Se discute sobre la conveniencia de adoptar el llamado "software libre" en el sector público, como alternativa para enfrentar el alto costo del licenciamiento de sistemas y aplicaciones informáticas.
Por software libre (u open source) se entiende -en líneas generales- todo aquel producido bajo la premisa de que el software debería ser accesible para todos. Se caracteriza porque, además de poner los programas a disposición de cualquiera, también se distribuye el código fuente, con la idea de que otros puedan estudiarlo y mejorarlo, beneficiando a la vez a los demás usuarios. El más conocido ejemplo de esta categoría es el sistema operativo Linux.
La propuesta mencionada forma parte de una tendencia mundial que surge en los últimos años como reacción a los altos precios y a la mediocre calidad de gran parte del software propietario disponible. En Latinoamérica, los gobiernos nacionales y locales de países como México, Brasil y Perú han promovido iniciativas para la adopción del software libre en las dependencias estatales. A nivel de decisiones formales tomadas en este sentido dentro del sector público costarricense, hasta ahora solo conozco la del Colegio de Abogados, en cuanto a sustituir las licencias existentes de software de oficina por el paquete OpenOffice.org.
Ventajas y desventajas. Antes de que el entusiasmo pueda llevarnos a adoptar medidas extremas que a la postre conduzcan a consecuencias más bien negativas, es importante tener claro que la opción del software libre, igual que la del software comercial, posee tanto ventajas como desventajas que toda organización debe valorar antes de actuar.
Su virtud más obvia es la del costo, ya que como regla las licencias de software libre son gratuitas, permitiendo un importante ahorro con relación con el software comercial. Además, usualmente es el fruto del trabajo colaborativo, desinteresado y transparente de grandes cantidades de programadores, lo cual tiende a dotarlo de una gran calidad y estabilidad. La accesibilidad del código fuente permite desarrollar soluciones altamente personalizadas y adecuadas a las necesidades de cada persona u organización.
En lo que a desventajas se refiere, se debe considerar que la economía que se obtiene por la gratuidad de las licencias puede verse contrarrestada por los costos de capacitación y migración. Además, las aplicaciones de software libre no siempre cuentan con el respaldo de personas o entidades que puedan hacerse responsables de la corrección de defectos, la distribución de actualizaciones o de las consecuencias de los fallos que puedan surgir. Finalmente, pueden aparecer problemas a la hora de compartir información con otras personas o entidades.
Soy entusiasta partidario del open source, pero pienso que la posibilidad de imponer su uso por medio de fiat legislativo -si es que esa es la idea- puede ser contraproducente. Lo bonito del software libre es justamente que es una alternativa; las palabras "software libre" y "de uso obligatorio" no parecen ir bien juntas en la misma frase.
Consideraciones relevantes. Creo que es erróneo poner la discusión entre software comercial y libre como una cuestión de todo o nada. Inclinarnos por uno, por otro o por una mezcla de ambos debe ser algo que se examine con cuidado y a la luz de las consideraciones relevantes en cada caso. El factor costo del licenciamiento, por sí solo, no debe ser determinante. En el sector público en especial, ya se sabe a qué lleva un apego irracional a la fórmula del "precio más bajo".
En la guerra entre software comercial y software libre, los ganadores somos los usuarios. Aquél debe competir con calidad, puesto que obviamente no puede hacerlo en precio. El segundo, en la medida en que muestre una calidad equiparable al comercial, se presentará cada vez más como una excelente alternativa. Pero no nos fanaticemos por ninguno de los dos. Sepamos más bien capitalizar inteligentemente de los resultados de esta contienda.
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