28 de febrero de 2008

Avanzando el e-Gobierno

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Hace unos días, gracias a los amables oficios de la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, remití a ese Poder un texto titulado "Proyecto de reformas y adiciones a la Ley General de la Administración Pública para incorporar la gestión electrónica de actos y procedimientos administrativos". Si alguien tuviese interés, puede descargarlo desde aquí solicitarlo a esa oficina.

Tal como señala la exposición de motivos, la idea del proyecto es posibilitar el empleo de mecanismos tecnológicos para potenciar el correcto funcionamiento de las instancias administrativas en su diario quehacer, así como una mejor y más célere prestación de servicios a las y los ciudadanos. La iniciativa es consecuente con otras de pareja importancia, como la promulgación en el 2005 de la ley 8454 relativa a los documentos electrónicos, las firmas y certificados digitales. También busca coadyuvar en la reducción del consumo innecesario de papel, como medida tanto de protección de los recursos naturales como de control de la generación de desechos.

En los últimos años, se ha avanzado bastante en la agilización de los procesos judiciales, incorporando la tecnología entre otros factores, por ejemplo en el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo. La justicia administrativa, sin embargo, ha marchado a la zaga, debido a que el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública permanece esencialmente igual a como fue promulgado en 1978, cuando ni siquiera se soñaba con las posibilidades informáticas aplicables hoy a la actividad de los operadores jurídicos. Dicha justicia es ejercida por las instancias de la Administración Pública en sentido amplio (vale decir, el Poder Ejecutivo, los demás Supremos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones cuando actúan en función administrativa, las entidades descentralizadas, universidades públicas, entes públicos no estatales y municipalidades). La idea, entonces, es ponerla al día con los avances logrados en otros campos.

En resumen, algunas de las propuestas incluyen:

  • La generalización del empleo de soportes electrónicos, firmados digitalmente, en la emisión de toda clase de actos, dentro o fuera de un procedimiento administrativo.
  • La introducción del expediente electrónico en la tramitación de los señalados procedimientos.
  • La autorización del empleo de mecanismos sustitutivos del papel, tales como la grabación electrónica directa, para la elaboración de actas de sesiones de órganos colegiados y toda clase de audiencias orales.
  • El establecimiento de sistemas de emisión de certificaciones en línea, por parte de los distintos servicios públicos, para evitarle a las y los ciudadanos la necesidad de desplazarse físicamente a esas oficinas para solicitarlas.

Otra de las propuestas que me parecen de necesidad, es la de autorizar que los integrantes de los diversos órganos colegiados (incluyendo, muy especialmente, al Consejo de Gobierno) puedan participar a distancia de las sesiones, empleando herramientas informáticas capaces de permitir una interacción equivalente a la presencial. Por ejemplo, un Ministro de gira por un área rural podría intervenir en la sesión del Consejo, en Casa Presidencial, si su participación fuese requerida para algún tema o temas en particular. Si bien ya ha habido pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que se inclinan favorablemente hacia esta posibilidad, me parece importante legislar de modo que no exista cuestionamiento alguno al respecto.

En conclusión, creo que una iniciativa de esta clase -que evidentemente es solo una primera aproximación y que debe ser enriquecida con otros aportes- representaría un importante paso adelante en la construcción del gobierno electrónico, para eficiencia de la Administración y beneficio de las y los ciudadanos.

Espero que la propuesta pueda encontrar acogida favorable en la corriente legislativa.

23 de febrero de 2008

Nada tan lastimero

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

En La Nación del 1/12/2007 propuse una reforma al artículo 75 de la Constitución Política. Sugerí esta redacción: Toda persona es libre de profesar un credo religioso compatible con los derechos humanos, o bien de no profesar ninguno. El Estado velará por el respeto de esa elección, así como de la libertad de practicar actos de culto individualmente o en grupo, conforme a la ley, siempre que se respete el orden público y los derechos de terceros. / El Estado, sus instituciones y los funcionarios públicos -cuando actúen en calidad de tales- no podrán emitir actos o normas, destinar ninguna clase de recursos, manifestarse públicamente o realizar otras conductas que impliquen tomar partido a favor de un credo religioso en particular.

Igualdad, respeto y tolerancia para todos. Neutralidad estatal en materia religiosa. ¿Qué persona con sentido común podría estar en contra?

Pero dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Desde estas mismas páginas se ha escrito en defensa del statu quo y de la posición privilegiada que el texto actual confiere a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Para ello se usan argumentos que van desde lo sutilmente falaz hasta lo palmariamente absurdo.

Por ejemplo, se dice que la secularización del Estado conduce de modo fatal a que la sociedad extravíe su norte moral y caiga en el "todo se vale". Para desmentirlo, basta con mirar hacia Suecia o Dinamarca, donde más del 80% de la población es religiosamente indiferente, si no abiertamente atea y, sin embargo, se ubican una y otra vez en los primeros lugares del mundo en sus índices de desarrollo humano, civilidad y transparencia. En contraste, países con Estados confesionales y de población altamente religiosa -cercanos al nuestro, incluso- se sumen en la pobreza, la corrupción y la violencia social. El argumento cae con facilidad. Ninguna teoría vale contra la evidencia.

Se dice también que la reforma propuesta atenta contra nuestras raíces históricas, como si el apego irracional al pasado fuese una especie de virtud. Pero, evidentemente, quienes afirman eso no saben leer los signos de los tiempos: la Costa Rica de hoy ya no es la del pasado. Hay un claro desajuste entre la sociedad actual y la ideología del artículo 75. El reportaje del 27 de enero pasado sobre la caída en el número de matrimonios versus las uniones libres; las estadísticas sobre divorcios y actitudes frente a la planificación familiar y otros muchos datos dejan en claro que hoy ni siquiera la mayoría de los católicos confesos se toman en serio ciertas enseñanzas eclesiásticas. Increíblemente, algunos creen que unas letras en el papel servirán para tapar el Sol con un dedo y detener una transformación social ya consumada. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

Pero lean otra vez mi propuesta. Comprobarán que no está dirigida contra el catolicismo ni, mucho menos, contra las muchas personas que, al amparo de su fe, todos los días hacen grandes cosas por sus familias y por el país. Va dirigida contra una discriminación manifiesta e indefensible. Por eso, tengo la esperanza de que encuentre eco incluso entre católicos razonables que se dan cuenta de que no hay argumento racional alguno que permita sostener un privilegio odioso.

Por desgracia, algunas regiones del mundo involucionan hacia una nueva Edad Media, caracterizada por oscurantismos religiosos de distintos signos, que empujan a guerras que no se pelearán con espadas sino con armas informáticas y nucleares. Costa Rica puede y debe sembrar paz, que se logra por medio de la libertad, la igualdad y el respeto dentro de la ley. Es una simple cuestión de derechos humanos.

No se trata de si el artículo 75 va a cambiar o no, sino de cuándo. No hay nada tan poderoso como una idea cuyo tiempo ha llegado. Ni nada tan lastimero como una idea obsoleta y absurda que, con desesperación, ensaya artificios retóricos para negarse a morir.

Notas posteriores:

  • 22/2/2008: El diario La Prensa Libre publica datos que revelan que, en nuestro país, los matrimonios civiles triplican a los católicos. Esto es evidencia adicional del cambio profundo que ha experimentado nuestra sociedad en estos temas.
  • 20/3/2008: Dos comentarios el mismo día en "La Nación": uno positivo de Jorge Vargas Cullel y uno negativo de Jorge Fallas Moreno. O sea, empaté. ;-)
  • 11/4/2008: "En vela", opinión de don Julio Rodríguez en La Nación.