misma frase.

Consideraciones relevantes. Creo que es erróneo poner la discusión entre software comercial y libre como una cuestión de todo o nada. Inclinarnos por uno, por otro o por una mezcla de ambos debe ser algo que se examine con cuidado y a la luz de las consideraciones relevantes en cada caso. El factor costo del licenciamiento, por sí solo, no debe ser determinante. En el sector público en especial, ya se sabe a qué lleva un apego irracional a la fórmula del "precio más bajo".

En la guerra entre software comercial y software libre, los ganadores somos los usuarios. Aquél debe competir con calidad, puesto que obviamente no puede hacerlo en precio. El segundo, en la medida en que muestre una calidad equiparable al comercial, se presentará cada vez más como una excelente alternativa. Pero no nos fanaticemos por ninguno de los dos. Sepamos más bien capitalizar inteligentemente de los resultados de esta contienda.

• Respuesta de la empresa Microsoft a este artículo.

Con la caridad cansada

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Dicen que la caridad es buena para el espíritu. Al despojarnos de algo para darlo a otro que lo necesita, reforzamos los lazos de solidaridad entre seres humanos y ganan tanto el que da como el que recibe. Hasta ahí, todo bien. Pero repasemos la caridad "a la tica", que presenta ciertas, digamos, peculiaridades.

Están, en primer lugar, las visitas a domicilio. Colectas para esto y rifas para lo otro. Que si deseo colaborar con la reconstrucción del albergue "equis" o aportar para la compra del mobiliario de la escuela "zeta". Que si leo la carta de la delegación policial porque la persona que me la muestra no puede hablar. Que figúrese, señor, que la semana pasada me operaron (todas las semanas es lo mismo) y no tengo dinero para los pases del bus.

Después están las colectas en el trabajo. Resulta que a fulana le regalaron trillizos y estamos recogiendo plata para regalarle una ropita. O que a zutano se le inundó la casa y estamos pidiendo plata para ayudarle a comprar muebles.

Boleta incluida. Ahora, cada vez que llega un recibo o un estado de cuenta en el correo, viene con una boleta de donación adjunta que me piden llenar, porque resulta que solo yo puedo devolver la sonrisa a los ancianitos del hogar "equis". Dice la boleta que saben que no les voy a fallar.

Recuerdo cuando se organizó la primera Teletón: fue un acontecimiento muy grande y había mucha emoción. Muchos aportamos unos poco y otros, mucho, para que fuera un éxito. Ahora resulta que todos los años hay Teletón. Ya es como un hábito.

Lo peor de todo -o al menos eso me parece- se da en las calles. En cada semáforo piden colaborar con esto, cooperar con lo otro y contribuir con lo de más allá. Algunos prácticamente le ponen a uno la alcancía en la cara, otros se enojan si no se les da nada y otros imparten alguna clase de bendición, no se sabe si con sinceridad o para que uno se sienta culpable de no colaborar.

Libertad coartada. El colmo es cuando le atraviesan a uno un mecate en la carretera para obligarlo a parar. Violando flagrantemente la libertad de tránsito, se trata de obligar a la gente a aportar a una causa que, por noble que sea, no puede justificar jamás este atropello. Es caridad a la fuerza.

Los "cuidacarros" -si nos detenemos a pensarlo- practican lo que no es más que una forma de mendicidad disfrazada. Rara vez están realmente pendientes del vehículo de uno; solo les interesa recoger la mayor cantidad de dinero posible. Y algunos incluso tienen el tupé de repartir boletas con tarifas fijas, a cambio de permitir que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de estacionarse en la vía pública.

Encima, ahora aparecen "los maromeros", con sus pequeños shows de destreza.

Al primero lo vi en los semáforos de la Facultad de Derecho de la UCR y, al principio, me pareció simpático. Imaginé que era algún desamparado artista extranjero al que le urgía reunir fondos de una manera original para regresar a su país.

Pero luego comenzaron a multiplicarse y a aparecer en otros lugares. Ya hay imitadores nacionales, no necesariamente con el mismo grado de habilidad. En todos estos casos, hay que dar plata "para colaborar con el arte".

No me malinterpreten. Algunas causas definitivamente valen la pena y no hay que dejar de apoyarlas. Pero también hay algunos a los que se les va la mano; que recurren a la caridad como vía fácil para no complicarse buscando fondos con mayor esfuerzo. Y también hay gente que, como me decía doña Virginia Valverde (que en paz descanse), las quieren todas maduras y en el suelo. En estos casos, quisiera uno mostrarles un rótulo, que para emplear todas las variantes usuales, tendría que decir algo así como esto: “Lo siento, pero no compro, no regalo, no colaboro, no coopero, no aporto, no dono y no contribuyo”.

Como decíamos al principio, no hay duda de que un poquito de caridad le hace bien al espíritu. Pero la verdad también es que a ratos siente uno como que anda con la caridad cansada.

La parábola del cerrojo

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

En enero pasado un analista en temas de seguridad llamado Matt Blaze publicó un artículo que describe una vulnerabilidad de los cerrojos de llave maestra, aquellos que permiten a una persona poseer una llave de su puerta, mientras alguien más -por ejemplo, un administrador- tiene una copia maestra que abre esa y todas las demás puertas del mismo edificio. En este caso, por medio de la técnica descrita, sería posible que cualquier persona convierta su llave individual en llave maestra.

Según cuenta Bruce Schneier, especialista en seguridad informática, la aparición del artículo desató un furor entre los expertos en cerrajería. Resulta que la técnica en cuestión era bien conocida desde hace más de un siglo por ellos, pero nunca había sido discutida en público. Las personas que adquirían estos cerrojos la desconocían por completo, y los cerrajeros estaban muy contentos, suponiendo que esa ignorancia generalizada era algo bueno: mantener este conocimiento fuera del dominio público evitaría que los delincuentes lo aprovecharan. Aunque parece que en el mercado existen otros sistemas de llave maestra inmunes a la técnica publicada por Blaze, son escasos y caros. Según los cerrajeros, mientras la gente no supiera nada del problema, sería más fácil y más barato continuar fabricando y vendiendo los sistemas vulnerables, que tomarse la molestia de repararlos.

Técnica conocida. El problema es que la famosa y centenaria técnica ya era conocida y se transmitía sotto voce en el bajo mundo. Se dice que, en 1994, un ladrón se apoderó una llave maestra y logró robar el equivalente de $1,5 millones en joyas, sustrayéndolas de las cajitas de seguridad del banco donde estaban guardadas. A los delincuentes, desde luego, no los gobierna el "pacto de silencio" de los cerrajeros.

La moraleja es que, cuando cierta información tiene la capacidad de afectar seriamente los intereses de las personas, mantenerla fuera de su conocimiento no solo sirve de poco o nada, sino que, de hecho, es peligroso e irresponsable. Al manejarse la información en secreto, quienes tienen el poder y el deber de actuar para enfrentar el riesgo no se ven sometidos a la presión pública para hacer algo sobre el particular. Al mismo tiempo, las personas que están expuestas a ese riesgo se ven imposibilitadas de tomar medidas concretas para reducir su exposición. En el caso de los cerrojos, quizás la gente dejaría de utilizar los sistemas de llave maestra defectuosos si tan solo supiera lo vulnerables que son.

Peligro e irresponsabilidad. Por mi parte, leyendo del affaire de los cerrojos, se me ocurre pensar que todo lo dicho se aplica por igual en materia de transparencia en el acceso a la información sobre políticas públicas. Cuando los gobernantes y autoridades definen políticas que pueden afectar negativamente a los ciudadanos, pero no las someten al escrutinio general, actúan de manera potencialmente peligrosa e irresponsable. Al sustraerlas del examen público, impiden que el debate saque a la luz sus fallas y debilidades. La auditoría ciudadana y la rendición de cuentas ceden. La prensa no puede cumplir con una función esencial que le corresponde en una sociedad libre: vigilar la gestión pública y alertar a los ciudadanos sobre los problemas que pueda mostrar.

Como lo subraya Schneier, la mayoría preferiríamos manejar la mayor cantidad de información posible para poder tomar decisiones informadas sobre las cosas que nos atañen. Quisiéramos contar con los elementos de juicio necesarios para presionar y poder obtener una solución adecuada para algo que no anda bien. No desearíamos que sean otras personas quienes decidan por nosotros qué y cuánto podemos saber de cuestiones que nos afectan o pueden afectar profundamente. De allí que todo este asunto de los cerrajeros y sus secretos tenga un profundo valor como enseñanza. Es prácticamente una parábola. La parábola del cerrojo.

Una Constitución Política para el siglo XXI

Este artículo fue publicado en la revista electrónica del proyecto Democracia Digital.

La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica -de la que me honra formar parte- ha dispuesto dedicar la realización del Congreso Jurídico Nacional que corresponde efectuar este año, al tema "La Constitución Política del siglo XXI".

Al tomar esta decisión, se ha partido del hecho constatable de que la sociedad costarricense se encuentra ante una coyuntura, en la que ciertos grandes y profundos cuestionamientos no se están haciendo, o que, si se hacen, lo son en el contexto de discusiones político-partidarias, que de alguna manera contaminan el debate y le restan amplitud. Frente a esa realidad, pensamos que el Colegio, por su trayectoria y responsabilidad, tiene la posibilidad -y el deber- de auspiciar un debate serio e imparcial sobre el tema de la Constitución.

En principio, la etapa plenaria del Congreso se efectuará el próximo mes de octubre. Esta fase estará precedida de un ciclo de conferencias y mesas redondas. En éstas, buscaremos la participación de los más connotados expertos, por supuesto que de la materia constitucional, pero también de otras disciplinas como la economía, las ciencias políticas, la sociología y otras cuyos enfoques necesariamente habrá que tener en cuenta para lograr un panorama completo de la cuestión.

No deseamos que el evento se dedique al replanteamiento de ciertos lugares comunes, conocidos por todos, con respecto al tema de interés. Más bien desearíamos que los participantes hagan un esfuerzo, de clarividencia jurídica si se quiere, para tratar de visualizar el panorama constitucional del país a veinte o cincuenta años plazo. Fijadas así las metas de la sociedad a que aspiramos, se deberá examinar también el camino que deberíamos recorrer para alcanzarlas.

Por razones de honestidad intelectual, no deseamos partir de algunas presuposiciones o sobreentendidos que suelen permear las discusiones en torno al tema de la Constitución. De hecho, no partimos ni siquiera de la premisa de que es necesario cambiar la que tenemos. Podría ser, por ejemplo, que se concluya que los problemas que aquejan al país no encuentran su raíz en la Carta Fundamental, sino en cuestiones de diversa índole, tales como el modelo de desarrollo vigente o la ausencia de talento y liderazgo político. Tampoco damos necesariamente por demostrado que si la Constitución tiene algo que ver, que entonces sea indispensable practicar una reforma general por medio de una Asamblea Constituyente. En efecto, podría adelantarse la hipótesis de que la vía de las reformas parciales son idóneas para introducir los ajustes que requiere el texto para adecuarlo a las exigencias y retos del nuevo siglo.

Como es de esperar, el tema de una constituyente es de suyo complejo. Dejando de lado los argumentos simplistas que algunos proponen para acogerla o para rechazarla, lo cierto del caso es que la perspectiva de una reforma general de la Constitución tiende a generar diversos grados de resistencia por parte de sectores interesados o afectados (los "stakeholders" de los que habla la literatura angloparlante). Por ejemplo:

• Sectores empresariales podrían ver con recelo una constituyente, debido al temor de que de ella surjan cuestionamientos o limitaciones adicionales a las libertades económicas existentes.
• Sectores sindicales podrían temer un debilitamiento o restricción del capítulo de las garantías sociales.
• La clase política gobernante podría no desear que su gestión se vea empañada u opacada por el desarrollo paralelo de una asamblea constituyente.

Si llegásemos a la conclusión de que una reforma general es necesaria, habrá que determinar también la manera más efectiva de lidiar con estos factores psicológicos o emotivos. Una posibilidad podría ser la de preceder la realización de la constituyente con la preparación de un texto base, elaborado por personas de reconocida solvencia moral e intelectual, que sirva para delinear de alguna manera los grandes temas de discusión. Otra alternativa podría ser someter cualquier texto que genere la constituyente a un referendo popular posterior, como mecanismo legitimador democrático de última instancia.

Sea como fuere, pareciera estar claro que el primer paso para un exitoso debate del tema planteado consiste en fijar unas pocas materias clave a las que se dedicará el Congreso. El tema de la Constitución es extremadamente amplio e imposible de abarcar exhaustivamente dentro de las limitaciones materiales y de tiempo. De este modo, algunos expertos a quienes hemos ido pidiendo criterio nos han aconsejado fijar los "grandes tópicos", que podrían incluir:

• La organización y distribución del poder, incluyendo el marco organizativo del Estado y los mecanismos de control del poder.
• La depuración y profundización democráticas, lo que comprende temas como las reformas electorales y los mecanismos de participación y auditoría ciudadanas.
• La hacienda y el empleo público.
• La reforma constitucional misma, sus procedimientos y límites.

Este ejercicio está pendiente aun, pero no hay duda de que hay que aplicarlo para asegurar las metas planteadas. Las próximas semanas servirán para reflexionar con mayor profundidad al respecto y poner en marcha el proceso.

Darwin hoy

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Hoy hace 194 años nació Charles Darwin, quien poseyó una de las mentes más brillantes de la historia y cuyas investigaciones y teorías han tenido uno de los impactos más perdurables.

Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra. A los 22 años, aceptó servir como naturalista a bordo del H.M.S. Beagle, que partió en diciembre de 1831 para una expedición científica de 5 años por la costa pacífica de Sudamérica. Sus observaciones durante el viaje sirvieron de base para la publicación en 1859 de su obra más famosa, "Acerca del origen de las especies por medio de la selección natural".

A mediados del siglo XIX, la concepción dominante en Occidente sobre el origen de la vida provenía de una interpretación literal del relato bíblico, según el cual los seres humanos habríamos sido creados como somos ahora, hace algunos miles de años como máximo y casi al mismo tiempo en que lo habrían sido también las demás especies animales y vegetales.

Evolucionismo. La teoría de Darwin parte de que, por el contrario, las especies evolucionan lentamente, a partir de mutaciones y cambios provocados por el entorno, que alteran -para bien o para mal- la capacidad de supervivencia y de reproducción. Si los cambios son desfavorables, el futuro albergará la muerte. Pero si son favorables, el individuo tendrá una mejor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas adaptaciones a sus descendientes. Transcurrido un tiempo suficiente extenso, los cambios cuantitativos se truecan en transformaciones cualitativas y al surgimiento de especies nuevas.

En el enfoque darwiniano, la vida en la Tierra tendría no miles sino miles de millones de años de existencia. Además, las formas de vida contemporáneas (incluyendo la humana) no habrían aparecido súbitamente sino como fruto de un proceso -no milagroso, pero no por eso menos maravilloso- de transformaciones paulatinas a partir de especies antecesoras.

Antecesor común. Casi siglo y medio después de la publicación del libro de Darwin, la evidencia se ha acumulado, confirmando sus hipótesis. En lo que a los humanos se refiere, el moderno análisis de ADN revela que compartimos hasta un 98% de nuestros genes con otras especies de la orden de los primates, lo cual apunta claramente a la existencia de un antecesor común. La evolución misma es comprobable, de modo dramático, en el mundo de virus como los de la gripe y el VIH: cuando mutan y, como resultado de ello, logran resistir la acción de un medicamento, sobreviven y transmiten esa cualidad a sus sucesores, que se replicarán dando al traste con las terapias establecidas.

Paradójicamente, hoy se habla de cómo los seres humanos hemos sido capaces de alterar e incluso de detener el proceso de la selección natural. Nuestros estándares de salud aseguran la supervivencia, o al menos la prolongación de la vida, incluso de quienes padezcan enfermedades o discapacidades que siglos atrás habrían conducido a una muerte segura. La mayoría de nosotros coincidiremos en que eso es bueno y Darwin probablemente no lo negaría tampoco, ya que su teoría de la evolución solo ofrece una explicación para un proceso natural, sin extraer conclusiones éticas o morales de él.

Maravilla y angustia. Pero a lo que voy es a destacar que este hecho no deja de ser maravilloso y angustioso a la vez, precisamente en el campo ético, porque reafirma que nuestro futuro está cada día más en nuestras propias manos y no en la selección natural. En tiempos en que corren aires de guerra y que se discute de temas como la clonación, estamos ante un dilema moral que solo a nosotros mismos incumbe resolver. Aunque nunca lleguemos a tener todas las respuestas ni podamos prever o superar todos los obstáculos que podamos afrontar, está cada vez más claro que el mañana será lo que decidamos hacer de él. La elección es nuestra y la responsabilidad también.

Charles Darwin murió el 19 de abril de 1882. Sus restos descansan en la abadía de Westminster, cerca de los de otro genio, Isaac Newton.

Feliz año, doña Astrid

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

El psicólogo B.F. Skinner una vez dijo que educación es aquello que queda una vez que lo aprendido se ha olvidado. Vale la pena reflexionar sobre esa idea, porque en ella no solo reside una gran verdad, sino, además, la clave para evaluar nuestra educación.

En efecto, un gran porcentaje de lo que aprendemos en las aulas es eventualmente relegado al olvido. Aunque en su momento hayamos dominado la solución de ecuaciones trinomias, o recitado sin falta las constituciones políticas del país, lo cierto es que si no se trata de conocimientos que debamos seguir empleando más adelante, llega un momento en que estos se nublan y, con suerte, solo retenemos una vaga noción de qué diantre era una ecuación trinomia.

¿Valió la pena memorizar esos conceptos? ¿Cuánto del tiempo que pasamos en las aulas es provechoso y cuánto es solo tiempo perdido? Supongo que no hay ninguna fórmula mágica que nos permita saberlo y, además, que la respuesta es diferente para cada quien, porque no todos aprendemos lo mismo y no todos aprendemos igual.

Toda la vida. Aprender es adquirir conocimiento y desarrollar nuevas conductas. Y aunque es común pensar en ello como algo que sucede solo en las escuelas, lo cierto es que mucho tiene lugar antes, fuera y después de las aulas. Aprendemos durante toda la vida.

En los animales, el aprendizaje es clave para la supervivencia. En las personas, la educación llena un propósito adicional: permitir que nos ubiquemos en el contexto que nos rodea y buscar y obtener respuestas para preguntas que los animales no se hacen, pues -hasta donde se sabe- es propio solamente de la especie humana reflexionar sobre sí y sobre el universo en que vive.

En los niños existe una disposición natural al aprendizaje, una curiosidad innata y un sentido del asombro insaciable. Ellos ingresan en la educación formal con ganas e ilusión, generalmente tan solo para tropezar poco después con todo ese esquema tradicional que termina por matarles el entusiasmo y por transformar el gusto por el aprendizaje en una carga odiosa. Por dicha, el espíritu de algunos es indomable y logran sobrevivir a la experiencia con solo algunos raspones. Yo nunca permití que la escuela interfiriera con mi educación, decía -entre serio y jocoso- Mark Twain. Pero otros quedan para siempre marcados y, con el tiempo, no solo olvidan lo aprendido, sino que les queda poca o ninguna educación real.

Debería haber una fase de educación común y otra de educación individual. Las tareas básicas de la primera se resumirían en dos: enseñar a aprender y enseñar a convivir.

Herramientas esenciales. Enseñar a aprender significa dotar al intelecto de las herramientas esenciales para impulsar a la persona hacia una vida dispuesta al aprendizaje. Aparte de las aptitudes y conocimientos básicos, implica desarrollar el sentido crítico y el afán por la investigación, para liberar la razón de ataduras y que la educación no sea un proceso pasivo de absorción de datos sin cuestionamiento alguno. Formar personas críticas las inmuniza contra el engaño y los prejuicios, al dotarlas de lo que Carl Sagan llamaba el equipo de detección de atolillo con el dedo.

Enseñar a convivir significa educar en el respeto, la tolerancia y la solidaridad, sin las que no se puede coexistir en un mundo de gente con personalidades, ilusiones, intereses, necesidades y culturas diferentes.

Una vez inculcadas esas habilidades básicas (que se aprenden pero nunca se olvidan y, por ende, educan realmente), la persona sería expuesta al vasto mundo de los conocimientos, las ciencias y las artes, los oficios y técnicas, para que cada cual elija el camino que lo llene y lo conduzca a la felicidad.

No soy experto en educación, así es que lo dicho hasta aquí probablemente pinte solo un cuadro parcial de lo que, sin duda, es un tema complejo. Pero eso cedo la palabra a quienes sepan realmente de esto y a quienes tengan el poder y la voluntad de hacer algo al respecto.

Que tengan todas y todos muy feliz Año Nuevo.

"Interñet"

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

En el hermoso marco del Palacio Miramar de San Sebastián, en el País Vasco, tuve el reciente privilegio de coincidir con representantes de casi la totalidad de los países hispanohablantes para celebrar el segundo congreso de la llamada "Comunidad Eñe" bajo el generoso auspicio del consorcio vasco Gaia y el copatrocinio de la OEA y del BID.

La idea del encuentro era escuchar a una serie de expertos en diversos campos y luego conversar en torno a un tema de gran importancia, como la necesidad de que los hispanoamericanos dialoguemos permanentemente acerca de cómo podemos defender y promover nuestros intereses comunes en la red mundial Internet. Sobre la base de ese patrimonio compartido que tenemos en idioma y cultura, se discutió durante tres días acerca de la generación de contenidos en español para la red, en temas tan diversos como la seguridad técnica y legal o la formación a distancia por medios electrónicos.

El grupo de trabajo en que específicamente me correspondió participar tenía por objeto analizar qué estamos haciendo y qué más podemos hacer en la región con respecto a una cuestión de mucha actualidad: la del "gobierno electrónico".

Palabras clave. En resumen, la investigación en torno al e-gobierno se centra en analizar de qué manera se pueden aplicar los avances tecnológicos para profundizar y enriquecer la interacción entre gobernantes y gobernados. En esta materia, las palabras clave son: eficiencia, transparencia y participación ciudadana.

En cuanto a eficiencia, la idea es que la tecnología debe agilizar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, simplificando los procedimientos al tiempo que se recortan los costos. Desde luego, esto implica definir interfaces de acceso claras y amistosas para un usuario promedio.

La transparencia, por su parte, implica facilitar el acceso a las fuentes de información sobre estadísticas y políticas públicas para incentivar la auditoría ciudadana y la correlativa rendición de cuentas por parte de los titulares del poder político.

Finalmente, los medios electrónicos deberían fomentar una mayor participación de las personas en los asuntos de gobierno local y nacional, al reducir el distanciamiento histórico entre los que administran y los administrados.

Está claro, al menos en lo que a nuestros países se refiere, que el obstáculo principal para la consecución de las metas enunciadas reside en la conectividad, o sea, en la llamada brecha digital que separa a los que pueden beneficiarse de estos servicios y a aquellos para quienes están fuera de alcance. Desde este punto de vista, el encuentro fue propicio para intercambiar experiencias y valorar los distintos planes de acción para posibilitar un mayor acceso de los sectores de menores ingresos a los recursos tecnológicos. En este sentido, por ejemplo, el documento de conclusiones del encuentro contiene un llamado a compartir información y experiencias a escala regional, con la coordinación de la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de Informática (CAIBI). Localmente, se sugiere el establecimiento de exenciones impositivas y/o créditos fiscales, así como el establecimiento de un fondo público que permita dotar del equipo y aplicaciones necesarias a los mencionados sectores. En este sentido, es recomendable que los esfuerzos estén centralizados en una única dependencia o comité estatal, que los planifique y coordine con la mayor efectividad, para lo cual obviamente se requiere de compromiso político al más alto nivel.

En conclusión, este segundo congreso de la "Comunidad Eñe" ha permitido valorar los avances y posibles retrocesos en la tarea fundamental de convertir el idioma español en un protagonista de primera línea en el desarrollo de Internet durante la presente década.

Cuando NO legislar

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Si de algo tenemos bastante en este país, es de leyes. Más de ocho mil si nos basamos únicamente en la secuencia numérica actual. Claro, muchas de ellas están derogadas, tácita o expresamente. Aun así, la cantidad que queda es impresionante.

En gran medida, esta fertilidad legislativa es producto de la concepción -arraigada pero ingenua- de que los problemas se resuelven con leyes. Y si una ley anterior no sirve, hay que promulgar otra en su lugar.

Pertinencia. Sin embargo, es buena idea detenernos a reflexionar sobre lo que, en última instancia, debe determinar la conveniencia o inconveniencia de legislar, a saber: la convicción plena de que la disposición normativa que se quiere promulgar es necesaria y pertinente.

Arbitraje. Partamos, primero, de la noción fundamental de que el papel central del derecho en cualquier sociedad moderna es arbitrar los conflictos intersubjetivos para evitar que degeneren en violencia social. Preferiblemente, estos conflictos deben ser prevenidos; pero, si no es posible hacerlo, deben ser contenidos para que no escalen y para que se restituyan sus eventuales consecuencias dañosas.

Partamos, además, de la idea igualmente básica de que las personas estamos en este mundo para autorrealizarnos y ser felices. Y que la búsqueda y consecución de esa felicidad solo es posible en libertad.

Desde la óptica anterior, la promulgación de una ley, en cuanto imponga obligaciones o restrinja los derechos de las personas, necesariamente crea un límite a los espacios de libertad dentro de los que es posible movernos en busca de lograr la anhelada autorrealización personal. Eso no es algo malo per se, si la ley es necesaria, precisamente para arbitrar un conflicto de derechos e intereses real o potencial y así asegurar una convivencia pacífica. Después de todo, la frontera natural de los derechos de cada uno de nosotros es el punto donde principian los derechos de los demás. Y, gústenos o no, tenemos que vivir en sociedad y para ello hay que acatar las reglas del juego.

Pero, además, la ley será tanto más justificable en cuanto sea pertinente; esto es, que la regulación que contiene -y, con ella, la restricción que provoca en el espacio natural de libertad de las personas- sea razonable y proporcionada. De este modo, la norma no irá más allá de lo justo y conveniente para lograr uno o más fines determinados.

Libertad. Todo alumno de derecho aprende en los primeros años de estudio el principio básico de autonomía de la voluntad. En el contexto de la discusión previa, ese principio nos lleva a estimar que una ley cuyos destinatarios seamos los ciudadanos debe ser dictada cuando sea necesaria para limitar una determinada conducta activa u omisiva. Porque no se dictan leyes para permitir cosas a los sujetos privados: estos ya son libres para hacer todo lo que la ley no les proscriba.

Aunque obviamente no es siempre así, a veces es mejor simplemente dejar que las personas vayan buscando y encontrando los límites que deben gobernar su conducta. Esto es especialmente cierto cuando se trata de relaciones entre iguales, donde el diálogo y la negociación pueden conducir a convenios más provechosos que los que devendrían de una imposición externa. El contrato, como dice el conocido aforismo jurídico, es ley entre las partes; una ley que ellas mismas fijan, no que les cae desde las alturas del poder estatal. Pero, naturalmente, si tratamos con relaciones donde las partes no son iguales, la acción normativa del Estado probablemente sí encuentre sentido en la medida en que se requiera para evitar que el pez grande se coma al pequeño.

Estrictamente, nada impide que el legislador legisle simplemente porque puede. Pero sobre la base de las reflexiones previas, conviene que este se autoimponga la disciplina de legislar porque debe. En esa medida, no solo obtendremos una cantidad más manejable de normas, sino que, además, las que tengamos posiblemente sean más justas e inviten por ello a ser respetadas realmente.