La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica -de la que me honra formar parte- ha dispuesto dedicar la realización del Congreso Jurídico Nacional que corresponde efectuar este año, al tema "La Constitución Política del siglo XXI".
Al tomar esta decisión, se ha partido del hecho constatable de que la sociedad costarricense se encuentra ante una coyuntura, en la que ciertos grandes y profundos cuestionamientos no se están haciendo, o que, si se hacen, lo son en el contexto de discusiones político-partidarias, que de alguna manera contaminan el debate y le restan amplitud. Frente a esa realidad, pensamos que el Colegio, por su trayectoria y responsabilidad, tiene la posibilidad -y el deber- de auspiciar un debate serio e imparcial sobre el tema de la Constitución.
En principio, la etapa plenaria del Congreso se efectuará el próximo mes de octubre. Esta fase estará precedida de un ciclo de conferencias y mesas redondas. En éstas, buscaremos la participación de los más connotados expertos, por supuesto que de la materia constitucional, pero también de otras disciplinas como la economía, las ciencias políticas, la sociología y otras cuyos enfoques necesariamente habrá que tener en cuenta para lograr un panorama completo de la cuestión.
No deseamos que el evento se dedique al replanteamiento de ciertos lugares comunes, conocidos por todos, con respecto al tema de interés. Más bien desearíamos que los participantes hagan un esfuerzo, de clarividencia jurídica si se quiere, para tratar de visualizar el panorama constitucional del país a veinte o cincuenta años plazo. Fijadas así las metas de la sociedad a que aspiramos, se deberá examinar también el camino que deberíamos recorrer para alcanzarlas.
Por razones de honestidad intelectual, no deseamos partir de algunas presuposiciones o sobreentendidos que suelen permear las discusiones en torno al tema de la Constitución. De hecho, no partimos ni siquiera de la premisa de que es necesario cambiar la que tenemos. Podría ser, por ejemplo, que se concluya que los problemas que aquejan al país no encuentran su raíz en la Carta Fundamental, sino en cuestiones de diversa índole, tales como el modelo de desarrollo vigente o la ausencia de talento y liderazgo político. Tampoco damos necesariamente por demostrado que si la Constitución tiene algo que ver, que entonces sea indispensable practicar una reforma general por medio de una Asamblea Constituyente. En efecto, podría adelantarse la hipótesis de que la vía de las reformas parciales son idóneas para introducir los ajustes que requiere el texto para adecuarlo a las exigencias y retos del nuevo siglo.
Como es de esperar, el tema de una constituyente es de suyo complejo. Dejando de lado los argumentos simplistas que algunos proponen para acogerla o para rechazarla, lo cierto del caso es que la perspectiva de una reforma general de la Constitución tiende a generar diversos grados de resistencia por parte de sectores interesados o afectados (los "stakeholders" de los que habla la literatura angloparlante). Por ejemplo:
- Sectores empresariales podrían ver con recelo una constituyente, debido al temor de que de ella surjan cuestionamientos o limitaciones adicionales a las libertades económicas existentes.
- Sectores sindicales podrían temer un debilitamiento o restricción del capítulo de las garantías sociales.
- La clase política gobernante podría no desear que su gestión se vea empañada u opacada por el desarrollo paralelo de una asamblea constituyente.
Si llegásemos a la conclusión de que una reforma general es necesaria, habrá que determinar también la manera más efectiva de lidiar con estos factores psicológicos o emotivos. Una posibilidad podría ser la de preceder la realización de la constituyente con la preparación de un texto base, elaborado por personas de reconocida solvencia moral e intelectual, que sirva para delinear de alguna manera los grandes temas de discusión. Otra alternativa podría ser someter cualquier texto que genere la constituyente a un referendo popular posterior, como mecanismo legitimador democrático de última instancia.
Sea como fuere, pareciera estar claro que el primer paso para un exitoso debate del tema planteado consiste en fijar unas pocas materias clave a las que se dedicará el Congreso. El tema de la Constitución es extremadamente amplio e imposible de abarcar exhaustivamente dentro de las limitaciones materiales y de tiempo. De este modo, algunos expertos a quienes hemos ido pidiendo criterio nos han aconsejado fijar los "grandes tópicos", que podrían incluir:
- La organización y distribución del poder, incluyendo el marco organizativo del Estado y los mecanismos de control del poder.
- La depuración y profundización democráticas, lo que comprende temas como las reformas electorales y los mecanismos de participación y auditoría ciudadanas.
- La hacienda y el empleo público.
- La reforma constitucional misma, sus procedimientos y límites.
Este ejercicio está pendiente aun, pero no hay duda de que hay que aplicarlo para asegurar las metas planteadas. Las próximas semanas servirán para reflexionar con mayor profundidad al respecto y poner en marcha el proceso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario