Apuntes para una Constituyente

Este artículo apareció en la "Página Quince" de La Nación del 8 de enero del 2009 (ver publicación)

Está claro que el tema de una posible reforma general de la Constitución Política de 1949 es cualquier cosa menos pacífico. Algunos piden cirugía mayor reconstructiva, mientras otros sugieren cambios más o menos cosméticos. Unos sostienen que no es momento de realizar una Asamblea Constituyente, mientras otros afirman que ya hace rato debimos hacerla. ¿Quién tiene la razón? Pues, depende de qué se quiera lograr. El quid radica en recordar que hay límites a lo que es posible realizar por medio de las reformas parciales. A partir del 2003, la Sala Constitucional ha sostenido que las normas relativas a los derechos fundamentales o a decisiones políticas trascendentales sólo pueden ser reformadas por una Asamblea Constituyente. En efecto, la Asamblea Legislativa puede ejercer la función de constituyente derivado, “siempre y cuando su actividad no afecte negativamente a los derechos fundamentales, ni al sistema político y económico, que sustancialmente se dieron los costarricenses mediante el poder constituyente”, de modo tal que “cualquier cambio en estos sentidos debe ser producto de un acuerdo que abarque un espectro político mucho mayor y mucho más independiente de los avatares político-electorales, de tal forma que su extensa aceptación social no solo sea perdurable en el tiempo, sino que sea efectivamente una manifestación de la voluntad popular” (sentencia Nº 2003-02771). De esta suerte, si por evitar las innegables complejidades de organizar una Constituyente se recurriera a las modificaciones parciales y alguna o algunas de éstas tuviesen incidencia sobre los aspectos indicados, nos encontraríamos en el escenario de una posible declaratoria de inconstitucionalidad semejante a la que en ese momento se decretó de la reforma del artículo 132. Serían tiempo y esfuerzo perdidos. Por ende, la necesidad de una Constituyente depende de qué tan profunda sea la transformación que se quiera o se necesite. Y esto último -en mi modesta opinión- es algo que al menos vale la pena sentarse a discutir, con seriedad, madurez e inteligencia. Ahora bien, sea cual fuere la decisión que se tome, menciono brevemente algunos aspectos que en lo personal me gustaría ver añadidos o cambiados en nuestro texto constitucional:

• Primero -y posiblemente de mayor importancia que cualquier otra cosa- siento que la Constitución debería contener una parte dogmática inicial, cuyo propósito sea plasmar expresamente los principios fundantes de la nacionalidad e institucionalidad costarricenses (libertad, democracia, civilismo, etc.). Dicho capítulo serviría como orientador para la promulgación y posterior interpretación de cualquier norma reglamentista, tanto de la propia Constitución como, desde luego, de las normas de rango inferior.
• Una reingeniería de la estructura y distribución de poder en el Estado, que favorezca la gobernabilidad sin sacrificar la responsabilidad ni las vías de participación y auditoría ciudadana. ¿Una modalidad de parlamentarismo? Quizás. Si, por el contrario, se optara por conservar el sistema presidencialista, entonces me gustaría ver la ampliación del período de gobierno a seis años, o, alternativamente, la reelección presidencial inmediata por un único período.
• Instauración de la carrera parlamentaria. Me parece francamente absurdo que las y los diputados acumulen experiencia durante cuatro años y, acto seguido, deban retirarse. Esto provoca que los proyectos que hayan presentado -seguramente que algunos buenos y necesarios- queden huérfanos. Pero, de mayor importancia, me parece inconcebible que las y los ciudadanos no tengamos el poder de reelegir a los buenos diputados, así como de mandar para la casa a los malos. Esta reforma seguramente requeriría del consiguiente ajuste de la normativa electoral para elegir representantes por circunscripciones territoriales.
• En cuanto al sistema de control de constitucionalidad y la tutela de los derechos fundamentales, creo que deberíamos dar pensamiento a la separación de la Sala Constitucional del seno del Poder Judicial, así como a la creación de una jurisdicción de tribunales de garantías para conocer de recursos de amparo y habeas corpus. Además, suprimir la consulta previa de constitucionalidad de leyes ordinarias, manteniendo la de reformas constitucionales y tratados.
• Actualización del catálogo de derechos fundamentales. Curiosamente, nuestra Constitución actual no menciona de modo expreso algunos derechos de primera generación (como la salud). Y desde luego tampoco contempla derechos reconocidos más recientemente, como son los derivados de los avances científicos y tecnológicos; por ejemplo el derecho de autodeterminación informativa.
• Reforma del artículo 75 y de las demás normas que establecen o suponen la confesionalidad religiosa del Estado. Si existe alguna modificación cuyo tiempo no solo ha llegado sino que, de hecho, nos está atrasando, es ésta. Mientras nuestro ordenamiento no contenga una afirmación indubitable de la laicidad del Estado, no tendremos una Constitución propia del siglo veintiuno.
• Una reingeniería que reafirme y garantice la universalidad de nuestros sistemas de educación pública y de solidaridad social. Me refiero a todo el entramado institucional cuyo propósito es rescatar hasta al último ciudadano del oprobio de la pobreza, el analfabetismo, la insalubridad y el abandono en general. El tejido social de todo pueblo está construido a partir de lasos de solidaridad. Sin éstos, aquél se rasga: no hay paz con hambre; no hay paz sin solidaridad social. El refuerzo de esa red protectora es el mejor seguro que podemos darnos contra la desintegración.

Seguramente que no todas y todos coincidirán en cuanto a estas sugerencias. Eso está bien; si alguien tiene mejores ideas, quiero oírlas. Lo que no veo es por qué deba existir temor a discutir propuestas, ya sea como antesala de una Constituyente o bien -en cuanto sea posible- en el marco de un proceso de reformas parciales. No es el miedo lo que empuja a las naciones hacia adelante. ¿Cuál es la Costa Rica que queremos para este siglo? Y si no vamos a discutirlo ahora, ¿entonces cuándo?