Creación de sistema de compras públicas electrónicas SICOP

En La Gaceta N° 19 del día de hoy (documento PDF), aparece publicado el decreto ejecutivo N° 38830-H-MICITT del 15 de enero del año en curso, de "Creación del Sistema Integrado de Compras Públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa". El SICOP será el sucesor de los actuales sistemas Mer-Link y CompraRed.

Nuevas herramientas para uso de la firma digital

La Dirección de Certificadores de Firma Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones informa "sobre dos nuevas herramientas que de ahora en adelante podemos aprovechar para la firma digital de documentos electrónicos en nuestras instituciones, utilizando los formatos oficiales que establece la Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente de la Dirección de Certificadores de Firma Digital del MICITT. 

A continuación, (...) una breve explicación sobre las herramientas y su uso:

- Firma Digital en Adobe Reader (para documentos tipo PDF) Para sistemas operativos Windows y MacOS

De particular interés para los usuarios de Mac, el visor gratuito de Adobe para documentos en formato PDF, Adobe Reader, agregó la funcionalidad de firma digital mediante certificados digitales en su última versión Adobe Reader XI. Por esta razón, cualquier usuario de Windows o Mac que cuente con la versión XI del Reader ahora puede firmar documentos en PDF sin necesidad de descargar herramientas adicionales ni pagar por licencias de productos a terceros. (...). Pueden actualizar su versión de Adobe Reader en la siguiente dirección: http://get.adobe.com/reader/

- Firma Digital en LibreOffice (para documentos tipo ODF (.odt)) Para sistemas operativos Windows y Linux

El Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica (UCR), desarrolló un módulo de código abierto para LibreOffice, una de las soluciones de software libre para ofimática de mayor adopción en Costa Rica y en el mundo. Este componente permite la firma de documentos electrónicos en formatos odf, los cuales también pueden ser visualizados y editados en la plataforma ofimática de Microsoft Office. Las guías y el componente lo pueden descargar en la siguiente dirección: http://www.ci.ucr.ac.cr/firmadigital

Espero que las herramientas (...) faciliten la adopción y el uso de la firma digital en nuestro país. (...)

Cualquier consulta al respecto, con todo gusto las estaremos atendiendo en la dirección: firmadigital@micit.go.cr "

Declaran de interés público el Punto de Intercambio de Tráfico de Internet de la ANC

Mediante decreto ejecutivo N° 38388-MICITT del 24 de abril del 2014, publicado en La Gaceta N° 93 del día de hoy (documento PDF) se declara de interés público el Punto de Intercambio de Tráfico de Internet de la Unidad Especializada NIC-Internet Costa Rica de la Academia Nacional de Ciencias.

¿Cuándo seremos desarrollados?

Este artículo apareció publicado en la sección "Página Quince" de La Nación de hoy (ver publicación)

Aunque me produce cierta reticencia admitirlo, debo confesar que hay una pregunta que a veces me planteo: ¿Qué tal si un buen día nos volvemos un país desarrollado, pero nadie se da cuenta de ello?

Después de todo, me cuestiono, ¿exactamente cuáles señales serían las que nos anuncien que hace un momento no éramos desarrollados, pero ahora sí lo somos? ¿Sonarán las sirenas o estallarán bombetas? ¿Cruzaremos alguna línea de meta, rompiendo una cinta o habrá alguien ondeando una bandera de cuadros? ¿Habrá titulares noticiosos que digan algo así como "A las 10:47 a. m. de hoy, oficialmente nos convertimos en un país desarrollado"?

Sabrán disculpar mi ingenuidad, porque siendo hijo de un economista y hermano de otros dos quizás debería tener mejor criterio, pero la verdad es que no. Solo sé que, desde niño, he escuchado una serie de frases que siempre me han intrigado. Primero se decía que éramos un "país subdesarrollado", pero, aparentemente, en algún momento ese calificativo se volvió feo, políticamente incorrecto, por lo que ya no se usa más. Después se decía que éramos un "país en vías de desarrollo", pero esa idea implica que existe una meta que otros han alcanzado, pero que después de eso parece que la han ido corriendo cada vez más lejos, de modo que nunca la alcanzamos. Algo así como la paradoja de Aquiles y la tortuga. Actualmente, entiendo que la expresión preferida es "país emergente", pero personalmente no me gusta mucho, porque suena como a que ahora estamos enterrados y me hace sospechar si no habrá otros sentados encima que no tienen mucho interés en que algún día salgamos a la superficie.

Y es que me pregunto: ¿Existe alguna clase de termómetro o balanza que revele cuan desarrollado o no es un país? ¿Algo así como una escala de 1 a 10, donde para ser desarrollado haya que sacar al menos un 8, pero por ahora solo llegamos a 6, así es que estamos reprobados? En la Wikipedia dice que el desarrollo económico es "la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes". Eso me suena como a algo que se debería poder medir, ¿verdad?

Existen señales obvias que, al menos a primera vista, intuitivamente confirman que aun nos falta trecho que recorrer. Por ejemplo, me parece obvio que un país desarrollado debería tener una mejor infraestructura vial, mientras que gran parte de la nuestra da pena. También debería haber un mejor transporte público. Las escuelas no deberían enfrentar las carencias de las que han dado cuenta los medios recientemente. Y, de manera muy especial, las personas no deberían tener que enfrentar los vejámenes por los que pasan al tratar de acceder a los servicios de seguridad social.

Pero, por otra parte, noto que los llamados países ricos no están tampoco exentos de penurias. Y, más importante aun, observo que nuestro país posee ciertos indicadores que otros países avanzados desearían tener, como por ejemplo en la esperanza de vida, en la protección del ambiente, en el índice de alfabetización, en la madurez y estabilidad política o en la independencia judicial. Los ticos somos muy dados a la crítica ligera y, con frecuencia, no apreciamos lo que tenemos. Algunos amigos extranjeros con frecuencia me insisten en que, a pesar de que Costa Rica sin duda tiene problemas que requieren atención, la nuestra es, con todo, una sociedad que en lo esencial funciona. Y funciona bien.

Reflexionando al respecto hace unos días, llegué a la conclusión de que, más allá de lo que cada día suena más como a un slogan publicitario, la esencia, lo verdaderamente rescatable del "pura vida" de los costarricenses radica en la idea -compartida, quizás no por todos, pero sí por la mayoría- de que, sea como fuere, en esto estamos todos juntos, hombro con hombro. La idea de que salir adelante es una faena compartida, en la que nadie es mejor o peor o más importante o menos necesario, que los demás. Esa es la médula de lo que nos cohesiona y nos define. Y por eso es que ciertos cánceres sociales, como la corrupción, son tan graves: porque representan una afrenta cruda y directa a esa conciencia de solidaridad social que constituye nuestra suprema cualidad como pueblo y como nación.

Por ello me pregunto si, en definitiva, no tendrán razón esas sociedades que, como en el caso de Bután, no valoran tanto el frío concepto de "Producto Nacional Bruto" y se preocupan más por el de "Felicidad Nacional Bruta", que ciertamente no es cuantificable, pero que se basa en criterios de una importancia verdadera e impostergable, como la promoción de la justicia social, la conservación de los valores culturales, la protección de los recursos naturales y el establecimiento de un buen gobierno. Problemas materiales y morales ciertamente tenemos y deben ser enfrentados con toda energía, pero sin hacernos perder de vista lo verdaderamente relevante.

En tal caso, quizás de pronto nos daríamos cuenta de que los subdesarrollados son otros, mientras que nosotros vamos adelante y con ventaja.
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Nota posterior:

Después de que escribí y envié este artículo al periódico, encontré estas dos referencias interesantes adicionales. Hubiera deseado haberlas visto antes.

• "Progress on progress", en "The Economist". Atención al dato y comentario sobre Costa Rica.
• "¿Le llegó su fin al PIB?", en la BBC.

Procuran masificar el uso de la firma digital en el Sector Público

En el diario oficial La Gaceta N° 79 del día de hoy (documento PDF) aparece publicada la Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC del 3 de abril del 2014, titulada "Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el Sector Público costarricense". Su objetivo es permitir a "las personas físicas utilizar en cualquier escenario la capacidad de firma digital certificada, ya sea para autenticarse o para firmar todos los trámites con la institución por vía electrónica".

Procuran fomentar "Gobierno abierto" por medio de las TICs

En el diario oficial La Gaceta N° 66 (documento PDF) del día de hoy, aparece publicado el decreto ejecutivo N° 38276-RE-MIDEPLAN-MICITT del 18 de marzo del 2014, titulado "Fomento del Gobierno Abierto en las instituciones públicas y creación de la Comisión Intersectorial de Gobierno Abierto".

Se explica allí que Costa Rica se incorporó en enero del año 2012 a la iniciativa multilateral "Alianza para el Gobierno Abierto" ("Open Government Partnership"), fundada en setiembre del año 2011 por los gobiernos de Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Suráfrica, Estados Unidos y Reino Unido. Dicha organización busca que los países miembros establezcan compromisos concretos en materia de transparencia y acceso a la información pública, ética de la función pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y promoción de la innovación utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Así las cosas, el decreto promulgado tiene por objeto fomentar los principios del Gobierno Abierto en la Administración Pública de Costa Rica.

A tales efectos, se crea una "Comisión Intersectorial de Gobierno Abierto", que tendrá como objetivo fomentar y facilitar la implementación del Gobierno Abierto en el sector público de Costa Rica, colaborar en la formulación y evaluación de los planes de acción que sobre la materia se determinen necesarios, así como colaborar en la definición las políticas para promover la transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, trabajo colaborativo e innovación utilizando las tecnologías de información y comunicación y herramientas alternativas que atiendan la brecha digital. Asimismo, se "declaran" (sic) de interés público las actividades que se realicen para el fomento del Gobierno Abierto en las instituciones públicas de Costa Rica.

Podría no haber segundas rondas electorales

Este artículo apareció publicado en la sección Página Quince de La Nación de hoy (ver publicación)

Hace doce años, luego de la doble elección del 2002, publiqué aquí mismo un comentario titulado "Cómo evitar otra segunda ronda" (LN, 23/5/02), cuyas consideraciones vuelven a adquirir interés en estos momentos.

En aquel momento, resumí los inconvenientes de un sistema electoral como el que actualmente tenemos y que vale la pena rescatar:

• Cuando una segunda ronda se ve probable, en la primera elección los ciudadanos no necesariamente manifiestan su verdadera preferencia en las urnas -como sería de desear- sino que tienden a emitir el llamado "voto útil". En este escenario, la multiplicidad de opciones partidarias, en vez de enriquecer la democracia, paradójicamente la empobrece, al impulsar a los electores a votar de un modo que aleje el peligro de una segunda vuelta riesgosa; como ocurrió en Francia, cuando una excesiva fragmentación política llevó en el 2002 a un escenario de pesadilla, en el que la extrema derecha neo-nazi avanzó a la segunda ronda en las elecciones que eventualmente ganó Jacques Chirac.
• La necesidad de una segunda votación genera un gran cansancio y apatía en los ciudadanos, quienes deben afrontar una extensión no deseada del período de proselitismo y propaganda política, desde febrero hasta abril.
• La dirigencia de los partidos que quedan en la contienda deben reunir energías y financiamiento adicional para la segunda etapa, con los consiguientes apuros.
• El TSE debe gastar una gran cantidad de dinero del erario público para organizar los nuevos comicios (¢2.300 millones para este año).
• De cara a la segunda ronda, los partidos se ven tentados -cuando no obligados- a hacer concesiones y componendas para atraer el voto de los seguidores de las agrupaciones que quedaron fuera del proceso.
• El abstencionismo tiende a crecer en la segunda vuelta, lo cual desemboca en que el candidato triunfador llegue al poder con una menor legitimación democrática (en el 2002, don Abel Pacheco obtuvo apenas un 34,05% del total de electores habilitados).
• Los ciudadanos que apoyaron a candidatos minoritarios o fuerzas emergentes en la primera vuelta quedan con la sensación de que su voto sirvió de poco o nada.
• La toma de decisiones políticas y sus correspondientes acciones se posterga, con la consiguiente incertidumbre. Además, el candidato vencedor ve significativamente reducido el plazo para organizar su gobierno, en comparación con el que dispondría cuando la elección se decide en febrero.

Frente a toda esta problemática, señalé que existe cuando menos una alternativa que se aplica en diversos lugares del mundo (Irlanda, Australia, India, entre otros), conocida como "elecciones con resolución inmediata" (ERI) y que esquemáticamente se desarrolla así:

1) Al igual que ocurre ahora, en el sistema ERI cada votante, el día de las elecciones, comienza por marcar en la papeleta su fórmula presidencial predilecta. Pero, a diferencia del sistema vigente, tiene además la opción -pero no la obligación- de señalar a cuál o a cuáles otros candidatos prefiere, en orden de más a menos, para el caso de que su favorito no logre alcanzar el porcentaje mínimo para triunfar. Es decir, asigna un 1 a su candidato predilecto, un 2 a quien considere la segunda mejor opción, 3 a la siguiente y así sucesivamente.

2) Si, efectuado el escrutinio de los votos, un partido logra reunir el porcentaje mínimo establecido como primera opción de los votantes, el proceso concluye y se le declara ganador, igual que bajo el sistema actual.

3) Sin embargo, si ninguno alcanza el umbral fijado (40% en nuestro sistema), se descarta al partido que obtuvo menos votos como primera opción de los electores y sus sufragios se distribuyen entre los demás participantes, atendiendo a lo que cada votante determinó como su segunda alternativa.

4) Si algún candidato obtiene el mínimo necesario, vence y el proceso concluye. De lo contrario, se repetirá el paso anterior tantas veces como sea necesario para resolver la elección.

Es interesante anotar que, con las ERI, el porcentaje mínimo para triunfar perfectamente podría elevarse al 50% y fracción (es decir, a la mayoría absoluta), conduciendo a una elección democrática ideal. El procedimiento de resolución garantiza que habrá siempre un ganador. Además, conviene aclarar que el recuento de votos del paso 3 no se haría en las juntas electorales sino en el TSE, aprovechando que las papeletas ya fueron separadas por partido en las juntas.

En aquellos procesos en que no se alcance la mayoría y se deba aplicar un mecanismo como la ERI, la definición del resultado ciertamente tardaría un poco más; a lo sumo unos pocos días. Pero esa demora sería obviamente menor que los dos meses que toma efectuar una segunda ronda conforme al sistema tradicional y la breve espera bien vale la pena para evitar los inconvenientes señalados arriba.

La modificación del sistema actual requeriría de una reforma del artículo 138 de la Constitución Política, así como de los subsiguientes ajustes a nivel legal. Ese proceso evidentemente no sería fácil ni breve, pero pienso que el país tarde o temprano deberá dedicar la necesaria voluntad política a hacerlo. Cuanto antes, mejor. Los beneficios que se obtendría lo ameritan.

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(Nota: sobre este tema, también puede verse mi artículo "La doble ronda presidencial: hacia una alternativa mejor".)

La permanencia del cambio

Este artículo apareció en la sección Página Quince de La Nación de hoy (ver publicación)

Hace algún tiempo leí un libro del cual quiero hacer a ustedes aunque sea un apretado resumen. Se titula "Cambiando para bien" y, por lleva por subtítulo, "Un revolucionario programa de seis etapas para superar malos hábitos e impulsar su vida positivamente hacia adelante". Aunque no es reciente, pues fue publicado por primera vez en 1994, me parece que sus enseñanzas siguen estando plenamente vigentes y de allí el interés por compartirlas.

En la obra, sus autores, los sicólogos estadounidenses James O. Prochaska, John C. Norcross y Carlo C. Diclemente, resumen los resultados de muchos años de investigación acerca de los factores que determinan que una persona logre o no superar exitosamente y por sí sola algún estilo de vida negativo. En principio, el libro está orientado hacia hábitos tales como el fumado, el alcoholismo, el consumo compulsivo, etc.; sin embargo, las ideas y sugerencias que propone son perfectamente generalizables a otras clases de conductas perniciosas, patrones de pensamiento adverso o situaciones de vida negativas; en fin, a cualquier clase de situación que se pueda querer o necesitar cambiar para bien.

Según se expone, las personas que son capaces de lograr una transformación exitosa en su vida (lo cual supone no solo completar el cambio deseado sino, además, lograr que éste se prolongue en el tiempo), en general pasan por una secuencia de seis etapas claramente definidas, ninguna de las cuales es posible omitir. Cada período posee sus características propias y la probabilidad de superarlo con buen suceso requiere de actitudes y estrategias particulares.

La fase de pre-contemplación es aquella en la que el individuo generalmente no es consciente aun de la existencia de un conflicto que requiera solución o se resiste a admitir su existencia. No obstante, el problema es real y presenta manifestaciones objetivamente observables por los demás, ya fueren amigos, familiares u otros. En esta etapa, la influencia de las otras personas o bien la existencia de elementos tales como un diagnóstico médico es lo que suele impulsar al individuo al siguiente paso.

La fase de contemplación se inicia cuando la persona admite la existencia del problema y comienza a considerar hacer algo al respecto. En ella, es usual buscar (o recibir de otros) información sobre el tema y lo que se podría o requeriría hacer para lograr un cambio positivo. A pesar de que es una etapa indispensable, muchos pueden caer en una contemplación indefinida, en la que a pesar de tener claro que algo anda mal, se posterga tomar acciones de cambio, ya fuere por indecisión, negativismo o debido a trampas tales como la racionalización o el pensamiento fantasioso. Para evitarlo, existen técnicas de estímulo emocional que permiten continuar avanzando.

En la etapa de preparación es cuando la persona se compromete a cambiar, tanto consigo mismo como con otros y, para ello, reúne la energía, la voluntad y los recursos para dar el salto adelante. En este momento, el foco de atención ya no va dirigido tanto hacia lo negativo del pasado como hacia las consecuencias positivas del cambio que se persigue. La preparación es como un ensayo para la fase siguiente. Evidentemente, el éxito que se obtenga irá directamente ligado a qué tan bien o no se realice esta previsión.

La fase de acción es la que generalmente tenemos en mente cuando pensamos en cambiar alguna conducta o situación adversa, porque es en este momento donde se da los pasos concretos para lograrlo. Pero esto es un error que puede llevar al fracaso, porque el cambio no se agota aquí y omitir las etapas siguientes es lo que más frecuentemente hace que las transformaciones pretendidas se queden cortas. A lo largo de este plazo, existen diversos mecanismos (como las auto recompensas y el control del entorno) que incentivan a adoptar las acciones de cambio efectivo.

Durante el período de mantenimiento -que puede ser corto o, según sea el caso, prolongarse por el resto de la vida (por ejemplo, en el caso de un alcohólico en recuperación)- es necesario desarrollar una serie de estrategias y acciones que hagan sustentable el cambio y eviten que la persona retroceda y vuelva a caer en la situación que se ha logrado cambiar. El apoyo de familiares, amigos, profesionales, grupos de terapia, etc., es fundamental para lograr que las transformaciones logradas se tornen permanentes.

Finalmente, la etapa de clausura es el momento en que el individuo puede declarar una victoria definitiva sobre su problema, seguro de no regresar nunca más a él. Algunas circunstancias, como en el ejemplo del alcoholismo, nunca podrán llegar a la clausura definitiva; otras sí. Sea como fuere, es en este momento donde se adquiere la perspectiva de un cambio positivo y de una vida más plena y feliz.

Para concluir, me parece que lo fundamental de esta obra es que reafirma que el cambio personal positivo es siempre posible y para ello identifica y clarifica los pasos y las técnicas que ayudan a lograrlo. Que el inicio del nuevo año sea una oportunidad propicia para que todas y todos logremos adquirir un nuevo control sobre nuestros destinos y avancemos hacia el ideal de la felicidad.

Ejecución de las sentencias constitucionales

Este artículo apareció en la sección Página Quince de La Nación de hoy (ver publicación)

En la nota publicada en La Nación del 19 de noviembre del 2013 (“Mayoría de fallos de Sala IV se acatan, pero con retraso”), se incursiona en un tema de la mayor importancia, que es el de la necesidad de asegurar el cumplimiento puntual de las sentencias de la Sala Constitucional que imponen conductas u obligaciones a personas físicas o jurídicas. En el referido artículo se resume las conclusiones a las que sobre ese tema llegó el “Decimonoveno Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible”, el cual, en breve, revela que aun cuando casi 9 de cada 10 sentencias emitidas por ese alto tribunal son acatadas, solo un 14% de ellas se ejecuta en el plazo ordenado por el fallo. Los datos seguramente sean debatibles, pero ilustran una realidad innegable.

La relevancia del tema se puede condensar en una frase muy costarricense que me dijera una vez el recordado maestro y magistrado don Rodolfo Piza: “Si las sentencias que dictamos no se cumplen, entonces la Sala es pura mantequilla”. En un Estado de derecho que se precie de serlo, pocas cosas podrían ser tan graves como eso.

Para comprender el problema, es necesario tener presente que los efectos de las sentencias constitucionales se pueden dividir fundamentalmente en tres clases: los efectos jurídicos, los económicos y los materiales. Los primeros no suelen ofrecer mayor problema, porque nacen de la propia autoridad de la Constitución y del valor que tanto ésta como la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) asigna a los pronunciamientos de la Sala. Hablamos, por ejemplo, del efecto anulatorio que tiene una sentencia que acoje una acción de inconstitucionalidad o de la constitución o declaración de derechos subjetivos que puede derivar de una sentencia de amparo.

Los efectos económicos surgen del hecho de que una sentencia imponga a una persona física o jurídica una condena de pagar daños y perjuicios y/o costas. En estos casos, la ley descarga la ejecución de esos aspectos en los tribunales contencioso administrativos o civiles, según que el obligado sea una persona de derecho público o privado, respectivamente.

Pero el verdadero meollo de la cuestión radica en el campo de los efectos materiales, que tienen que ver con que la sentencia obligue a alguien a dar, hacer o no hacer algo, porque es allí donde radica con mayor sensibilidad la vigencia y efectividad –o ausencia de ellas– del concepto de “justicia cumplida”.

En principio, conforme a la ley, el cumplimiento de los efectos materiales de los fallos constitucionales le corresponde a la propia Sala. Por ende, qué tanto se llegue a acatar o no sus pronunciamientos dependerá de qué tanto esté dotado o no ese tribunal de las herramientas necesarias para lograrlo.

A mi criterio, la primera exigencia –no siempre adecuadamente satisfecha– para lograr que las sentencias de la Sala se cumplan, está en su propia redacción. Es necesario que los pronunciamientos sean absolutamente claros y comprensibles. Y su contenido, especialmente el de la parte dispositiva (el “por tanto”), debe abarcar, de manera puntual, todos los elementos necesarios para que lo que el fallo ordena se acate. No pocas veces ha ocurrido que una sentencia no se cumpla porque en ella no quedó claro quién era la persona responsable de hacerlo, dando así la oportunidad de que los involucrados se “pasen la pelota” unos a otros y a fin de cuentas no haya forma de sentar responsabilidades.

Una interesante posibilidad, que deriva de la experiencia al respecto de la jurisdicción contencioso administrativa, sería que la Sala cuente con jueces ejecutores propios. Su tarea consistiría, precisamente, en velar porque se cumplan los efectos de las sentencias, atendiendo las gestiones de los interesados, incluyendo las múltiples quejas por desobediencia que se suele recibir en la actualidad.

Por otra parte, se debe contar con sistemas estadísticos y de seguimiento que permitan sopesar la efectividad de los fallos y detectar las debilidades que puedan estar dando lugar a los incumplimientos. Sobre esto la Sala ya ha venido avanzando desde hace unos cuatro años. Recientemente, con apoyo del Banco Mundial, se ha implementado herramientas tecnológicas destinadas a apoyar este proceso.

Para mejorar el grado de acatamiento de los fallos, pienso que es inevitable ajustar el contenido de la LJC, por ejemplo en cuanto a la sugerida introducción de jueces ejecutores. El texto actual es bastante parco al respecto, descansando fundamentalmente sobre la amenaza de la aplicación de sanciones penales, contenida en los artículos 71 y 72. Esta estrategia me parece poco eficaz; la solución no radica en meter gente a la cárcel. Mejor sería dotar a la Sala de instrumentos más ágiles, incluyendo la posibilidad de aplicar una amplia gama de medidas cautelares de carácter institucional, presupuestario, etc.

Mejorar el grado de cumplimiento de los fallos de la Sala representa una tarea de la máxima relevancia y urgencia. De por medio está no solo la supremacía formal de la Constitución, sino también la cumplida observancia de los derechos fundamentales de que gozamos todos.

Regulan expediente digital único de salud

En La Gaceta N° 182 del día de hoy (documento PDF, 2.53 MB), aparece publicada la ley N° 9162 del 26 de agosto del 2013, titulada "Expediente digital único de salud". Su objetivo es "establecer el ámbito y los mecanismos de acción necesarios para el desarrollo del proceso de planeamiento, financiamiento, provisión de insumos y recursos e implementación del expediente digital único de salud, desde una perspectiva país. Para dicho fin, se entiende por expediente digital único de salud el repositorio de los datos del paciente en formato digital, que se almacenan e intercambian de manera segura y puede ser accedido por múltiples usuarios autorizados. Contiene información retrospectiva, concurrente y prospectiva, y su principal propósito es soportar de manera continua, eficiente, con calidad e integralidad la atención de cuidados de salud".