El estado de La Nación

Me llamó poderosamente la atención un artículo publicado en La Nación de hoy, titulado "La Nación y Subsidiarias paga (sic) puntualmente a CCSS rendimientos por compra de bonos". A diferencia de otras notas de días recientes, ésta no parece estar relacionada o bien aparecer en respuesta a alguna publicación de otro medio nacional. Da la sensación, más bien, de que su objetivo es puramente el de tranquilizar a los inversionistas actuales o potenciales del Grupo Nación con respecto a la solvencia financiera de dicho conglomerado.

Si bien no tengo ningún motivo ni evidencia para suponer que los datos allí revelados no sean veraces, lo cierto es que tampoco parecieran ofrecer un retrato completo de la situación actual de la empresa. Por ejemplo, si bien se admite allí que la CCSS "expresó preocupación por los bonos comprados a La Nación, S. A. y Subsidiarias, porque su calificación pasó de AAA a A y porque teme por los efectos económicos de la pandemia de covid-19", no se comenta nada acerca del hecho de que, el 6 de agosto pasado, la Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A, rebajó la calificación de La Nación, S.A. y sus subsidirias en general, en tanto emisores de valores, del nivel "scr A+ (CR) con perspectiva estable", a "scr A+ (CR) con perspectiva negativa", explicando -entre otros aspectos- que "La Nación se encuentra afectada adversamente por el cambio estructural en la industria de medios de comunicación. La tendencia decreciente en la generación de ingresos por parte de sus principales líneas de negocio evidencia la materialización de los riesgos que atañe el cambio del mercado publicitario tradicional hacia medios digitales" (véase aquí).

Más adelante, en el reportaje de comentario, se expresa que "En cuanto a las colocaciones en las que la CCSS hizo inversiones, La Nación S. A. y Subsidiarias incluso ha recomprado ¢1.985 millones mediante el mecanismo de subasta inversa, permitido en el mercado de valores". No obstante, tampoco se advierte sobre que, en la reciente recompra por colocación directa inversa efectuada el pasado 14 de agosto de la emisión B-14, no se recibió ofertas, por lo cual no hubo ninguna colocación (véase aquí).

De hecho, de ninguno de los dos hechos relevantes anteriores se ha informado hasta la fecha por el periódico, hasta adonde sé.

Alguien podría pensar que este comentario está motivado en la reciente desaveniencia que condujo a mi salida del grupo de articulistas regulares de La Nación. Pero no es así. Sinceramente, no tengo ningún reproche o mala voluntad hacia La Nación como tal, aunque no comulgue con su línea ideológica o sus tácticas informativas. Lejos de ello, sigo siendo suscriptor y lector fiel de la edición impresa, como lo he hecho desde mi infancia, cuando acostumbraba ojear el periódico comenzando de atrás para adelante, para así ver primero las tiras cómicas.

De mayor importancia, no le deseo mal a ningún medio de prensa nacional. Creo que constituyen canales indispensables del debate sobre el acontecer nacional e internacional. La desaparición de cualquier periódico independiente, como recientemente ocurrió con La Prensa Libre, decano de la prensa nacional, constituye una verdadera tragedia para nuestra vida democrática, particularmente con relación a la sana fiscalización ciudadana del quehacer de los gobernantes.

Lo que pasa es que, si se trata de ofrecer una imagen completa y veraz sobre el estado financiero de cualquier empresa, incluyendo desde luego a Grupo Nación, creo que se debe hacer revelando todo lo que sea de importancia para ello. No menos que eso merecen los inversionistas del hoy y del mañana de esa empresa, así como sus lectores.

¿Quién dice que los pensionados no somos solidarios?

Este artículo apareció hoy en la sección de Opinión de CRHoy.com (ver publicación).

En noviembre de 2016, publiqué en otro medio periodístico un comentario titulado “Pensionarse no es un crimen”. Señalé entonces que, en la actualidad, “el pensionado (…) es visto como un delincuente, un vividor, un parásito social que solo piensa en enriquecerse a costa del erario mientras dedica su tiempo a la pura y simple vagabundería. Eso es absolutamente equivocado y, además, profundamente injusto.” Desde entonces, han sido promulgadas leyes que imponen una llamada “contribución solidaria” a las pensiones, que ha generado una muy fuerte reducción de ingresos y que parecieran inspirarse -nuevamente- en la idea de que los jubilados estamos desposeídos por completo de conciencia social.

Sostuve además que “la pensión no puede constituirse en un mecanismo de abuso o de enriquecimiento injusto de nadie”.

Desde esta óptica, es indudable que ha habido quienes han obtenido jubilaciones que exceden, por mucho, el ideal de recibir una remuneración que haga posible un retiro en condiciones razonablemente dignas. Pero esa realidad -propia de un número proporcionalmente ínfimo de pensionados- ha llevado a generalizaciones que nos satanizan y retratan a todos los jubilados como tagarotes, insensibles al dolor y penurias de los demás.

En mi caso -y disculparán que hable de mí mismo, pero no estoy autorizado para hacerlo por nadie más- desde el inicio de la actual crisis sanitaria venía ayudando, de mi bolsillo, a familiares, amigos, familias de escasos recursos de la comunidad (en conjunto con otros vecinos) y pequeños comercios locales. Esto aparte de las donaciones que desde hace años he hecho a organizaciones como Aldeas Infantiles SOS, el comedor infantil Pancita Llena de Guararí de Heredia, la Fundación MarViva y Territorio de Zaguates. Si piensan que he podido hacerlo porque manejo mucho dinero, se equivocan: sucede que soy sumamente ordenado con mis finanzas y creo firmemente en el imperativo ético de separar lo que pueda para ayudar a otros más necesitados. Me pregunto cuánto donan esos que ahora se rasgan las vestiduras pidiendo desangrar más a los pensionados.

Pero a partir de la entrada en vigencia de la nueva contribución “solidaria”, la mayor parte de eso ha quedado atrás. Para poder prever adecuadamente las necesidades familiares y personales, me he visto penosamente obligado a cancelar los donativos a entidades sociales, aparte de recortar varios otros rubros del presupuesto. Entiendan que no pretendo jugar de víctima: las verdaderas víctimas aquí son esas organizaciones de beneficencia y aquéllo o aquéllos que protegen, especialmente a tantos niños en condición de pobreza o abandono.

¿Y a cambio de qué? ¿De alimentar el gran agujero negro de las arcas estatales? ¿De otorgar bonos Proteger a privados de libertad, como se ha informado en algunos casos?

Pero esto no es todo. De muchos jubilados dependen otras personas, como servidoras domésticas, guardas de vecindario, personas que se ganan la vida haciendo jardinería o lavando carros, etc. ¿De cuáles de ellos (y sus familias) habrá que prescindir, porque la cobija ya no alcanza para todos? ¿Y qué tal el efecto en cadena que produce la inevitable contracción del gasto? ¿Es que de los comercios en los que ahora habrá que gastar menos o nada no dependen también muchos empleados y sus familias?

La inmensa mayoría de los pensionados -y aquí sí me atrevo a hablar por todos- estamos comprometidos con la solidaridad.

Pero, como debería ser obvio, solo se puede considerar solidario el gesto de desprendimiento que se hace consciente y voluntariamente. El fuerte gravamen aplicado a las pensiones no es solidaridad, es un impuesto puro y simple, rayano en lo confiscatorio y viciado de inconstitucionalidad, como intentaré explicar en una próxima contribución.