Banco Popular incursiona en firma digital

De acuerdo con lo que informan esta mañana La Nación, La República y el diario Extra, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal es la primera entidad del país en poner en uso activo los certificados y firmas digitales. ¡Un gran paso adelante que ojalá otros bancos y entes sigan pronto!

Desencuentros (y posibles encuentros)

Luego de mi artículo en La Nación del 3/9/09 y la presentación del proyecto de reforma de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política para impulsar un Estado laico en Costa Rica, estuve fuera del país por unos días. A la distancia, fui siguiendo las reacciones en torno a la propuesta, con creciente desánimo y sorpresa.

Digo desánimo, porque es evidente que muchos de los que han opinado en contra (comenzando por algunos representantes de la Iglesia Católica, que suele ser más pausada y prudente) lo han hecho sin conocer la propuesta ni sus fundamentos. El proyecto es el resultado de muchos meses de investigación y discusión, así como de consultas a distinguidos constitucionalistas nacionales, no el fruto de una ocurrencia o improvisación.

Y digo desánimo, además, porque muchas de las reacciones han sido puramente hepáticas, sustituyendo el razonamiento de buena fe por la descalificación personal.

Por otra parte, mi sorpresa se origina en que la oposición más agresiva ha surgido en torno a la reforma del artículo 194 (juramento constitucional), en vez de la del 75 (confesionalidad del Estado y libertad religiosa), la cual ha tenido diversa y calificada aceptación. Pero eso al mismo tiempo me ha tomado por sorpresa, porque no logro comprender cómo se puede estar a favor de la neutralidad religiosa del Estado, oponiéndose -a la vez- a cambiar el hecho de que ese mismo Estado actualmente obligue a quienes asumen cargos públicos a tomar un juramento de carácter religioso, en vez de uno neutral.

El colmo, sin embargo, ha sido leer que en la iniciativa de reforma del juramento constitucional algunos vean oscuras e inconfesables intenciones, tales como "desahuciar a Dios" de Costa Rica. Si tan solo se hubiese estudiado la exposición de motivos del proyecto, se habría encontrado una explicación perfectamente razonable para la redacción alterna propuesta. En efecto, allí se explica que del texto actual ("Juráis a Dios y prometéis a la Patria…", etc.) se desprende "que solamente aquellos creyentes en la idea de un Dios unipersonal pueden ser funcionarios públicos, pues a quienes se adhieran a credos politeístas (como ciertas corrientes del hinduismo), a credos que no proclaman ninguna divinidad en particular (como el budismo) y a los no creyentes, les sería imposible jurar, si quisieran conservar intacta su ética y dignidad". Luego de recordar los problemas a los que han dado lugar los juramentos religiosos en otras latitudes, el proyecto deja en claro que su único propósito es el de encontrar "un juramento práctico que permita a cualquier costarricense ser funcionario o funcionaria pública, sin innecesarias limitaciones derivadas de sus creencias religiosas, o ausencia de ellas".

Así pues, de ninguna manera se pretende que persona alguna abjure o niegue sus creencias. Tan solo se quiso buscar un texto que constituya un "mínimo común denominador", por así decirlo, para todas las personas que deban jurar el desempeño de una función pública. Esto es importante, porque si la redacción indicada no fuese satisfactoria, pienso que ciertamente podría llegarse al mismo resultado por otras vías, tales como el "juramento mixto" que algunos han planteado, en el que el designado jure "por Dios o por sus más hondas convicciones". A esa alternativa yo personalmente no le vería ningún problema.

De manera que mi respetuosa sugerencia para quien quiera opinar acerca del proyecto es que comience por leérselo (se puede descargar desde www.estadolaico.cr). Verá que es un trabajo fundamentado. No hay duda de que la propuesta seguramente se puede mejorar, pero eso solo puede surgir de una reflexión tan seria como la que se dedicó a prepararla. Las y los diputados que apoyaron su presentación no son tontos útiles, como insultantemente se les ha calificado. Por el contrario, luego de analizarla, consideraron que la iniciativa es lo suficientemente sustantiva como para merecer un debate maduro e informado en la corriente legislativa y en el foro de la opinión pública; en vez de una sarta de epítetos y poses calculadas.

¿Es eso mucho pedir en nuestro país?

Seguimiento del proyecto de reforma constitucional

Me encuentro desde hace casi 15 días fuera del país, por lo que me ha sido un tanto difícil dar seguimiento a las reacciones que ha despertado nuestro proyecto de reforma constitucional, tanto a favor como en contra. He ido agregando al artículo original las referencias a algunas publicaciones periodísticas que he logrado encontrar. Me queda claro que la discusión allá ha sido muy fuerte.

Es obvio que muchas personas han opinado acerca del proyecto sin conocerlo. Además, en muchos casos, se ha recurrido al insulto y a la descalificación personal para oponerse a él. Esto era de esperar, pero eso no lo hace menos lamentable y doloroso. Espero que finalmente prevalezcan las opiniones racionales y la voluntad de entendimiento, incluso de quienes puedan estar en contra de la iniciativa.

Hablando se entiende la gente.

Hacia un Estado laico en Costa Rica

Este artículo apareció en la sección "Página Quince" de La Nación de hoy (ver publicación)

Con el apoyo de un grupo de diputadas y diputados de distintos partidos políticos, que han tenido la amabilidad y valentía de acogerlo, hoy será presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política. El primero actualmente establece la confesionalidad del Estado, mientras que el segundo otorga un carácter religioso al juramento que prestan los funcionarios públicos cuando asumen su cargo. El proyecto ha sido preparado por el “Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica” (MELCR), una alianza informal que integra a la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, la Universidad Bíblica Latinoamericana, la Iglesia Luterana de Costa Rica, el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, el Movimiento Diversidad, la Agenda Política de Mujeres, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Asociación Costarricense de Humanistas Seculares, así como a otras personas no organizadas formalmente que hemos venido aportando de modo individual al grupo. La propuesta persigue dos objetivos centrales. Primero, ajustar el concepto de libertad religiosa contenido en la Constitución a la doctrina moderna del derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, definir al Estado costarricense como laico, es decir, como un Estado que protege y garantiza la libertad religiosa, pero que se mantiene neutral en lo relativo a las elecciones que hagan los ciudadanos en esa materia; y, además, que no adopta ninguna clase de políticas públicas en función de criterios religiosos. La primera de las normas citadas actualmente establece: “Artículo 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.” En vez de eso, proponemos que se lea así: “Artículo 75.- Toda persona es libre de adoptar y profesar una religión que sea respetuosa de los derechos humanos, o bien de no adoptar ninguna. El Estado será neutral en materia religiosa, pero garantizará el ejercicio de esta libertad, conforme a la ley.” En cuanto al juramento constitucional, planteamos que su texto sea el siguiente: “Artículo 194.- El juramento que deben prestar las personas que sean designadas en los cargos de la función pública, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente: ‘–¿Jura por sus convicciones y promete a la Patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República; y cumplir fielmente los deberes de su cargo?’ –Sí, juro. –Si así lo hiciere, que la Patria se lo reconozca; y si no, que ella se lo demande’.” ¿Por qué se considera necesario reformar esos artículos? El artículo 75 vigente otorga un estatus privilegiado a la religión Católica que no responde a la realidad multicultural de la Costa Rica del siglo XXI. Esa realidad, así como los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de derechos humanos, exigen que el Estado costarricense sea neutral en materia religiosa. La Constitución debe proteger, en un plano de respeto e igualdad, a las personas de distintos credos, así como a las personas que hayan optado por no tener ninguno. En cuanto al artículo 194, se considera que todas las personas –con indiferencia de su afiliación religiosa, o ausencia de ella– deben poder acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y dignidad. Puesto que el juramento es obligatorio para asumir una función pública, es necesario que su redacción también sea neutral en ese sentido. Se podría preguntar si la reforma pretende perjudicar de algún modo a la Iglesia Católica o al catolicismo. La respuesta sería un claro e indudable “no”. El texto propuesto solo persigue eliminar un tratamiento privilegiado, colocando a todas las personas en un plano de igualdad frente al Estado, el cual no debería utilizar su influencia ni los recursos públicos para favorecer ni para desfavorecer a ningún credo. Invitamos a todas y todos los costarricenses a estudiar y, ojalá, a apoyar esta iniciativa. Se puede obtener más información por medio del sitio web del MELCR, en la dirección www.estadolaico.cr. Esperamos que nos ayuden a construir un país de respeto a los derechos humanos, en el que la plena igualdad aleje de nuestras tierras los odios y conflictos que sumen en la violencia y la discriminación a otros pueblos. Notas posteriores:

• El proyecto de reforma ingresó a la corriente legislativa, bajo el número de expediente 17.511 (2/9/09).
• "Diputados promueven eliminar a Dios de la Constitución Política" (un titular desafortunado, por cierto...) en La Nación.
• "Proponen reforma constitucional por un 'Estado laico' en Costa Rica", en informa-TICO.
• "Reforma constitucional aboga por camino hacia Estado laico", en La Prensa Libre.
• "Candidatos apoyan eliminar fe católica como religión oficial" en La Nación (4/9/09).
• "Aporte del Estado a la Iglesia aumenta 450% en últimos dos años", en La Nación (6/9/09).
• "Reforma condicionada del artículo 75", por Laura Chinchilla, candidata presidencial, en La Nación (7/9/09).
• "Un Estado nada anacrónico", opinión de Mauricio Román R., en la misma edición de La Nación.
• "Costa Rica: Estado Laico", en ArgenPress.info
• "Obispo pide no votar por políticos opuestos a Estado católico", en La Nación del 8/9/09. Reacciones: "Obispo interfiere en política" (9/9/09), "Iglesia acuerpa críticas de obispo contra candidatos" y "Un sermón muy caro" (ambas notas del 10/9/09).
• "Oscar Arias aboga por Estado que no tenga una religión oficial". ¡Opinión calificadísima del Presidente de la República! (9/9/09). Reacción: "Arzobispo fustiga a Arias por apoyar un Estado laico" (11/9/09).
• "Desahucio a Dios", opinión de Gustavo Román Jacobo, el mismo día.
• "Un proyecto alarmante", comentario de Miguel Valle en el programa radial "Panorama", de la Cámara Nacional de Radio (CANARA).
• "Pequeño aporte al debate sobre la libertad de cultos", opinión de Julio Kierszenson (10/09/09).
• "Polémica por eliminación de juramento a Dios divide a diputados". Nota al respecto en el Boletín Legislativo (10/09/09).
• "Una religión constitucional viola derechos ciudadanos", opinión de Jorge Jiménez en La Nación (11/9/09).
• "El Estado laico no pretende eliminar a Dios de ningún lado", comentario de Jeudy Blanco Vega (integrante del MELCR), en La Prensa Libre.
• "Monseñor, ¿y el amor?", por Sergio Alfaro (diputado del PAC, firmante del proyecto de reforma constitucional), en La Nación (12/9/09).
• "La visión del Estado", otro comentario de Mauricio Román, en la misma edición.
• "El Estado, lo laico y la libertad", por Mauricio Víquez Lizano, en La Nación del 13/9/09 (indica ser "Profesor universitario", pero en todos sus artículos anteriores decía ser "Presbítero". Y, de paso, solía escribir de manera menos biliosa...)
• "Dios no necesita de las Constituciones humanas", por Alicia Pifarré Pan, en el diario digital Nuestro País.
• "Candidatos a diputado del PLN opuestos a plan para Estado laico", noticia en La Nación del 14/9/09. El día siguiente también apareció "Candidatos a curul por PLN atacan plan de Estado laico". Y yo me pregunto: ¿lo habrán leído siquiera?
• "En Vela", opinión del periodista Julio Rodríguez, el mismo día. Ver también en esa edición "Democracia divina", por mi colega jueza Licda. Rosaura Chinchilla.
• "Vientos laicos en Costa Rica", en El País, de España (15/9/09).
• "Dios o César", comentario de Javier Solís en Nuestro País.
• "El 75 y el 194", por Mauricio Ordóñez (del MELCR), en el Diario Extra.
• "Tumor de nuestra Constitución Política", opinión de Mario Madrigal en La Nación (18/9/09).
• Una de cal y otra de arena en La Nación del 19/9/09: "Por qué nos oponemos a un Estado laico", pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal de Costa Rica; y "Eliminación del Estado confesional", opinión de don Luis Carnevale.
• "La Constitución y la fe", interesante reseña histórica de don Óscar Aguilar Bulgarelli, en el suplemento Áncora de La Nación (20/9/09).
• Varios aportes (dos en contra; tres a favor) en la "Página Abierta" del diario Extra del 22/9/09: "Para opinar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado", del expresidente Miguel Ángel Rodríguez E.; "¿Para qué derribar los valores judeocristianos de la República? ", por Fernando Zamora C.; "Dios estaría más contento", por Carlos Bonilla Avendaño, de la Iglesia Luterana; "Baño de realidad nacional", por el politólogo Manuel Rojas Bolaños; y "Los fósforos de monseñor", por la escritoria y Premio Nacional de Literatura, Tatiana Lobo.
• "Política electoral acabó propuesta por un Estado laico", en el Semanario Universidad, edición del 23 al 29 de setiembre de 2009.
• "¿Y los no creyentes?", opinión de Jeudy Blanco (miembro del MELCR) en La Nación del 25/9/09.
• Puntos de vista contrastantes en La Nación del 3/10/09: "¿Con Dios o sin Dios?", del abogado Juan José Sobrado; y "Rindiendo cuentas", del diputado Alberto Salom.
• De nuevo un contraste: En La Nación del 11/10/09, Marco F. Feoli publica "Una discusión abortada"; mientras que, al día siguiente, Eliseo Valverde Monge escribe en La Prensa Libre "El respeto a la Constitución".

Decreto de teletrabajo para mujeres embarazadas

En La Gaceta N° 162 del día de hoy aparece publicado el decreto ejecutivo N° 35434-S-MTSS del 12 de agosto del 2009, titulado "Implementación del teletrabajo en mujeres que se encuentren en estado de embarazo que presten servicios en instituciones públicas y empresas públicas del Estado y todas las empresas del sector privado".

La norma pretende contribuir al combate de la pandemia de influenza AH1N1 en ese sector vulnerable de la población y concuerda con el previamente aprobado decreto ejecutivo Nº 34704-MP-MTSS del 31 de julio del 2008, "Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas".

Ya agregué la referencia a mi "Inventario de normativa costarricense sobre derecho informático".

Sitio interesante de documentales

Se trata de "Documentary Heaven", que ofrece documentales clasificados en diversas categorías temáticas. Eso sí, hay muy pocos en español.

Inauguración del Sistema Nacional de Certificación Digital

Ayer, a las 4 p.m., tuvo lugar en el Banco Central el acto formal de inauguración del Sistema Nacional de Certificación Digital.

Con participación de altos funcionarios públicos (y la ausencia del señor Presidente de la República, quien -supimos después- ha contraído la influenza AH1N1), se hizo entrega de la primera tarjeta inteligente, con certificado digital incorporado, al Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.

Cobertura noticiosa:

• La Nación: "Rodrigo Arias ya tiene su firma digital"
  
• La Prensa Libre: "Habilitan Sistema Nacional de Certificación Digital"

(Fotografía de La Nación.)

Juez prohíbe a Microsoft vender Word en EE.UU.

Según informa hoy la BBC, un juez estadounidense ha emitido una orden en la que le prohíbe a Microsoft vender Word, su famoso procesador de texto, en ese país. Esto en el contexto de una demanda entablada por la empresa canadiense i4i, por supuesta violación de patentes.

Según la noticia,

"El requerimiento judicial obliga al gigante fundado por Bill Gates a pagar US$290 millones en daños. A esto se añade un pago diario de US$21 millones mientras dure la disputa.

La orden prohibe 'vender, ofrecer en venta o importar a Estados Unidos' cualquier versión del programa Word que pueda abrir archivos de XML personalizados (con extensiones .xml, .docx o .docm), y debe ser cumplida en un plazo de 60 días."

Obviamente, la empresa pretende apelar la decisión vigorosamente.

Hoy arranca la firma digital en Costa Rica

Cobertura de los medios noticiosos:

• La Nación: "Presidente Arias estrenará sistema de firma digital"
  
• La República: "Firma digital da un nuevo paso"

El gráfico que aparece a la derecha, del periódico La Nación, ilustra la operación del sistema de firma digital.

Delitos informáticos impunes

Artículo publicado en la sección "Página Quince" de La Nación de hoy (ver publicación).

Nos informa La Nación del pasado 21 de julio que, luego de años de trámite infructuoso, finalmente se archivó el proyecto de reformas al Código Penal que se gestionaba bajo el expediente legislativo número 11.871. La nota destaca que la propuesta tenía 12 años en la corriente legislativa, aunque -salvo que mis datos sean incorrectos- entiendo que se publicó por primera vez en La Gaceta Nº 82 del 29 de abril de 1994, o sea que en realidad tenía más de 15 años.

Sea como fuere, una de las lamentables consecuencias que trae este hecho es que nuevamente se pierde la oportunidad de introducir en nuestro ordenamiento jurídico diversos tipos penales novedosos, que pretendían sancionar modalidades de delincuencia informática actualmente impunes en Costa Rica.

En el artículo "Un complejo panorama legal" (17/4/2002), denuncié desde estas mismas páginas que, a falta de un planteamiento cohesivo sobre la temática de los delitos informáticos que lograra producir reformas legales comprensivas y ordenadas, nuestro país había terminado con una verdadera ensalada normativa, nacida de la promulgación, primero, de una serie de leyes especiales -a veces incongruentes entre sí- y, después, de una normativa más general, pero omisa y confusa. Ese diagnóstico continúa vigente más de siete años después.

Posteriormente, en el artículo "Sabotaje informático" (14/3/2007), advertí acerca de la derogatoria tácita del tipo de "Alteración de datos y sabotaje informático" en que habría incurrido por inadvertencia nuestro legislador, ante la promulgación en el 2002 de una reforma al numeral 229 bis del Código Penal. Este hecho deplorable debilitó más aun las previsiones legales relativas a la delincuencia tecnológica en el país.

Se suma ahora a este cuadro, como decía, el archivo del proyecto de reformas al Código. Esta iniciativa, en su texto original, incluía una serie de disposiciones interesantes, relativas al tratamiento ilícito de datos personales y comunicaciones, el hurto y la estafa informática, así como el daño de hardware. Más adelante, el proyecto evolucionó durante su trámite legislativo y, hasta donde entiendo, en su versión más reciente contenía regulaciones relativas a las lesiones a la autodeterminación informativa, la publicación y reproducción de ofensas por medios electrónicos, el hurto y el fraude informático, así como los daños agravados. Sin embargo, aun se echaba de menos la inclusión de otras figuras importantes tales como la intrusión simple, el fraude fiscal informático, el sabotaje informático, la apropiación de servicios, la denegación de servicios o la usurpación de identidad. Lo malo es que, ahora, la propuesta completa queda relegada al olvido.

Ante esta situación, seguiremos, hasta nuevo aviso, desprovistos de regulaciones que sancionen conductas que, lejos de desaparecer, tienden a agravarse tanto a nivel nacional como mundial. La información es un bien jurídico valioso, pero vulnerable. Y la persecución de los delitos informáticos es ya de por sí especialmente difícil, debido a factores tales como la rapidez de su comisión, el hecho de que pueden ser realizados a distancia (lo cual les confiere una dimensión transnacional), la facilidad de encubrimiento, la comparativa indiferencia de la opinión pública, la reticencia de muchas empresas de denunciar cuando se convierten en víctimas de este tipo de ilícitos y el perfil no tradicional del sujeto activo del delito.

El hecho de que a la presente Asamblea Legislativa le reste menos de un año de vigencia, aunado a la inevitable distracción que significa la campaña electoral, no nos da mucho espacio para ser optimistas en cuanto a que las y los actuales diputados vayan a retomar el tema. No quedará más, pues, que esperar alguna nueva propuesta. Mientras tanto, múltiples conductas que ya deberían estar adecuadamente previstas y penadas, seguirán esencialmente impunes.