Banco Central moderniza su plataforma de emisión de certificados de firma digital

"1 de julio de 2016

COMUNICADO SINPE 040-2016

Señores 
SISTEMA FINANCIERO
PUBLICO EN GENERAL

Estimados señores:

El Banco Central de Costa Rica culminó con éxito un proceso de cambios en la emisión de certificados de firma digital que mejoran la seguridad, aumentan la vida útil de los certificados, permite tener más de un certificado y su respectiva tarjeta por persona y que además redujo el tiempo de emisión y entrega de los mismos.

Usar la firma digital le evita al titular tener que desplazarse físicamente a firmar documentos o solicitar servicios, lo que le ahorra dinero y reduce los tiempos en la ejecución de trámites.

Sobre la mejora en seguridad, esta se consolidó a partir del 20 de junio cuando todos los certificados de firma digital empezaron a emitirse utilizando algoritmos más robustos de encripción basados en la familia SHA-2, los cuales proporcionan una mejora en la seguridad y consiguen que la emisión de tarjetas de firma digital en nuestro país esté al nivel de los más altos estándares internacionales, sin que eso signifique que las tarjetas emitidas antes de esa fecha sean inseguras. 

Estamos duplicando la vida útil de los certificados que emitimos, pasando de 2 a 4 años, esto representa una mejora significativa para las personas, disminuyendo el número de veces que debe presentarse a una oficina emisora para obtener su capacidad de autenticación y Firma. Asimismo, gracias a cambios en el software y a los procesos de emisión se logró disminuir el tiempo para disponer de las tarjetas de firma digital a menos de 15 minutos, con lo cual se optimiza también la capacidad de emisión de cada oficina emisora y por ende del sistema como un todo.

Gracias a la modificación de las políticas de firma digital promulgadas por el MICITT y a la preparación de la infraestructura de emisión del BCCR, las personas que así lo deseen pueden obtener la cantidad de tarjetas de firma digital que consideren necesarias para realizar sus trámites personales o empresariales. 

Además de estas mejoras, pusimos en operación el servicio de emisión de certificados de firma digital para personas jurídicas (empresas e instituciones), por lo que toda persona jurídica interesada en obtener uno de estos certificados puede desde ya solicitarlo al correo cos@bccr.fi.cr del Centro de Operaciones del SINPE.

A la fecha, se han emitido aproximadamente 160 mil certificados de firma digital que los costarricenses pueden utilizar en más de 60 instituciones, públicas, bancarias y comerciales que tienen disponibles más de 100 servicios que hacen uso de esta importante herramienta. 

Con estos cambios el Banco Central de Costa Rica apoya la Directriz Presidencial Nº67-MICITT-H-MEIC "Masificación de la implementación y el uso de la Firma Digital en el Sector Público Costarricense" y además, los lineamientos sobre autenticación de clientes y autorización de transacciones en canales electrónicos, emitidos recientemente por la Superintendencia General de Entidades Financieras, acuerdo SUGEF18-16: "Reglamento sobre gestión del riesgo operativo". Ambas normativas reconocen el derecho de los ciudadanos a obtener los servicios del Estado y de las entidades financieras por vía electrónica, accediéndolos directamente desde su casa u oficina, reduciéndoles riesgos y costos, y contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Atentamente,

Carlos Melegatti S., director
DIVISION DE SISTEMAS DE PAGO"

Realidad e irrealidad en las redes sociales

Este artículo apareció en la sección Página Quince de La Nación de hoy (ver publicación)

A inicios de noviembre pasado, la australiana Essena O’Neill finalmente se hartó y cerró su cuenta de Instagram, que contaba con más de setecientos mil seguidores. Entre otros detonantes, influyó el hecho de que –según ella– antes de publicar una sola fotografía en la que se le veía “casualmente” recostada sobre una toalla en la arena, había tenido que realizar más de cien tomas hasta quedar satisfecha con la forma en que se le veía el vientre. “Las redes sociales no son la vida real”, dijo, cansada de aparentar para sus seguidores un estilo de vida inexistente.

Su compatriota, la modelo Gabrielle Epstein, quien tiene más o menos la misma cantidad de seguidores en Instagram que tenía O’Neill, no tiene los mismos reparos. Como lo confesó ella misma en una nota publicada en el “Mirror” de Inglaterra, con tan solo un “selfie” en Instagram es capaz de ganar más dinero que en una semana de modelaje tradicional. Para eso, le basta con publicar imágenes que a primera vista parecerían propias de la vida cotidiana de cualquier adolescente de un país del primer mundo, pero que, en realidad, son patrocinadas por empresas comerciales cuyos productos ella coloca astutamente en cada foto.

Pero no hace falta buscar a personajes como ellas para entender lo que está pasando. En realidad, es bien sabido que cualquiera de nosotros que tenga alguna clase de presencia en las redes sociales –llámense Facebook, Twitter, SnapChat o cualquier otra– deliberadamente procura presentar al ciberespacio una imagen que no suele corresponder fielmente a lo que vivimos en el día a día. Lo admitamos o no, casi siempre intentamos presentar nuestra mejor cara para parecer más atractivos, más exitosos o más felices de lo que somos en realidad. Solo excepcionalmente damos a conocer algo triste o negativo; a veces con razones sinceras, pero otras veces con el único y encubierto fin de tratar de provocar compasión y apoyo.

Todo esto es muy propio de la condición humana y en realidad no debería tomarnos por sorpresa. El problema es que muchos sicólogos, sociólogos y otros expertos (más recientemente, que yo sepa, un grupo de investigadores de la Universidad de Glasgow, quienes publicaron sus resultados en setiembre del año pasado) han ido advirtiendo con cada vez mayor insistencia que el fenómenos de las redes sociales está contribuyendo a crear una creciente patología en poblaciones vulnerables, especialmente entre los más jóvenes.

Las redes provocan presión y ansiedad en muchas personas, derivadas del sentimiento de necesidad de estar permanentemente disponibles para atender mensajes o responder a las publicaciones de los demás. Pero también pueden afectar sensiblemente la autoestima, al inducir en algunos (sobre todo los niños y adolescentes) una sensación de minusvalía al compararse con sus restantes contactos, quienes –a juzgar por lo que dan a conocer en las redes– viven vidas maravillosas, libres de problemas y decididamente mejores que las suyas. Esto puede crear la idea de que uno es tan solo un triste perdedor, condenado a ver y leer, hasta altas horas de la noche, acerca de lo bien que le va a los demás y a cavilar sobre lo malo de la vida propia. De aquí a la depresión hay tan solo un paso.

Debido a lo anterior, es importante que cada usuario de uno de estos entornos digitales tenga claras las razones por las que acude a ellos y estar atento a los sentimientos que le producen. Por ejemplo, es mala señal que a uno le produzca desconsuelo o rabia que otra persona no atienda o rechace una “solicitud de amistad” en alguna de estas comunidades, así como sentirse herido o vengativo si alguien decide descontinuar una “amistad” previa. Esa clase de reacciones puede a la postre resultar altamente destructiva en un entorno familiar o laboral.

Como tantas otras cosas en la vida, a las redes sociales hay que ir con moderación, recordando que son solo medios y no fines en sí mismas. Ellas son capaces de enriquecernos, por ejemplo, posibilitando el contacto con familiares y amigos con los que, de otro modo, sería difícil o imposible comunicarnos, reforzando así el sentimiento de pertenencia; permitiéndonos acceder a fuentes de conocimiento e ideas nuevas, así como a lo que sucede en el mundo, visto tanto desde la perspectiva tradicional de los medios informativos como de otras personas comunes y corrientes. Pero es crucial tener claro que las redes –y la Internet en general– también están pletóricas de desinformación, verdades a medias y mentiras puras y simples. Nos pintan un mundo que frecuentemente es irreal y que de ninguna manera debería servirnos de parámetro para comparar nuestras vivencias con las de los demás. La comunicación digital nunca puede tener la riqueza de la comunicación personal, pues está intrínsecamente desprovista de los contextos, lenguajes corporales y entonaciones que dotan de contenido a una conversación en el mundo real.

En suma, no le tema a las redes sociales, pero no permita que ellas deformen su percepción del mundo y de sí mismo. Y no permita que le absorban hasta el punto tal de alejarle del contacto cara a cara con sus personas queridas.

Publicado proyecto de "Ley de alfabetización digital"

En el diario oficial La Gaceta del día de hoy, aparece publicado el proyecto de ley que lleva el número de expediente legislativo 17.749, "Ley de alfabetización digital" (ver documento PDF). Pretende, entre otros aspectos, crear "el Sistema Interinstitucional de Acceso Digital (SIAD), especializado en la promoción de la alfabetización digital y el desarrollo de capacidades digitales de personas en el sistema educativo público del primero, segundo y tercer ciclo, así como educación diversificada y técnica media". La responsabilidad de gestionar ese Sistema será de la Comisión Interinstitucional de Acceso Digital que también se crea en la ley.

Servicio al cliente, estilo chileno

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En el reciente fin y principio de año, tuve oportunidad de viajar de vacaciones con la familia a Chile, realizando un inolvidable recorrido por la mitad sur del país, finalizando en Santiago, la capital. En ese trayecto, plasmado en tantas y tantas fotografías que tomamos, fuimos testigos de algunas de las bellezas naturales más espectaculares que hayamos conocido, especialmente las del Parque Nacional Torres del Paine, donde a cada paso que das te ves cara a cara con paisajes que, como acertadamente decía uno de mis hijos, te dejan sin aliento. En el camino, también apreciamos múltiples muestras de belleza urbana, cruzando bellas ciudades y pueblos, como Puerto Varas con sus calles y avenidas tapizadas de flores, así como la encantadora Frutillar, junto al lago Llanquihue y a la vista del volcán Osorno.

Todas estas cosas me las anticipaba y no me vi defraudado (salvo, la verdad sea dicha, por Valparaíso, que imaginaba muy distinta). Sin embargo, hubo otros factores que llamaron poderosamente la atención y que quisiera compartir brevemente, por las posibles enseñanzas que de ellos puedan derivar para un país como el nuestro.

Nivel de servicios. Chile, como es sabido, es una de las economías más importantes de América Latina y compite con las naciones más desarrolladas del mundo en diversas áreas. Por esta razón, daba por un hecho que allá encontraríamos servicios que estarían al menos al mismo nivel, cuando no muy superior, a los que tenemos en Costa Rica. Para mi sorpresa, ello no fue siempre así.

Por ejemplo, en nuestro país existe un amplio acceso a servicios bancarios y financieros en general, siendo posible realizar trámites a lo largo del día, mediante agencias y sucursales que atienden no solo en jornada diurna sino también vespertina, incluso sábados y domingos. Por contraste, en Chile los bancos cierran sus puertas a las dos de la tarde y no laboran los fines de semana, obligando a las personas a dedicar su descanso del almuerzo para realizar gestiones que de otro modo resultarían imposibles. En Costa Rica, el uso de tarjetas de débito y crédito se introdujo –si no me falla la memoria– hace alrededor de cuatro décadas y hoy está tan difundido que en casi cualquier comercio es posible pagar lo que sea con ellas, incluso por sumas muy bajas. En Chile, en cambio, las tarjetas llegaron hace relativamente pocos años y hay muchos establecimientos –incluso del sector turístico– que no las reciben. En algunas ocasiones nos vimos forzados a hurgar en los bolsillos los pocos pesos chilenos que habíamos canjeado al llegar, para pagar por cosas que uno da por sentado que puede cancelar con tarjeta en nuestro país.

Atención de calidad. Pero la mayor sorpresa nos la llevamos en lo relativo al concepto de calidad en el servicio al cliente, el cual en Chile pareciera mínimo, por no decir nulo; por el contrario y sin perjuicio de algunas honrosas excepciones, la norma apunta hacia una atención al consumidor desganada, cuando no abiertamente malhumorada.

Pudiera ser que el problema sea, en parte, puramente idiosincrático. Aun cuando por supuesto topamos aquí y allá con personas de gran calidez y amabilidad, la percepción es que la generalidad de los chilenos son bastante ásperos (por ponerlo amablemente), sobre todo en las grandes ciudades. Echa uno de menos el trato llano y cordial de otros latinoamericanos. Pero, más que eso, en Chile se siente como si la atención de calidad simplemente fuera una idea poco difundida, un concepto aún no aprendido, que hace que lo que se considera como normal sea lo contrario.

El ejemplo más claro de esto lo vivimos cuando, al llegar al aeropuerto de Punta Arenas, el local de la empresa de alquiler de vehículos que teníamos contratado estaba cerrado, a pesar de ser media mañana. Tras mucho esperar junto a otros turistas extranjeros, nos informaron que el encargado simplemente había cerrado y se había ido sin explicación. Tomamos un taxi al centro de la ciudad, donde en las oficinas de esa compañía nos explicaron que habían sobrevendido el servicio, por lo que el carro que habíamos reservado no estaba y “lo sentimos mucho”. Por suerte, en la acera del frente había otra empresa que aún tenía algunos modelos disponibles, logrando hacernos de un carro al que le sonaba todo, pero que al menos sirvió para la primera parte de nuestro recorrido.

Lecciones para Costa Rica. Todo esto no es poca cosa, especialmente para un país como Costa Rica, que seguramente depende mucho más que Chile del turismo. De hecho, hablamos de algo que puede representar toda la diferencia del mundo para algunos visitantes. Costa Rica –lo sabemos– no es un destino particularmente barato, en comparación con otros países del área; pero, como sucede en tantas otras actividades, el factor de costo para el turista puede verse paliado –e incluso pasar a un segundo plano– cuando a cambio se recibe calidad y buena atención. A todos nos ha sucedido: si uno va a un restaurante cuyos precios no son necesariamente bajos, pero la comida es deliciosa y la atención esmerada, la percepción que queda generalmente es la de que el intercambio fue justo y equitativo y que uno obtuvo lo que esperaba a cambio de su dinero. Pero si la comida es buena pero la atención es mala, el factor precio se ve sicológicamente magnificado, quedando el sentimiento de que a ese lugar no deseamos regresar.

Así pues y en conclusión, me parece que nuestro país en general y el sector de turismo receptivo en particular pueden extraer importantes lecciones del ejemplo de Chile, al que –repito– le sobra belleza natural y urbana, que tan solo sea por eso vale la pena visitar, pero cuyo comercio y servicios quedan debiendo en áreas muy relevantes. La calidad en el servicio al cliente es cada vez más importante. Quienes nos visitan lo sienten y luego regresan a sus países y comentan si el que recibieron fue bueno o malo. Y no hay publicidad más efectiva que la que corre de boca en boca. Así pues, aprovechemos para tratar de hacer la diferencia en este terreno.

Yo no rezo por París

Este artículo apareció en la sección Página Quince de La Nación de hoy (ver publicación)

No lo hago porque, como decía un autor, esa no es más que “una forma gratis y socialmente bien vista de aparentar que estás ayudando, cuando, en verdad, no estás haciendo absolutamente nada”.

Por París, prefiero hacer algo más eficaz, que en este caso es denunciar –una vez más– el peligro del extremismo ideológico en general y del radicalismo religioso en particular.

Soy consciente de que tratar de reducir el fenómeno del Estado Islámico a una cuestión exclusivamente religiosa es simplista e incluso ingenuo. Y sé también que pretender identificar a los perpetradores de esas atrocidades con todos los musulmanes –cuya inmensa mayoría son personas de bien, que, como usted o como yo, quieren vivir en paz y procurar lo mejor para los nuestros y los demás– es igualmente falaz y, además, profundamente injusto.

Pero, por otra parte, querer negar que el tema religioso está en la médula de lo que los terroristas hacen, sería no solo mucho más ingenuo sino, francamente, peligroso.

Radicalismo aquí y allá. El extremista religioso cree que el derecho fundamental que tiene a profesar su credo le otorga también el derecho de imponérselo a los demás. Porque, para él, su verdad es una verdad absoluta. El resto del mundo está equivocado y debe ser arreado hacia el recto sendero. A sangre y fuego, de ser necesario.

Pero el fundamentalista suele creer también en algo en lo que cree mucha gente común y corriente: que su visión religiosa es un coto cerrado, que debe permanecer inmune a toda crítica o discrepancia.

Y digo que en ello se parecen a las demás personas, porque estas también, frecuentemente, piensan que sus creencias tienen que ser respetadas, y por ello se dan por ofendidas cuando alguien ose manifestar algo que las contradiga.

En ello se incurre en un error crucial, el de considerar que las ideas tienen un derecho intrínseco a ser respetadas, cuando ese derecho en realidad solo lo tienen las personas.

Los extremistas se escudan detrás de ese error común para intentar silenciar la libre expresión, uno de los pilares básicos de la libertad en general. Sobre esto ya he intentado aportar algo anteriormente (La Nación, 22/3/09).

Ataque simbólico. Francia es, precisamente, una de las fuentes de esas libertades de las que nos preciamos. Y, quizás por ello, en parte al menos, haya sido escogida como blanco de agresiones: por el simbolismo que plasma atacar la cuna de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Yo creo firmemente que Francia no será doblegada, ni ahora ni nunca, porque esa República se sostiene en la fortaleza de los principios que inspiraron su creación.

Pero para ello, Francia precisa que el resto del mundo no se quede cruzado de brazos. Necesita que todos tomemos una posición clara e inconfundible frente al radicalismo religioso, de cualquier signo que sea. Que no callemos ante la pretensión de que debemos ceder ante el chantaje del miedo y la barbarie. Porque en momentos como estos cobra vida la frase de Dante: “Los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral”.

Publican nuevo reglamento de teletrabajo en sector público

En La Gaceta N° 204 del día de hoy (documento PDF) aparece publicado el decreto ejecutivo N° 39225-MP-MTSS-MICITT del 14 de setiembre del 2015, titulado "Aplicación del teletrabajo en las instituciones públicas", que además deroga el anterior decreto de promoción de esta actividad.

La guerra nuestra de cada día

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Cada mañana me levanto, me alisto y me voy a la guerra. De hecho, suelo ir dos veces diarias, una de ida al trabajo y otra de vuelta. Es una guerra encarnizada y despiadada, llena de momentos de crueldad y venganza, así como de escasos y fugaces episodios de galantería y heroísmo.

Mis enemigos son los otros conductores. Todos quieren ir delante de mí. Todos pretenden que me quite y les ceda mi espacio. Muchos piensan que son los dueños de la carretera, y les importa poco quien no crea lo mismo.

Son los que creen que basta con encender unas lucecitas para tener derecho a estacionarse donde les dé la gana, así como los que no dudan en bloquear una intersección porque creen que su derecho es mayor que el de los demás. O los que piensan que el pito tiene el mágico poder de deshacer la presa.

Muchos conductores presumen de muy piadosos, exhibiendo rosarios, crucifijos o citas bíblicas en sus vehículos, pero no dudan un instante en lanzarle el carro a los otros o en lanzar insultos o hacer alguna señal inconfundible con la mano.

Algunos, incluso, han formado verdaderas mafias e imponen su propia ley en las carreteras, frente a los cuales los demás mortales no podemos hacer nada y las autoridades no quieren, o no pueden meter en cintura.

Desde motociclistas hasta maromeros. Entre mis peores enemigos están los motociclistas. Se han convertido en una plaga. En las calles me acosan y hostigan, rodean mi carro, se colocan delante en el semáforo, se cuelan entre las filas de vehículos de modo que uno no puede ni moverse por temor a golpearlos.

Sobran quienes creen que el carril contrario es suyo, y a cada rato se topa uno a un motociclista que viene de frente y directo hacia mí.

Por supuesto que, si chocamos, serán ellos quienes lleven la peor parte, pero, paradójicamente, se aprovechan de eso para intimidar. Después de todo, nadie quiere matar a otra persona o tener problemas legales y dedicar tiempo a trámites y reclamos.

El enemigo también son los peatones. Cruzan la calle por donde les viene en gana. Les encanta lanzarse a cruzar las esquinas justo cuando mi semáforo se pone en verde.

Cruzan por detrás de mi vehículo cuando estoy detenido en una pendiente ascendente porque no tienen el sentido común de entender que mi carro podría retroceder un poco y golpearlos. Caminan por las orillas de las calles llevando niños de la mano o en coche del lado de los vehículos.

Ni hablemos de los vendedores y maromeros en cada semáforo. En algunas esquinas solo se puede circular a paso de procesión porque hay tantos que se corre el riesgo de arrollar a varios si se avanza un poco más rápido.

El enemigo es el estado de las carreteras. Agujeros y montículos que hacen la circulación dolorosamente lenta y que a veces producen accidentes cuando se intenta sortearlos.

Y, como en toda guerra, hay “muertos” por todas partes. Me refiero a los reductores de velocidad, que en este país cualquiera pone dondequiera, sin control o regulación.

Los ponen y ni siquiera tienen la decencia de pintarlos para que se vean. Comprendo que los colocan por protección, pero no puede ser que queden a la libre y muchos de ellos en sitios absurdos. Falta de aceras; embudos causados por puentecitos que llevan décadas de tener solo un carril o por terrenos que nunca se pudo o quiso expropiar para completar la ampliación de la vía. Y un largo etcétera.

Soy yo. Iba a decir que el enemigo es el reloj. No habría problema si no tuviéramos que llegar a tiempo a alguna parte, ¿verdad? La “carrera de las ratas”, lo llaman en otras latitudes. Pero, curiosamente, las peores presas de tránsito se producen los sábados. Además, ya no existen las horas pico. Ahora todas las horas son horas pico.

El enemigo soy yo mismo. Hay que recordar que, como decía alguien, “para los otros conductores, la presa soy yo”.

Y, por supuesto, no estoy exento de caer en muchas de las mismas conductas que les reclamo a los demás conductores. A veces por distracción y a veces por desesperación.

Cada vez que puedo, trato de poner de mi parte y ayudar a los otros, pero no siempre es posible. Lo peor es cuando, por tratar de ayudar, me reclaman los que vienen detrás. Me consideran un traidor y un colaboracionista por cooperar con el enemigo.

Como en todas las guerras, hay momentos de batalla intensos y otros momentos de tedioso compás de espera, cuando estamos irremediablemente pegados en una presa. En estos momentos, cada uno se las arregla como puede: escuchando la radio, maquillándose o revisando Facebook. Me gusta tener programas descargados de Internet en el teléfono (los llamados podcasts ) para estas ocasiones.

Y también, como en toda guerra, hay estrategias y tácticas de combate y de supervivencia, así como uso de tecnología (Waze ayuda mucho, pero en ocasiones se equivoca espectacularmente; la clave está en no pensar en él como si fuera la Biblia y usar la intuición y la experiencia para saber cuándo no hacerle caso).

Lo más triste es saber que esta es una guerra que nunca se termina y en la que, al final de cuentas, nadie gana. ¿Cuántas víctimas cobrará cada día? Seguramente más que algunas de las guerras de verdad.

Por ello, cuando uno finalmente llega a casa, debe agradecer haberlo hecho razonablemente ileso, aunque la presión sanguínea esté por las nubes y la ansiedad nos tenga casi al borde. Es momento para descansar. Después de todo, mañana tendremos que levantarnos, alistarnos y salir a la guerra otra vez.

¿Habrá que subir la mayoría de edad para manejar?

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En las últimas semanas, las carreteras nacionales han cobrado una cantidad inusual de víctimas, particularmente de jóvenes que conducían con exceso de velocidad y/o en estado de ebriedad o de personas a quienes éstos colisionaron. Esto me ha llevado a reflexionar sobre si convendría aumentar el límite de edad necesario para conducir.

Ciudadanía y mayoría de edad. A partir de la reforma que se introdujo en 1971 al artículo 90 de la Constitución Política, el conjunto de derechos y deberes políticos que denominamos “ciudadanía” se adquiere a los dieciocho años, otorgándonos –entre otras posibilidades– la de votar. Pero el concepto de “mayoría de edad” (que es la edad mínima para adquirir ciertos derechos y contraer determinadas obligaciones en el ámbito civil, comercial, etc., en forma autónoma; es decir, no dependiendo más de los padres –la llamada patria potestad– o de los representantes legales en ausencia de aquéllos) no necesariamente coincide con el de ciudadanía en sentido político, de manera que es posible fijar por ley edades diferentes a los dieciocho años en distintos ámbitos. Por ejemplo, el Código de Trabajo (artículo 89) fija en doce años la edad mínima para laborar.

El establecimiento de un umbral de adultez para ciertos actos o actividades usualmente va ligado al momento en que se considere que la persona adquiere el grado de madurez física y, sobre todo, mental o emocional necesarias tanto para decidir si desea realizarlas o no, como para asumir la responsabilidad por sus decisiones. Es evidente que no todas las personas llegan a ese punto al mismo tiempo, de manera que es inevitable trabajar con aproximaciones.

Edad para manejar. La vigente Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Nº 9078, numeral 84, fija en dieciocho años la edad mínima necesaria para poder obtener la licencia de conducir, excepto para las tipo A-1 (bicimotos y motocicletas, para la que se debe tener al menos dieciséis años, cuando lo autorice alguno de los representantes legales), B-2 (veinte años), B-3 y B-4 (veintidós años).

El tema del consumo de licor es distinto, ya que, hasta donde preciso, no hay una norma que explícitamente regule la edad a partir de la cual es permitida la ingesta de alcohol. Lo que existen, más bien, son normas que prohíben la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, que en este caso habría que entender como de menos de dieciocho años, de conformidad con lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Quizás sea un problema de percepción, pero a medida que la sociedad costarricense crece y se desarrolla económica y tecnológicamente, pareciera que las circunstancias bajo las cuales las juventudes de hoy maduran emocionalmente son muy distintas a las de hace cincuenta años o más. Las condiciones de vida entonces eran más rigurosas y, consecuentemente, la necesidad de que las personas se incorporaran a la vida adulta a una edad menor era más imperiosa, lo cual iba aunado a una menor expectativa de vida. Ahora, ante la cruda realidad de las muertes en carretera, podría valer la pena cuestionarnos si se justifica o no mantener la edad de mayoría para efectos de conducción de vehículos en los límites actuales. ¿Cambiarla ayudaría a reducir los accidentes y muertes en carretera o no? No tengo la respuesta. Sería de gran utilidad escuchar criterios al respecto de los especialistas.

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Nota posterior:

En respuesta a mi artículo de hoy en La Nación, me enviaron este interesante comentario, que publico con permiso de su autor:

"Don Christian:

muy interesante su artículo y coincido plenamente con su opinión. En forma complementaria, le comento que hace algún tiempo leí un estudio hecho por aseguradoras americanas debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito, muchos de ellos mortales y la realidad que muestran sus estudios que indican que la gran mayoría de los accidentes fatales involucran gente joven, particularmente hombres jóvenes.

Entre otras conclusiones comentaban del desarrollo físico del cerebro, en donde las áreas de la corteza cerebral que atan la conciencia de un riesgo con sus consecuencias, son las últimas en madurar y lo hacen luego de los 20 años y están plenamente funcionales a los 22 años en promedio, si mal no recuerdo.

La implicación de esto es que un joven que aún tiene áreas de su corteza, inmaduras, puede claramente percibir que va a 140 kph y pensar que es una velocidad muy alta, pero no conecta claramente ese hecho con la consecuencia potencial de que un choque a esa velocidad implica la muerte, muerte de otros, consecuencias personales para toda la vida, etc. Simplemente no amarra plenamente hechos que sí ve, con consecuencias personales, aunque también perciba lo que significa quedar en una silla de ruedas o perder un miembro, etc.

De ese estudio también salía la sugerencia de que la licencia debería darse luego de una edad que asegure la plena madurez cerebral, orgánicamente hablando.

Saludos.

Arturo Yglesias M."

Cosa juzgada constitucional

Este artículo aparece publicado en la sección Página Quince de La Nación de hoy (ver publicación)

A finales del año pasado, los colegas Rubén Hernández y Édgar Fernández publicaron sendos comentarios en esta misma sección, relacionados con el tema del valor y alcances de la cosa juzgada de los fallos de la Sala Constitucional (10/10/14 y 21/11/14, respectivamente). Al margen de la discusión de cualquier caso concreto, quisiera aportar algunas ideas adicionales, particularmente desde la óptica de cómo esta cuestión interesa al trabajo que realizamos los jueces de lo contencioso administrativo.

Lo más importante que deseo destacar es que, en discusiones sobre esta temática, es frecuente observar una confusión que se da entre dos conceptos relacionados pero que, en realidad, son absolutamente distintos: por un lado, el ya mencionado de la cosa juzgada material de las sentencias de la Sala y, por otro, el de la eficacia erga omnes de que están dotadas.

La cosa juzgada material es un instituto propio del derecho procesal general y encuentra fundamento en la garantía consagrada en el párrafo segundo del artículo 42 de la Constitución Política. En materia civil, lo desarrollan los numerales 162 y siguientes del Código Procesal Civil. En síntesis, la cosa juzgada material significa que la existencia de una relación jurídica que haya sido declarada por una sentencia firme dictada en un proceso de conocimiento ordinario o abreviado, ya no puede volver a discutirse en otro proceso posterior en el que las partes, el objeto y la causa sean iguales. Constituye una garantía de seguridad jurídica y se fundamenta en la necesidad de ponerle fin a los asuntos decididos por sentencia judicial, para impedir su sucesivo replanteamiento, sin lo cual imperaría una perenne incertidumbre. Como regla, solo adquiere la autoridad de cosa juzgada lo que la sentencia establezca en su parte dispositiva, no en cuanto a sus fundamentos.

Por su parte, la vinculatoriedad erga omnes de los fallos de la Sala Constitucional es un instituto particular de esta rama del derecho procesal y su origen no es constitucional sino legal, pues deriva de lo estipulado en el ordinal 13 de la Ley de esa jurisdicción (LJC). En breve, significa que aquello que resuelva la Sala en cualquier clase de proceso de su competencia (habeas corpus, amparo, cuestiones de constitucionalidad y conflictos de competencias constitucionales) obliga a todas las personas, aunque no hayan sido parte, cuando se encuentren en la misma situación jurídica. A diferencia de la cosa juzgada, la eficacia erga omnes de los pronunciamientos de la Sala incluye a sus fundamentos (parte considerativa) y no solo a lo resolutivo.

Como decía, no es infrecuente confundir ambos conceptos, lo cual –sin embargo– puede conducir a consecuencias erróneas. La dificultad principal, a mi juicio, reside en el hecho de que los habeas corpus y amparos que conoce la Sala Constitucional (que conforman la gran mayoría de los asuntos a su cargo) no son procesos plenarios sino sumarios, lo cual –por definición– conduce a concluir que los fallos dictados en ellos, ya fueren estimatorios o no, no pueden tener autoridad de cosa juzgada material, aun cuando sí posean eficacia erga omnes, que –repito– no es lo mismo. En efecto, desde su voto Nº 2661-98, ese mismo Tribunal ha reconocido que esos procesos solo resultan idóneos para la constatación de violaciones directas y groseras a los derechos fundamentales, al carecer de las etapas de evacuación de prueba y amplitud del contradictorio que son propias de los procesos plenarios. En una sentencia de habeas corpus o de amparo, los hechos que se tiene por demostrados o por indemostrados no necesariamente están basados en un examen exhaustivo de pruebas; a veces, se fundamentan tan solo en lo que la autoridad recurrida haya declarado en el informe rendido bajo juramento o, peor aún, en la ausencia de ese informe (que puede dar lugar a que los hechos denunciados por la parte actora sean tenidos por ciertos: artículos 23 y 45 de la LJC). Por el contrario, en los procesos de conocimiento –como los que se tramita, por ejemplo, en la jurisdicción contencioso administrativa– existe un debate y análisis a profundidad de los hechos y de la evidencia aportada, con el objetivo de llegar a establecer la verdad real de los hechos (artículo 82.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA).

Partiendo de lo anterior, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha considerado (consúltese por ejemplo la sentencia N° 1000-F-S1-2010), que la vinculatoriedad de los precedentes emanados de la jurisdicción constitucional se debe entender únicamente respecto de la interpretación de los alcances de los derechos fundamentales y las normas constitucionales, no así en cuanto a aspectos de legalidad, cuya determinación y control la propia Constitución Política –artículo 49– asigna más bien a la jurisdicción contencioso administrativa. Esta doctrina, de toda suerte, podría también sustentarse eventualmente en el simple hecho de que la eficacia erga omnes discutida es, se insiste, de origen legal, respecto de la cual el CPCA –con su mandato de búsqueda de la verdad real, derivado del derecho, también constitucional, a una justicia cumplida– resulta norma de orden público, posterior y especial respecto de la LJC. El punto queda planteado para discusión.

Creación de sistema de compras públicas electrónicas SICOP

En La Gaceta N° 19 del día de hoy (documento PDF), aparece publicado el decreto ejecutivo N° 38830-H-MICITT del 15 de enero del año en curso, de "Creación del Sistema Integrado de Compras Públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa". El SICOP será el sucesor de los actuales sistemas Mer-Link y CompraRed.