Este artículo apareció publicado en La Nación del 27/11/2008 (ver publicación)
Con enorme satisfacción, comparto con ustedes la noticia de que el
Sistema Nacional de Certificación Digital (SNCD) -la infraestructura requerida para la introducción de la firma digital en nuestro país- nació a la vida exactamente a las 18:30 horas del pasado viernes 14 de noviembre.
A esa hora, siete personas (dos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuatro del Banco Central y este servidor, del Poder Judicial) -que para ese momento llevábamos ya cuatro horas de estrés, encerrados dentro de una “jaula de Faraday” forrada en cobre y herméticamente sellada, fría como refrigerador, de escasos 3x2 metros, en las profundidades de la custodia subterránea de alta seguridad del Banco- rompimos en gritos y aplausos cuando las palabras
“Instalación exitosa” aparecieron en la pantalla del servidor IBM, evidenciando la correcta generación del primer certificado digital con pleno valor jurídico del país, conforme a la ley 8454 del 2005.
Dicho certificado digital pertenece a la llamada “autoridad raíz” del Sistema, creada bajo convenio entre el MICIT y el BCCR. Con él se firmarán digitalmente los certificados de las “autoridades certificadoras” que, a su vez, nos entregarán a los usuarios finales las claves y certificados necesarios para que podamos emplear la firma digital en toda clase de transacciones públicas y privadas.
La construcción del SNCD cristaliza un notable esfuerzo de cooperación y buena voluntad. Ese relativamente corto documento electrónico que fue generado el 14 de este mes contiene, en realidad, una sumatoria de dedicación y entrega de un gran número de personas, tanto del sector público como del privado. Allí está el resultado del esfuerzo de varios años de personal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Comercio Exterior, del Poder Judicial, del Banco Central, del Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, el Registro Público, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC).
Desde luego, no todo ha sido positivo. La ley 8454 -como lo he señalado en anteriores oportunidades- nació con importantes limitaciones y deficiencias que no han sido corregidas aun. Tampoco han faltado críticas y “majadas de manguera”, incluso de parte de autoridades y de personas de las que se habría esperado mayor apoyo. En honor a la verdad, este proyecto difícilmente habría salido adelante si no fuese por la tenacidad y compromiso del personal técnico medio de las instituciones citadas.
A partir de este momento, pasamos a la etapa siguiente, que es la de creación y registro de las autoridades certificadoras y sus correspondientes autoridades de registro. En esta fase jugarán un papel crucial, según se irá anunciando más adelante, las entidades bancarias del país. Lo importante es que, con la activación de la autoridad raíz, se ha dado el paso que muchos veníamos esperando desde hace años. Estamos, por fin, en el umbral de la adopción de una herramienta -la firma digital- que brindará un impulso decisivo al gobierno digital, la banca electrónica, el comercio electrónico y múltiples otras áreas del quehacer nacional.
Un agradecimiento y una calurosa felicitación para el MICIT, el Banco Central y, especialmente, para las y los compañeros(as) que han puesto conocimientos, inteligencia y dedicación en este gran proyecto. La satisfacción y orgullo de este momento pertenece a ustedes.
Nota: arriba, en la foto, Miguel Carballo -del Banco Central- brinda explicaciones en la puerta de la "jaula de Faraday". Disculpas por la mala calidad de la imagen, tomada sin flash y con un teléfono celular, unos días antes del evento descrito en este artículo.