Hace unos días, gracias a los amables oficios de la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, remití a ese Poder un texto titulado "Proyecto de reformas y adiciones a la Ley General de la Administración Pública para incorporar la gestión electrónica de actos y procedimientos administrativos". Si alguien tuviese interés, puede descargarlo desde aquí solicitarlo a esa oficina.
Tal como señala la exposición de motivos, la idea del proyecto es posibilitar el empleo de mecanismos tecnológicos para potenciar el correcto funcionamiento de las instancias administrativas en su diario quehacer, así como una mejor y más célere prestación de servicios a las y los ciudadanos. La iniciativa es consecuente con otras de pareja importancia, como la promulgación en el 2005 de la ley 8454 relativa a los documentos electrónicos, las firmas y certificados digitales. También busca coadyuvar en la reducción del consumo innecesario de papel, como medida tanto de protección de los recursos naturales como de control de la generación de desechos.
En los últimos años, se ha avanzado bastante en la agilización de los procesos judiciales, incorporando la tecnología entre otros factores, por ejemplo en el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo. La justicia administrativa, sin embargo, ha marchado a la zaga, debido a que el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública permanece esencialmente igual a como fue promulgado en 1978, cuando ni siquiera se soñaba con las posibilidades informáticas aplicables hoy a la actividad de los operadores jurídicos. Dicha justicia es ejercida por las instancias de la Administración Pública en sentido amplio (vale decir, el Poder Ejecutivo, los demás Supremos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones cuando actúan en función administrativa, las entidades descentralizadas, universidades públicas, entes públicos no estatales y municipalidades). La idea, entonces, es ponerla al día con los avances logrados en otros campos.
En resumen, algunas de las propuestas incluyen:
- La generalización del empleo de soportes electrónicos, firmados digitalmente, en la emisión de toda clase de actos, dentro o fuera de un procedimiento administrativo.
- La introducción del expediente electrónico en la tramitación de los señalados procedimientos.
- La autorización del empleo de mecanismos sustitutivos del papel, tales como la grabación electrónica directa, para la elaboración de actas de sesiones de órganos colegiados y toda clase de audiencias orales.
- El establecimiento de sistemas de emisión de certificaciones en línea, por parte de los distintos servicios públicos, para evitarle a las y los ciudadanos la necesidad de desplazarse físicamente a esas oficinas para solicitarlas.
Otra de las propuestas que me parecen de necesidad, es la de autorizar que los integrantes de los diversos órganos colegiados (incluyendo, muy especialmente, al Consejo de Gobierno) puedan participar a distancia de las sesiones, empleando herramientas informáticas capaces de permitir una interacción equivalente a la presencial. Por ejemplo, un Ministro de gira por un área rural podría intervenir en la sesión del Consejo, en Casa Presidencial, si su participación fuese requerida para algún tema o temas en particular. Si bien ya ha habido pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que se inclinan favorablemente hacia esta posibilidad, me parece importante legislar de modo que no exista cuestionamiento alguno al respecto.
En conclusión, creo que una iniciativa de esta clase -que evidentemente es solo una primera aproximación y que debe ser enriquecida con otros aportes- representaría un importante paso adelante en la construcción del gobierno electrónico, para eficiencia de la Administración y beneficio de las y los ciudadanos.
Espero que la propuesta pueda encontrar acogida favorable en la corriente legislativa.
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