Antes de entrar en materia, aclaro que soy funcionario judicial, y, por ende, cualquiera tendría derecho a dudar de mi objetividad en este tema. Confío, sin embargo, en que los argumentos siguientes valgan por su propio peso y que por ello sean merecedores de consideración.
Es de nuevo la época del año en que el Poder Judicial encara el fantasma de la carencia presupuestaria. A pesar de que la Constitución señala que financieramente le corresponde una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios del año, la realidad no solo es que ese monto resulta apenas suficiente, sino que además se ve sujeto a reducciones y restricciones aplicadas por la tijera hacendaria.
Asignación prioritaria. Sí, claro, hay una crisis fiscal y los recursos no sobran. La lógica indica entonces que hay que fijar prioridades y asignar los fondos de manera acorde. ¿Pero en qué lugar de la escala se encuentra la administración de justicia? ¿Y qué ha hecho el Poder Judicial por maximizar el empleo de los fondos y poner así de su parte para afrontar el problema?
¿En qué lugar de la escala de prioridades se encuentra la administración de justicia?Las cifras indican que la variación relativa de los últimos tres o cuatro presupuestos del Poder Judicial tiende a la baja, bastando ahora apenas para paliar el efecto de la inflación. Por desgracia, la litigiosidad muestra la tendencia inversa, creciendo de modo dramático año con año. El incremento en el ingreso de asuntos nuevos en el período 1997-2003 ha sido del 40 por ciento. A su vez, el deterioro social y el aumento de la delincuencia organizada retan las capacidades del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (véase las declaraciones del jefe del OIJ en La Nación del pasado 12 de julio). El mandato constitucional de hacer "justicia pronta y cumplida" se dificulta cada vez más.
Agilización y seguridad. La administración judicial ha procurado enfrentar el desafío con una combinación de medidas, destacando entre ellas el uso de tecnología para agilizar y dar más seguridad a los procesos. Al tiempo, se han dado grandes pasos por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos. Por ejemplo, por medio del sitio en Internet del Poder Judicial, se tiene acceso a una cantidad de información que habría resultado impensable no muchos años atrás.
De igual modo, se ha aplicado significativas medidas de austeridad, sacrificando no solo en áreas que podrían considerarse de menor prioridad sino incluso en algunas vitales, como la capa-citación de jueces. Se ha trabajado fuertemente también en el desarrollo de una cultura de "servicio al cliente", para dotar a las oficinas judiciales de un trato más humano y receptivo. Destaca aquí la creación de varias oficinas de contraloría de servicios.
El proyecto de presupuesto sometido este año al Poder Ejecutivo procura reforzar el área social de la administración de justicia, como, por ejemplo, en el terreno de las pensiones alimentarias y la materia agraria.
Una adecuada comprensión del problema exige recordar, además, que varios proyectos de ley orientados a agilizar la función jurisdiccional han avanzado poco o nada en la corriente legislativa, demorando la aplicación de medidas que permitirían desahogar la presión y mejorar el servicio.
Compromiso de otros poderes. No es necesario insistir mucho acerca del carácter estratégico que posee el aparato judicial en la preservación y profundización del Estado democrático de derecho. No hay duda de que el Poder Judicial ha puesto de su parte y ha hecho sacrificios por aumentar la eficiencia en el aprovechamiento de sus limitados recursos. Recuérdese que los poderes Ejecutivo y Legislativo asumieron un compromiso por escrito con este esfuerzo, al suscribir la "Agenda Nacional para la Reforma del Poder Judicial", propuesta por la anterior Junta Directiva del Colegio de Abogados.
Lo que se necesita ahora, entonces, es una señal y un estímulo; una clara indicación de parte de esos Poderes en el sentido de que los esfuerzos realizados van por el camino correcto.
En suma, lo que se requiere es un voto de confianza.
