Oxígeno para el programa de Gobierno digital

De acuerdo con el diario La República de hoy, el Poder Ejecutivo busca apoyo para su programa de Gobierno digital. Se indica que "Laura Chinchilla y Marco Vinicio Ruiz, vicepresidenta de la República y ministro de Comercio Exterior, respectivamente, emprenderán a partir de hoy una serie de visitas a firmas estadounidenses ligadas al campo de la tecnología para solicitarles asesoría y cooperación".

Por otra parte, en La Gaceta N° 164 de hoy mismo aparece publicado el decreto ejecutivo N° 34702-MP del 6 de mayo del 2008 (se ignora el por qué de tanta demora en su publicación), que reforma parcialmente los artículos 2 y 4 del decreto ejecutivo N° 33147-MP, que -a su vez- creó la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital y la Secretaría Técnica de esa materia.

Esperemos que todo esto brinde un muy necesitado impulso al programa, como lo destaqué hace unos meses en "¿Y la agenda digital?".

Rezago en los sitios web estatales

El periódico La República de hoy informa que "A sitios web estatales les falta transparencia". De acuerdo con el articulista, "Siendo Internet el medio idóneo para divulgar toda, absolutamente toda la información de interés público que los ciudadanos tienen derecho a conocer y a consultar cuando lo deseen, la respuesta desilusiona, pues lo único claro en los sitios web estatales es… que les falta transparencia."

Nota posterior:

El 25/8/2008, ese mismo periódico publica "Websites estatales poco actualizados", también en sentido crítico. "Los ministerios encabezan un listado vergonzoso para el Estado, pues son los poseedores de las páginas de Internet peor desarrolladas entre el sector público."

e-Selección

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Estoy convencido: en Costa Rica (al menos en nuestro sector público) seguimos escogiendo a la gente a la antigua. Y esto es válido tanto para las labores más básicas como para las investiduras más altas. La cuestión es cómo escoger a las mejores personas para los distintos puestos, de un modo que satisfaga las exigencias que plantea el siglo actual. Me explico.

Hasta el siglo pasado, las personas diferenciaban más o menos claramente la vida académica de la vida laboral. Un profesional se graduaba de la universidad y se incorporaba después al sector productivo, quizás sin plantearse la perspectiva de volver a estudiar nada más en el futuro. La "etapa educativa" de su vida había finalizado. Bajo esta concepción, los títulos (licenciatura, maestría, doctorado) poseían un peso específico: a mayor grado académico, mayores probabilidades de asegurar un buen empleo, en cualquier momento.

En el siglo XXI, la frontera entre estudio y trabajo se ha difuminado, ya que ahora prima el concepto del aprendizaje continuo. En la moderna sociedad de la información, ante el crecimiento acelerado de la adquisición y generación de conocimientos, el profesional se ve ante el reto de mantener una actualización permanente, so pena de quedarse atrás. Por ello, aunque los títulos profesionales ciertamente que no han perdido su jerarquía, ahora se valoran de modo distinto: en particular, cuanto más antiguo el grado académico, más relativa su importancia, porque va decreciendo su capacidad de decirnos algo acerca de qué tan actualizados sean los conocimientos de su poseedor.

El problema es que, actualmente, los procesos de selección de personal (repito, al menos en el sector público; y -repito de nuevo- incluyendo los de designación de altos funcionarios del Estado) continúan tendiendo a privilegiar los títulos profesionales, de modo mecánico. Y, para colmo, premian también el conocimiento memorístico, porque esos procesos suelen incluir alguna clase de examen teórico, ya sea literalmente o bien a través de entrevistas que constituyen, en realidad, una suerte de examen mal disimulado.

Pero en la sociedad del conocimiento y sin dejar de lado el factor académico, domina la búsqueda del talento: la aptitud para el aprendizaje permanente y la capacidad de aplicar lo aprendido al trabajo diario, por medio de soluciones innovadoras. Esto lo saben bien y lo enseñan en los cursos superiores de administración de negocios, donde aconsejan: Si usted está en un trabajo donde no se aprende, váyase tan pronto pueda, porque si no, lo echarán. Será el resultado de la presión que ejercen los jóvenes talentos que van incorporándose a la organización, con conocimientos más frescos.

La información ya no se memoriza. Antes, por ejemplo, un abogado se esforzaba por dominar de memoria ciertas normas y precedentes judiciales clave propios de su campo particular de especialidad. Hoy, cualquier profesional en Derecho tiene acceso inmediato a volúmenes de normas y jurisprudencia empleando herramientas tecnológicas como el Sistema Costarricense de Información Jurídica y otras búsquedas en Internet.

Y, a diferencia de antes, una larga experiencia en un puesto o función tampoco vale necesariamente por sí sola, porque ante el acelerado y continuo cambio en el entorno organizacional que caracteriza a la época contemporánea, el dominio de viejas soluciones no necesariamente sirve para resolver nuevos problemas.

Ante todo esto, del mismo modo que conceptos clásicos como "gobierno" o "comercio" ceden ante los nuevos paradigmas del "e-gobierno" y el "e-comercio", los viejos modelos de la administración de recursos humanos han dado paso al de la gestión del talento humano, caracterizado por procesos de "e-selección" de personal. Por ello, en conclusión, es oportuno replantearnos la manera en que escogemos a las personas para las distintas funciones, superando esquemas que ya no resultan apropiados para esta nueva frontera.

ODF y gobierno digital

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

El pasado 1 de mayo, la ISO aprobó la propuesta ISO/IEC 26300, que define un estándar abierto llamado "OpenDocument" (ODF) para los archivos creados por software de oficina y que asegura que los documentos sean accesibles desde cualquier aplicación que lo incorpore. Aunque suena poco importante, tiene relevancia capital para quienes predicamos la neutralidad tecnológica como exigencia para el acceso a la información pública, en el tema del gobierno digital.

La Constitución garantiza el acceso a las oficinas públicas “con propósitos de información sobre asuntos de interés público”. Es decir, la posibilidad de saber lo que sucede en las esferas del poder es un derecho fundamental propio de una sociedad abierta y democrática. Como la información es poder y en una democracia éste debe residir en la voluntad mayoritaria, se sigue que solo garantizando el conocimiento oportuno de las políticas públicas se puede empoderar a los ciudadanos para influir en la definición y evaluación de esas políticas, así como en los cambios que requieran.

En la sociedad de la información, la tecnología se convierte en un vehículo para potenciar el acceso a la información pública. Pero esto requiere que no existan barreras tecnológico-jurídicas a la posibilidad de conocer los datos públicos. Habrá tal barrera cuando, para lograr el acceso, el ciudadano deba contar necesariamente -pero injustificadamente- con cierta plataforma de hardware o de software u otras condiciones técnicas. Un modo de erigir un impedimento de esa naturaleza es publicando los datos y documentos en el formato propietario de un software comercial, de modo que solo estén al alcance de quienes cuenten con ese programa, lo cual implica pagar la respectiva licencia.

Tres problemas. Esto causa tres problemas: torna la información inaccesible para quien no pueda o no quiera adquirir la licencia, condiciona el acceso futuro a los datos a la continuada disponibilidad del software y privilegia a un proveedor, con el que se establece una relación de dependencia, como explicó recientemente don Roberto Sasso (La Nación, 16/6/2006). Todo ello limita el derecho a conocer la información sobre planes, acciones y recursos públicos.

Los Gobiernos deben asegurar que en la creación y conservación de los documentos de interés público no se favorezca a tecnologías que no garanticen un acceso universal, hoy y mañana. No se trata de imponer lineamientos de hardware o de software, sino sobre cómo se crea y conserva la información. Es decir, no es tan relevante cuál software se use, sino que se pueda suministrar los datos y documentos sin obstáculo a cualquier ciudadano preocupado por enterarse de un asunto de interés público.

Pues bien, hasta ahora no existía ningún estándar abierto para los archivos generados por paquetes de software de oficina. La promesa de ODF es llenar ese vacío. En otros países ya están dando pasos hacia la adopción del nuevo estándar. Por ejemplo, en EE.UU. el estado de Massachussets ha acordado definirlo como oficial para sus documentos públicos. Y algunos gobiernos de la Unión Europea y Asia han anunciado que están considerando acogerlo.

Creo que como parte de los esfuerzos por implementar una estrategia eficaz de gobierno digital, convendría adoptar el formato ODF como obligatorio para los órganos del gobierno central. Por vía de directriz, se podría pedir también a las entidades descentralizadas seguir este camino. Por su parte, los Poderes Legislativo y Judicial, los Registros, la Contraloría y el Archivo Nacional deberían establecer el empleo de ODF para la gestión y conservación de los documentos de su competencia.

Para resguardar el acceso de las generaciones de hoy y mañana a la información pública en condiciones de neutralidad tecnológica, la administración costarricense haría bien en incorporar el formato ODF como estándar para la conservación e intercambio de los documentos electrónicos.

ODF: un nuevo estándar para el gobierno digital

Este artículo fue publicado en la revista electrónica del proyecto Democracia Digital (ver publicación original) del 12 de junio del 2006. Una versión resumida apareció en La Nación del día 25 siguiente.

Introducción

El pasado 1 de mayo, la Organización Internacional para la Estandarización [1] y la Comisión Electrotécnica Internacional [2] aprobaron la propuesta de estándar internacional [3] número ISO/IEC 26300, denominada "Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0" [4], especificación que ya había sido aprobada también por la OASIS [5] un año antes [6].

En síntesis, esta propuesta busca definir un formato abierto e interoperable para los documentos generados por software de oficina (procesadores de texto, hojas electrónicas, software de presentaciones, etc.). La idea es que, en el futuro, los documentos generados conforme a los parámetros definidos en este lineamiento serán accesibles por medio de cualquier aplicación informática que incorpore y reconozca el nuevo estándar.

A primera vista, lo que acabo de indicar podría parecer poco importante, pero en realidad tiene una relevancia capital para aquellos que desde hace años venimos predicando el concepto de neutralidad tecnológica como un requerimiento sine qua non para el libre y universal acceso a la información pública [7] [8], en el marco del tema de gobierno digital.

El problema

Nuestra Constitución Política [9] garantiza el acceso de los ciudadanos a las dependencias públicas, “con propósitos de información sobre asuntos de interés público”. Es decir, la posibilidad de conocer lo que sucede en las esferas del poder político constituye un derecho fundamental, como es propio de toda sociedad abierta y democrática. Bajo el supuesto de que la información es poder y de que, en una democracia, el poder debe residir en la voluntad mayoritaria, se sigue que solamente por medio de garantizar a todos el conocimiento oportuno de las políticas públicas (pasadas, presentes y futuras) se puede empoderar a los ciudadanos para que puedan ejercer una influencia determinante no solo en la definición de esas políticas, sino también en su crítica y valoración constante y, eventualmente, en los cambios que sea necesario introducir en ellas.

En la moderna sociedad de la información, los medios tecnológicos en general y la Internet en particular se convierten en vehículos por excelencia para potenciar exponencialmente el acceso a la información pública. Esto supone, desde luego, que desde los propios círculos del poder exista la disciplina incondicionada de poner esa información a disposición de todos por medio de la red, práctica que constituye un pilar del concepto de gobierno digital. Pero, además, es indispensable que no existan injustificadas barreras tecnológico-jurídicas a la posibilidad de acceder a los datos y documentos públicos.

Existirá una barrera tal cuando, para lograr el acceso deseado, el ciudadano interesado deba contar necesariamente, aunque injustificadamente [10], con una determinada plataforma tecnológica de hardware y/o de software, o bien con otras condiciones técnicas asociadas (tales como un cierto ancho de banda). Una manera desgraciadamente frecuente de erigir un impedimento de esta naturaleza, es distribuyendo los datos y documentos en el formato propietario [11] de una aplicación de software comercial, de modo que solo sean accesibles para quienes cuenten con ese programa, lo cual normalmente implicará contar también con la respectiva licencia.

Esta política tiene tres problemas evidentes:

• Torna la información inaccesible para quien no pueda o no quiera adquirir la licencia del software propietario requerido [12].
• Condiciona el acceso futuro a los datos a la continuada disponibilidad del software [13]. Y,
• Privilegia injustificadamente a un determinado proveedor, respecto del cual llega a establecerse una relación de dependencia tecnológica con características monopólicas.

Obviamente, cualquiera de esos escenarios conspira contra el ejercicio efectivo del derecho fundamental a conocer la información sobre planes, políticas, acciones y recursos públicos.

La solución

Los gobiernos deben garantizar que la creación y la conservación de los datos y documentos de interés público se realicen de modo tal que no se privilegie injustificadamente a un tipo de tecnología, respecto de la cual no se tenga garantía de plena accesibilidad presente y futura. Es importante aclarar que no estoy aludiendo a la imposición de lineamientos obligatorios en lo relativo a las plataformas de hardware o de software (como ocurre, por ejemplo, en el debate sobre si las oficinas públicas deberían o no utilizar, obligatoriamente, software de código abierto), sino a la forma en que se crea y conserva la información en sí.

No se puede permitir que datos y documentos públicos sean conservados en formatos cerrados o propietarios, sobre todo aquellos de carácter comercial. Es indispensable utilizar formatos abiertos que garanticen un acceso universal presente y futuro. A esto nos referimos al insistir sobre la neutralidad tecnológica: en realidad no interesa tanto con cuál software se trabaje (propietario, open source o de cualquier otra índole); lo importante es que pueda intercambiar los datos y los documentos libremente con otras personas y, en particular, con cualquier ciudadano preocupado por enterarse de un asunto de interés público.

Desde luego, ya existen algunos estándares internacionales abiertos que acuden a paliar el problema, tales como HTML [14] y XML [15], útiles para el despliegue y transmisión de información en línea. Sin embargo, hasta ahora no existía ningún lineamiento abierto para lograr un estándar en el formato interno de los archivos generados por paquetes de software de oficina [16]. La promesa de OpenDocument (ODF) es, justamente, llenar ese vacío.

En otros países ya ha habido pasos firmes hacia la adopción del nuevo estándar. Por ejemplo, las autoridades federales del estado de Massachussets, en EE.UU., han acordado adoptar OpenDocument como formato oficial para todos sus documentos públicos. Un consorcio de empresas privadas y entidades públicas, conocido como ODF Alliance -que incluye a compañías de la importancia de IBM, Novell, Oracle y Sun Microsystems-, ha sido creado para difundir información sobre él [17]. Redes de voluntarios que colaboran con este esfuerzo han integrado la Open Document Fellowship [18]. Algunos gobiernos de la Unión Europea y Asia han anunciado que están considerando acoger el estándar propuesto [19].

Pienso que en el marco de los esfuerzos de la actual administración por implementar una estrategia eficaz de gobierno digital, convendría considerar la posibilidad de adoptar también el formato ODF como obligatorio para los órganos del gobierno central. Por vía de directriz, se podría solicitar también a las administraciones descentralizadas seguir este mismo camino. Por su parte, la Dirección General del Archivo Nacional -en el contexto de las atribuciones que le confirió la ley 8454 (sobre certificados, documentos y firmas digitales)- debería establecer el empleo obligado de ODF para la gestión y conservación de los documentos de su competencia.

El formato ODF es actualmente soportado por aplicaciones como el StarOffice de Sun Microsystems y el "Workplace Managed Client" de IBM (que son comerciales), así como por el paquete OpenOffice.org (que es software libre y gratuito) [20]. Múltiples desarrolladores lo están incorporando también o han anunciado que lo harán próximamente [21]. Es de esperar que el visto bueno brindado por la ISO/IEC acelerará el proceso de su incorporación en cada vez más aplicaciones.

Conclusión

Para salvaguardar el acceso de las generaciones de hoy y del mañana a la información pública, es preciso garantizar que ésta se conserve en formatos que no ofrezcan duda alguna acerca de su disponibilidad futura. En aras de la neutralidad tecnológica, la administración pública costarricense haría bien en incorporar lo antes posible el formato OpenDocument (ODF) como estándar para la conservación e intercambio de los documentos electrónicos.

Notas

1. International Organization for Standarization, ISO.
2. International Electrotechnical Commission, IEC.
3. "Draft international standard", DIS.
4. Consúltese http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=43485&scopelist=PROGRAMME
5. La OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) es un consorcio internacional sin fines de lucro, fundado en 1993, que impulsa estándares de e-comercio.
6. Consúltese http://www.oasis-open.org/committees/ballot.php?id=747
7. HESS ARAYA, Christian. "Los principios rectores del acceso universal a la información pública", diciembre 2004.
8. HESS ARAYA, Christian. "Neutralidad tecnológica y acceso universal a la información pública", setiembre 2005.
9. Artículo 30.
10. Es decir, que no existe un fundamento razonable para la exigencia.
11. Entendiendo por "formato propietario" aquel respecto del cual la empresa correspondiente ostente derechos exclusivos, ya sean éstos de autor, patentes u otros mecanismos de tutela de la propiedad intelectual comercial.
12. El caso real más extremo que conozco de este supuesto ocurrió el año pasado, cuando en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, recién golpeada por el huracán Katrina, muchos ciudadanos estuvieron imposibilitados de acceder a la información de las agencias que atendían la emergencia debido a que ésta solo era accesible desde cierta plataforma tecnológica comercial.
13. Mil cosas podrían conspirar contra ello en el futuro: el software se hace obsoleto, la licencia expira, la empresa desarrolladora desaparece, etc.
14. "HyperText Markup Language".
15. "Extensible Markup Language". De hecho, ODF es un formato basado en XML.
16. Una estrategia frecuente es utilizar el formato PDF, que es una especificación más bien orientada a la impresión.
17. Ver http://www.govtech.net/magazine/channel_story.php/98653
18. http://www.opendocumentfellowship.org
19. Véase, por ejemplo, OpenForum Europe, "OpenForum Europe Welcomes Announcement from ISO"
20. Véase http://www.openoffice.org/press/iso_pr.html
21. CNET News. "OpenDocument format gathers steam".

Cómo nació Democracia Digital: una nostálgica mirada atrás

Este artículo fue publicado en la revista electrónica del proyecto Democracia Digital (ver publicación original)

En enero del 2001, apareció en la revista estadounidense "Communications of the ACM" un artículo titulado "A strategic perspective of electronic democracy", por Richard T. Watson y Bryan Mundy [1]. El documento discutía diversas formas por medio de las cuales se puede utilizar tecnología como herramienta potenciadora de la participación ciudadana y de los servicios de e-gobierno en general.

La lectura de ese interesantísimo trabajo -a un año de las elecciones de febrero del 2002 en Costa Rica- hizo surgir la inquietud de si sería posible realizar un ensayo de parecida naturaleza en nuestro país. Alguna reflexión adicional incluso produjo un nombre tentativo que parecía -y sigue pareciendo- felizmente apropiado: Democracia Digital. Mejor aun, una rápida verificación reveló que ese nombre, bajo el dominio "org" de Internet, se encontraba disponible.

Abusando de la amistad -que, aun cuando ellos posiblemente no estén preparados para confesarlo públicamente, se basa en realidad en nuestra común afición por la música progresiva-, expuse la idea a dos amigos, Roberto J. Gallardo Núñez y Manuel Barahona Montero. Roberto es politólogo y Manuel sociólogo, ambos de extracción académica universitaria y versados en la investigación en ciencias sociales, de manera que serían compañeros de equipo idóneos para el proyecto. Para nuestra colectiva satisfacción (la mía de ese entonces y la de todos los lectores de DD hasta la fecha), ambos se entusiasmaron con la propuesta y pusimos manos a la obra.

Desde el primer día, teníamos claro que DD debía tener un perfil académico, no lucrativo y políticamente neutral, si teníamos alguna pretensión de ser tomados en serio por investigadores y público en general. De aquí nació el "mantra" que permanece hasta hoy, el de constituirnos en una “Iniciativa cívica, pluralista y sin fines de lucro, que emplea la tecnología de la información para potenciar la vivencia democrática”. Además, dedicados como lo estábamos los tres primordialmente a otras actividades profesionales, laborales y familiares, el proyecto no podía demandar mayor tiempo y energía de lo que podíamos permitirnos.

De este modo, rápidamente coincidimos en un formato de revista electrónica mensual, organizada alrededor de tres ejes temáticos:

• Participación ciudadana;
• Formación cívico-electoral; y,
• Transparencia política [2].

Idealmente, la revista contaría cada mes con al menos un artículo de cada materia, más un comentario editorial, un resumen de noticias relevantes del mes anterior y una sección de cartas y comentarios de los lectores.

Desde el punto de vista de la distribución del trabajo, Roberto y Manuel serían los coordinadores y responsables primarios del contenido sustantivo de la revista. Yo realizaría aportes también desde el campo jurídico y estaría a cargo de producir las ediciones (es decir, de generar y publicar materialmente cada número). La primera edición vio la luz el 26 de marzo del 2001.

Lo siguiente era ir en búsqueda de una audiencia y de enrolar colaboradores externos. Julio Rodríguez, coordinador de opinión del periódico La Nación, se interesó en nuestro trabajo y tuvo la gentileza de concedernos un espacio para difundir la existencia del proyecto [3]. Roberto, que a la sazón producía un espacio en la radio de la Universidad de Costa Rica los días lunes, titulado "Desayunos de Radio Universidad", convenció a su coproductor Alberto Salom de dedicar un programa al proyecto. En octubre, aproveché una participación que tuve en el I Congreso Mundial de Derecho e Informática, efectuado en Quito, Ecuador, para darle a DD su primera dosis de exposición internacional [4]. Y el 15 de noviembre del 2001, de nuevo La Nación dedicó un artículo noticioso a nuestro trabajo [5].

A partir de este momento, el proyecto comenzó a tomar ímpetu, lo cual se reflejaba tanto en el número de visitantes al sitio web como en la creciente cantidad de aportes externos. Especial mención merece el apoyo que en esta etapa nos brindaron las investigadoras de la Fundación Acceso, particularmente de Juliana Martínez Franzoni. La calidad de sus trabajos fue decisiva en lo tocante a posicionar a DD como un referente respetado por la comunidad académica, política y jurídica nacional. Y, desde luego, tampoco se puede dejar de mencionar la huella dejada por nuestro igualmente común amigo Mauricio Jurado Fernández, creador del logotipo que sigue adornando hasta hoy la portada de cada edición.

En agosto del 2002 concluyó mi etapa de aporte directo a DD [6]. Con la llegada al proyecto de los colegas y amigos del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, sumada a la continuada guía de Roberto y Manuel, me pareció que nuestra pequeña pero ambiciosa criatura quedaba en buenas manos, liberando energías y tiempo para otras cosas.

Cinco años después de su humilde y trabajoso nacimiento, Democracia Digital ha crecido y madurado. Como dije en el 2002 y reitero ahora, DD nació de una idea muy simple: la de que el medio electrónico puede servir proactivamente al enriquecimiento de la democracia. Creo que la veracidad de esa premisa hoy ya no se puede poner en duda.

Notas

1. WATSON, Richard T. y MUNDY, Bryan: "A strategic perspective of electronic democracy". En Communications of the ACM, volumen 44, número 1. Association for Computing Machinery, enero 2001.
2. Eventualmente añadimos un eje más: el de los derechos fundamentales.
3. HESS ARAYA, Christian: "Potenciando la vivencia democrática". La Nación, 5 de mayo del 2001.
4. HESS ARAYA, Christian: "Tecnología para potenciar la vivencia democrática: el proyecto Democracia Digital". Ponencias del I Congreso Mundial de Derecho e Informática. Quito, Ecuador, 15-18 de octubre del 2001.
5. HESS, "Potenciando ...". Op. cit.
6. HESS ARAYA, Christian: "Una despedida de DD". Democracia Digital, agosto del 2002.

Accesibilidad en la red

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Aunque han transcurrido 9 años desde que se dictó la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Ley No. 7600), no hay duda de que el terreno por recorrer para dar cumplimiento a sus fines -que, en resumen y como lo señala ese mismo texto, consisten en lograr el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes- es aún considerable.

Entre las obligaciones que fija la ley, de los artículos 4 y 5 se sigue que el Estado debe observar y garantizar los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios que preste; eliminar aquellas barreras que directa o indirectamente promuevan la discriminación o impidan a las personas con discapacidad tener acceso a los programas y servicios; y proveer a dichas personas el apoyo y las ayudas técnicas necesarias para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes.

Lamentablemente, a medida que avanza y madura en nuestro país el concepto del gobierno electrónico y de la prestación directa de información y servicios a los ciudadanos por medios informatizados, queda claro que la población discapacitada está quedando a la zaga en lo que se refiere a tener pleno acceso a ellos. Con ello se incumple lo que explícitamente señala el numeral 50 de la legislación citada, según el cual las instituciones públicas -y también las privadas- deben garantizar que la información dirigida al público sea accesible a todas las personas, respetando sus necesidades particulares.

Múltiples limitaciones. En efecto, los sitios web prácticamente de todas las entidades y organismos públicos presentan una serie de limitaciones para el acceso de personas con restricciones físicas o neurológicas, que en la práctica los tornan sumamente difíciles, cuando no imposibles, de navegar.

En el ámbito internacional, existe desde hace varios años una serie de recomendaciones, recogidas por ejemplo en los "Lineamientos de accesibilidad del contenido web" del World-Wide web Consortium (W3C), cuya finalidad es reducir o incluso suprimir las barreras que por acción u omisión erigen los diseñadores de los sitios de la Internet a las personas discapacitadas. Muchas de esas disposiciones tratan sobre detalles, grandes y pequeños, sobre los que a una persona sin esas limitaciones normalmente ni siquiera se le ocurriría pensar. Por ejemplo:

• Infinidad de páginas web utilizan combinaciones de colores y tipos de letra que resultan difíciles de apreciar por personas de visibilidad reducida o daltónicas.
• Son frecuentes los gráficos animados con destellos brillantes, que producirían ataques epilépticos en personas fotosensibles.
• Simple, pero imposible. Se da por supuesto que el visitante puede hacer 'clic' en los elementos de las páginas, sin consideración a que muchos poseen limitaciones motoras que les imposibilitan una acción tan simple.

Si bien Costa Rica es aún excepción, ya hay diversos países donde la observancia de recomendaciones como las mencionadas es legalmente obligatoria para las entidades estatales. En mi opinión, disposiciones como las de la ley 7600 facultan a instancias tales como la recientemente creada Comisión Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Conatic) a proponer al Ejecutivo la emisión de directrices similares en nuestro medio.

Entretanto, claro, lo ideal sería que cada oficina pública avance voluntaria y aceleradamente hacia la adopción de las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad de su información y servicios, como lo ha hecho la Sala Constitucional con su sitio web. Así, sin esperar a que sea obligado actuar, se podrán mejorar los niveles de cumplimiento de la Ley 7600.

Es hora de demostrar el compromiso del Estado con los discapacitados, en los hechos y no solo en las palabras.

¡Participen, ciudadanos!

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

En mi artículo del 15/12/04, "La política del blog", hice un comentario acerca del surgimiento del weblog como instrumento de participación ciudadana en los procesos electorales y en el debate sobre las políticas públicas, en cada vez más países. Como ejemplo concreto, puse de relieve el papel que esa tecnología había jugado en las últimas elecciones en Estados Unidos. Notas posteriores aparecidas en La Nación del 9 de enero y 20 de marzo, así como en la sección del Wall Street Journal, dan cuenta también sobre la relevancia de esta nueva vía de expresión en esos y otros campos.

Con motivo de los comicios del pasado 5 de mayo, el turno le tocó esta vez -con energía de vendaval- a la política británica. De acuerdo con informaciones divulgadas por la BBC, los ciudadanos deseosos de decir sus cuatro verdades acerca de la política y los políticos de su país no se limitaron a vocearlas solamente desde la famosa "esquina de los oradores" en Hyde Park, sino que optaron masivamente por instalar sus "esquinas virtuales" en el ciberespacio. Los candidatos -incluso el propio primer ministro Blair- hicieron lo mismo, conscientes de la importancia de este nuevo medio para llegar de modo efectivo y barato a sus constituyentes, particularmente a los más jóvenes, para quienes la navegación por la web es parte de una vivencia diaria.

En medio de una campaña política opaca y aburrida, los analistas británicos coinciden en que el contraste refrescante provino de la actividad vertiginosa que mostraron los innumerables blogs. De acuerdo con la BBC, se habló de todo: inmigración, educación, economía, delincuencia, impuestos, Iraq y, sobre todo, de la cuestión fundamental de si se puede confiar o no en la clase política. Los dardos (y uno que otro elogio) cayeron sobre todos los partidos y todos los candidatos. Por supuesto, muchos de los comentarios no precisamente brillaban por su profundidad e inteligencia, pero tampoco escasearon los análisis agudos y oportunos. Estos últimos provenían de expertos politólogos y de ciudadanos ordinarios.

A escasos nueve meses. Incluso había un blog -interesantísimo, en mi opinión- abierto a las personas que habían decidido abstenerse de concurrir a las urnas, en las que podían explicar los motivos de su actitud. Así, por medio de este recurso, como observó de modo brillante un analista, la no participación se convirtió en participación. Aparte de las valiosas enseñanzas que debe aportar un medio como éste en cuanto a la comprensión de ese complejo fenómeno que es el abstencionismo electoral, pienso que -paradójicamente- las razones brindadas por algunos visitantes bien pueden haber servido más bien para convencer a muchas personas sobre la importancia de involucrarse y emitir el sufragio.

Pues bien: de este lado del Atlántico, a escasos nueve meses de las elecciones nacionales, quiero insistir sobre lo que ya sostuve en mi artículo de diciembre pasado: que Internet (en sus diversas modalidades, que van desde el simple correo electrónico hasta los blogs, pasando por los sitios web y los canales RSS), provocan un importante incremento en el nivel y la calidad del debate público sobre los partidos políticos, sus candidatos y programas de gobierno. A esto venimos apostando desde hace más de cuatro años en Democracia Digital.

Hay todo el espacio del mundo para el surgimiento de otros medios similares. Quiero entonces aprovechar la oportunidad para reiterar un llamado a aprovechar las ventajas de la tecnología para participar y que las personas hagan sentir su criterio. La esperanza es que en Costa Rica podamos aportar un grano de arena para combatir la apatía y el abstencionismo. En lo personal, ofrezco un espacio en el sitio www.hess-cr.com para enlazar hacia los sitios y blogs que asuman con seriedad esta tarea, independientemente de cuál sea su orientación política o partidaria.

La política del blog

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original), así como en la revista electrónica del proyecto Democracia Digital (ver publicación).

Durante la reciente campaña presidencial en Estados Unidos, se manifestó con fuerza irresistible un fenómeno novedoso, que promete cambiar irreversiblemente la fisonomía de la política tradicional en ese y otros países del mundo: el fenómeno del weblog o blog.

En términos sencillos, un blog no es más que una página o sitio en Internet, desde el cual el dueño o creador se dedica a hacer comentarios personales, dirigidos al público en general, sobre cualquier tema que desee. Dado que esas notas suelen ser más o menos concretas, ordenadas cronológicamente y publicadas de modo regular (eso lo decide el autor, pero muchos lo hacen todos los días), adquieren cierta semejanza con las bitácoras o diarios tradicionales y de allí su nombre (weblog = diario o bitácora en la web).

Barómetro social. La riqueza de un blog proviene justamente del hecho de que traduce la personalidad de su creador ya que, por medio de esta herramienta, aquel transmite a los demás sus opiniones, gustos, experiencias y todas las demás cosas que encuentre interesantes o dignas de comentario. A diferencia de un medio de prensa tradicional -cuya reputación descansa sobre su seriedad, independencia y objetividad-, lo fascinante de un blog es que está destinado, por su propia naturaleza, a ser altamente informal y subjetivo. No es de sorprender, entonces, que uno bueno tienda a atraer a otras personas de mentalidad o gustos similares, que lo visitarán regularmente. Y, si el sitio admite la interacción con los visitantes (por ejemplo, por medio de espacios para que estos envíen sus propios comentarios), tarde o temprano probablemente atraerá también a personas de signo opuesto, a partir de lo cual de seguro nacerán polémicas de mayor o menor altura. Así pues, los blogs de alguna manera hacen las veces de un barómetro o radiografía social, y nos permiten sopesar el estado de la opinión pública sobre los asuntos de interés.

Aunque un blog puede estar orientado al tema o temas que sean, inevitablemente encontramos un gran número de ellos que están dedicados a cuestiones de índole social en general y a la política en particular. En Estados Unidos -tanto al calor de la campaña como incluso posteriormente- han aparecido innumerables sitios en la red que persiguen tanto apoyar como cuestionar a los candidatos y sus partidos. También hay muchos cuyo propósito es vigilar la gestión pública y denunciar aquellas cuestiones que sus creadores consideran negativas. Algunos, como instapundit.com o drudgereport.com reciben millones de visitas diarias. Si esto no es participación y auditoría ciudadana en su más vigorosa expresión, no sé qué lo será.

La creciente influencia y poder de los blogs se puso de manifiesto a finales del 2002, cuando unos comentarios del entonces líder de la mayoría del Senado estadounidense, Trent Lott -y que hasta entonces no habían atraído mayor atención de la prensa-, encontraron eco en diversos blogs, que denunciaron su contenido racista. El político se vio forzado a disculparse públicamente, a pesar de lo cual escasas dos semanas después perdió su jefatura.

Florecimiento a la tica. El fenómeno del blog no parece haber tomado aún demasiada fuerza en nuestro medio. Pero anticipo que los recientes hechos que han conmocionado y continúan conmocionando a la opinión pública, así como la cercanía de la campaña política nacional, podrían proveer del ímpetu necesario para que veamos un florecer de blogs a la tica.

No en vano decía alguien que Internet es la imprenta de Guttenberg de hoy; un medio abierto en el que no se requiere tener muchos recursos para que quien sea pueda incursionar y decir sus cuatro verdades a quien quiera leerlas. Es el vehículo por excelencia para la libre expresión.

Si la llegada de esta ola al país lograra provocar un incremento en el nivel y la calidad del debate público, sería más que bienvenida. No puedo esperar a leer aquellos que se perfilen como los mejores blogs nacionales.

La parábola del cerrojo

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

En enero pasado un analista en temas de seguridad llamado Matt Blaze publicó un artículo que describe una vulnerabilidad de los cerrojos de llave maestra, aquellos que permiten a una persona poseer una llave de su puerta, mientras alguien más -por ejemplo, un administrador- tiene una copia maestra que abre esa y todas las demás puertas del mismo edificio. En este caso, por medio de la técnica descrita, sería posible que cualquier persona convierta su llave individual en llave maestra.

Según cuenta Bruce Schneier, especialista en seguridad informática, la aparición del artículo desató un furor entre los expertos en cerrajería. Resulta que la técnica en cuestión era bien conocida desde hace más de un siglo por ellos, pero nunca había sido discutida en público. Las personas que adquirían estos cerrojos la desconocían por completo, y los cerrajeros estaban muy contentos, suponiendo que esa ignorancia generalizada era algo bueno: mantener este conocimiento fuera del dominio público evitaría que los delincuentes lo aprovecharan. Aunque parece que en el mercado existen otros sistemas de llave maestra inmunes a la técnica publicada por Blaze, son escasos y caros. Según los cerrajeros, mientras la gente no supiera nada del problema, sería más fácil y más barato continuar fabricando y vendiendo los sistemas vulnerables, que tomarse la molestia de repararlos.

Técnica conocida. El problema es que la famosa y centenaria técnica ya era conocida y se transmitía sotto voce en el bajo mundo. Se dice que, en 1994, un ladrón se apoderó una llave maestra y logró robar el equivalente de $1,5 millones en joyas, sustrayéndolas de las cajitas de seguridad del banco donde estaban guardadas. A los delincuentes, desde luego, no los gobierna el "pacto de silencio" de los cerrajeros.

La moraleja es que, cuando cierta información tiene la capacidad de afectar seriamente los intereses de las personas, mantenerla fuera de su conocimiento no solo sirve de poco o nada, sino que, de hecho, es peligroso e irresponsable. Al manejarse la información en secreto, quienes tienen el poder y el deber de actuar para enfrentar el riesgo no se ven sometidos a la presión pública para hacer algo sobre el particular. Al mismo tiempo, las personas que están expuestas a ese riesgo se ven imposibilitadas de tomar medidas concretas para reducir su exposición. En el caso de los cerrojos, quizás la gente dejaría de utilizar los sistemas de llave maestra defectuosos si tan solo supiera lo vulnerables que son.

Peligro e irresponsabilidad. Por mi parte, leyendo del affaire de los cerrojos, se me ocurre pensar que todo lo dicho se aplica por igual en materia de transparencia en el acceso a la información sobre políticas públicas. Cuando los gobernantes y autoridades definen políticas que pueden afectar negativamente a los ciudadanos, pero no las someten al escrutinio general, actúan de manera potencialmente peligrosa e irresponsable. Al sustraerlas del examen público, impiden que el debate saque a la luz sus fallas y debilidades. La auditoría ciudadana y la rendición de cuentas ceden. La prensa no puede cumplir con una función esencial que le corresponde en una sociedad libre: vigilar la gestión pública y alertar a los ciudadanos sobre los problemas que pueda mostrar.

Como lo subraya Schneier, la mayoría preferiríamos manejar la mayor cantidad de información posible para poder tomar decisiones informadas sobre las cosas que nos atañen. Quisiéramos contar con los elementos de juicio necesarios para presionar y poder obtener una solución adecuada para algo que no anda bien. No desearíamos que sean otras personas quienes decidan por nosotros qué y cuánto podemos saber de cuestiones que nos afectan o pueden afectar profundamente. De allí que todo este asunto de los cerrajeros y sus secretos tenga un profundo valor como enseñanza. Es prácticamente una parábola. La parábola del cerrojo.

Una despedida de Democracia Digital

Este artículo fue publicado en la revista electrónica del proyecto Democracia Digital

Por una decisión personal, he decidido dejar mis labores habituales como coeditor de Democracia Digital, para pasar a fungir únicamente como un colaborador ocasional.

A un año y medio de su fundación, DD ha representado una experiencia de enorme valor y de gran aprendizaje. Con orgullo vemos como el sitio web recibe miles de visitas al mes, mientras que cientos de personas se han suscrito a la lista de correo y demuestran así su interés permanente en el proyecto.

Creo que el trabajo realizado ha sido de gran calidad y que mis hasta hoy compañeros sabrán continuar impulsándolo, hasta consolidarse como referencia obligada del espectro político y sociológico nacional. DD nació de una idea muy simple: la de que el medio electrónico puede servir proactivamente al enriquecimiento de la democracia. Creo que la veracidad de esa premisa hoy ya no se puede poner en duda.

Tecnología para potenciar la vivencia democrática: el proyecto "Democracia Digital"

Este trabajo fue presentado como ponencia para el tema "E-gobierno" del I Congreso Mundial de Derecho e Informática, Quito, Ecuador. 15-18 de octubre del 2001.

"La capacidad del hombre para la justicia hace la democracia posible, pero es la inclinación del hombre hacia la injusticia lo que hace la democracia necesaria."

Reinhold Niebuhr (1892-1971) [1]

Orígenes y fundamento del proyecto

La Revolución Francesa legó a la humanidad, entre otros valores, los conceptos modernos de democracia y libertad. En el terreno de la relación gobernantes-gobernados, de ese movimiento nació también la idea de la personificación jurídica del Estado; piedra angular del Derecho Administrativo.

Sin embargo,

"... el Estado moderno heredó del príncipe medieval -entre otras características- la de la lejanía, el distanciamiento que ordinariamente lo aleja de los administrados. El acceso a las autoridades públicas es, por lo general, difícil y restringido. Además, la organización compleja y la existencia de una burocracia que devotamente practica lo que algunos han dado en llamar 'tramitología', hace que la interacción ciudadano-gobierno se suela caracterizar por la lentitud y la necesidad de superar innumerables obstáculos hasta lograr la meta deseada." [2]

El comentado divorcio entre los ciudadanos y las autoridades de gobierno da pie a una serie de consecuencias indudablemente negativas, incluyendo el desinterés de los primeros por la gestión pública y por lo político en general, fenómeno este último que se traduce en la apatía electoral que actualmente afecta incluso a las democracias más fuertes. En efecto, tasas de abstencionismo del cincuenta por ciento no son extrañas en sociedades como los Estados Unidos y diversos países europeos.

Estos hechos claramente conducen al debilitamiento de la democracia. No es secreto que un interés disminuido de los ciudadanos por la marcha de los negocios públicos conduce con facilidad a la corrupción y al autoritarismo.

La tecnología crea oportunidades para acercar el Estado a los ciudadanos¿Cómo revertir este proceso? En principio, la solución ideal -aunque de mediano a largo plazo- podría residir propiamente en los programas de educación cívica de niños y adolescentes, en sus respectivos centros de enseñanza primaria y secundaria. Pero, complementariamente, pensamos que la creciente difusión de la tecnología informática entre la población en general crea oportunidades nuevas e invaluables para acercar el Estado a los ciudadanos y acrecentar el interés de los segundos en la cuestión pública.

El concepto de "gobierno electrónico" gira precisamente en torno a esta concepción: la de que la tecnología en general y la Internet en particular puede aumentar y mejorar el diálogo entre gobernantes y gobernados. [3] Es posible prestar servicios directamente a los ciudadanos, informarlos más y mejor sobre proyectos en marcha, permitirles opinar sobre iniciativas legislativas, examinar y discutir la conducta de los funcionarios públicos, etcétera.

A inicios del año en curso, tres profesionales costarricenses -el politólogo Roberto Gallardo Núñez, el sociólogo Manuel Barahona Montero y quien suscribe- concebimos la posibilidad de iniciar un experimento a partir del marco teórico recién expuesto. La idea fue crear un sitio web con una doble naturaleza: por una parte, centro de acopio de recursos en línea relacionados con los temas de interés (descritos en la sección siguiente) y, por otra, revista electrónica de investigación. Fue así como nació el proyecto Democracia Digital (DD), en marzo pasado.

El sitio web de DD se ubica actualmente en http://www.democraciadigital.org

Descripción del proyecto

Democracia Digital es una iniciativa cívica, pluralista y sin fines de lucro, que surge como contribución a los esfuerzos por lograr el más eficaz aprovechamiento de los avances en la informática y las telecomunicaciones para la ampliación y el enriquecimiento de la convivencia democrática de la sociedad costarricense, de cara al inicio de un nuevo siglo.

Inicialmente, el proyecto se centró en tres áreas primordiales de énfasis:

• Participación ciudadana. Apunta a inventariar y poner en común las fortalezas y debilidades de los diversos medios de participación con que cuenta la ciudadanía para intervenir e incidir en las cuestiones de gobierno, ya sea a nivel local, regional o nacional, así como abrir espacios de reflexión sobre los medios de mayor eficacia en términos del acercamiento ciudadanía-Estado bajo un nuevo entorno tecnológico. Son claves aquí los conceptos de gobierno electrónico (en lo relativo a la comunicación de gobernantes a gobernados) y de auditoría ciudadana (en el sentido inverso).
• Fomento cívico-electoral. Los procesos democráticos desembocan en jornadas electorales que involucran a los organismos responsables de tutelar esas jornadas y a los formatos de representación de la ciudadanía, la cual requiere de información precisa sobre el calendario de procesos electorales, las disposiciones que regulan tales procesos y los mecanismos de participación directa e indirecta en los mismos. Y,
• Transparencia política. En está área interesa estimular el análisis y el debate en relación con las ofertas programáticas de los formatos de representación política de nivel nacional y de su perspectiva sobre los tópicos más relevantes del desarrollo nacional, en condiciones de igualdad, esto es, con independencia de consideraciones sobre su trayectoria o caudal electoral y más allá del acartonamiento publicitario. Interesa también la promoción de mecanismos para que las personas puedan exigir de la administración pública la adecuada rendición de cuentas sobre su gestión.

Posteriormente y como resultado de la paulatina maduración del proyecto, se dispuso agregar un área temática adicional: Libertades y derechos fundamentales, cuya premisa es la que de el fomento de la vivencia democrática necesariamente involucra también la tarea de identificar y fomentar el ejercicio de los derechos inalienables de la persona.

En consecuencia, el proyecto se encuentra estructurado en secciones fijas para cada uno de los grandes temas señalados, más los siguientes espacios adicionales de apoyo:

• Presentación: comentario editorial mensual sobre el contenido de las nuevas ediciones.
• Cartas: incluye las misivas recibidas de lectores y visitantes del proyecto durante el mes anterior.
• Resumen noticioso: los hechos que, durante el mes que precede, directamente interesan a los fines y contenido del proyecto.
• Otros temas: que permite el desarrollo de la discusión en torno a aspectos puntuales que, por su naturaleza, no corresponden estrictamente a ninguna de las áreas fijas pero que los editores del proyecto juzgamos de importancia contributiva a los fines de DD.
• Foro Digital: en el que se invita a los visitantes del proyecto a externar su criterio, no sólo sobre DD como tal sino también sobre los temas relevantes y otros aspectos de actualidad nacional e internacional.
• Lista de correo electrónico "ddigital": por medio de la cual se mantiene a las personas interesadas al tanto de las nuevas ediciones de la revista electrónica y otros aspectos relativos al proyecto.

Evaluación de logros. Planes para el futuro.

A la fecha, el proyecto se encuentra en su octavo mes. Se ha publicado más de 40 artículos sobre temas de fondo, aportados no sólo por los editores sino también por una creciente red de colaboradores nacionales y extranjeros.

Las visitas al sitio web no se pueden considerar masivas aun. Sin embargo, han crecido continuamente de un mes a otro y actualmente muestran, en total, aproximadamente un 400% de incremento respecto del primer mes completo de estadísticas. De manera predecible, la inmensa mayoría de los visitantes son costarricenses, pero también tenemos un considerable y creciente número de usuarios extranjeros. [4]

Algunas de las expectativas iniciales del proyecto no han sido satisfechas plenamenteCoyunturalmente, ha habido la oportunidad de desarrollar experiencias muy interesantes. Entre ellas destaca la colaboración que brindamos a una Comisión Especial de alto nivel, creada para analizar una propuesta del Presidente de la República orientada a convertir nuestro actual régimen político constitucional presidencialista en un sistema semiparlamentario. A partir de un cuestionario preparado por dicha comisión para recibir el criterio de ciudadanos interesados, creamos un formulario electrónico para nuestros visitantes, por medio del cual varias personas aportaron opiniones y recomendaciones que eran dirigidas automáticamente, por correo electrónico, a los funcionarios responsables. A la conclusión del plazo fijado, se nos informó que esta iniciativa en definitiva representó la principal fuente de participación ciudadana que tuvo la Comisión. Pensamos que ello confirma nuestra tesitura en cuanto a que la tecnología efectivamente ofrece posibilidades reales de comunicación política, previamente inexploradas.

Sin embargo, algunas de las expectativas iniciales del proyecto no han sido satisfechas plenamente. En particular, en el área de "Transparencia política" esperábamos efectuar un ejercicio continuo de "Política comparativa" que no ha comenzado a rendir sus frutos. La idea aquí era lograr un apoyo directo de las fuerzas político-electorales del país para efectos de confeccionar y presentar una matriz comparativa de tesis en cada uno de varios "grandes temas" de relevancia para la ciudadanía, de cara al proceso eleccionario de febrero del 2002 en nuestro país. Infortunadamente, la cooperación requerida a ese efecto ha sido nula en la práctica. El problema pareciera radicar en la ausencia actual de programas de gobierno estructurados por parte de los partidos políticos participantes del proceso. Es factible, entonces, que a partir de octubre de este año se pueda retomar la iniciativa.

En lo que concierne al futuro, planeamos introducir una columna fija sobre temas de acontecer nacional, aportada por un colaborador externo. Del mismo modo, tenemos el plan de ofrecer mecanismos informáticos que faciliten y fomenten la posibilidad de que los visitantes de DD remitan correo electrónico a los titulares de las diversas entidades de Gobierno y del Poder Legislativo.

Conclusión

Democracia Digital es una iniciativa puramente personal y voluntaria de sus tres editores. En ausencia de ninguna clase de financiamiento o apoyo externo, el avance del proyecto depende fundamentalmente de las horas libres que modestamente podamos dedicarle.

Aun así, traducir la idea original a la realidad nos ha llenado de gran satisfacción, que se ve reforzada por los comentarios unánimemente positivos que recibimos. En gran medida, pensamos que el trabajo desarrollado hasta la fecha ya ha servido para corroborar la validez de las premisas iniciales formuladas.

Como se ha dicho,

"... para hacer posible la promesa del gobierno digital, se requiere de una serie de importantes ajustes a nivel de infraestructura técnica y jurídica. En especial, se ha destacado la necesidad de promover toda una nueva cultura de la prestación de servicios de la Administración por vía telemática. Para lograrlo, se requiere garantizar, entre otros factores: a.- el acceso pleno de los ciudadanos a la Internet (lo cual incluye familiarizar a los niños y jóvenes con la red desde la escuela y colegio); y, b.- la modernización de las estructuras estatales para su traslado a la esfera digital." [5]

Continuamos trabajando fuertemente para lograr que Democracia Digital sea una herramienta de aporte efectivo a esa "nueva cultura", en beneficio directo del fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos.

Notas

1. MICROSOFT CORP., "Encarta Book of Quotations", 2000. Traducción libre del autor.
2. HESS ARAYA, Christian. "La promesa del gobierno electrónico", publicación electrónica del proyecto Democracia Digital. San José, marzo del 2001.
3. VEGA B. Hannia. "La Comunicación Política Gubernamental: E-gobierno como instrumento de transparencia política", publicación electrónica del proyecto Democracia Digital. San José, abril del 2001.
4. Fuente: WebTrends Live
5. HESS ARAYA, Christian. "La promesa del gobierno electrónico", op.cit.

Potenciando la vivencia democrática

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

En su reciente obra La resistencia, Ernesto Sábato denuncia con vehemencia el empleo de la tecnología para crear mundos virtuales que, a la postre, más que acercar a las personas solo contribuyen a quebrar la posibilidad de una verdadera comunicación a la antigua: cara a cara. No soy quién para contradecir al maestro, pero sí creo que es posible optar por una visión más optimista acerca de lo que pueden brindarnos los avances técnicos y científicos.

Un terreno crucial lo constituye la exploración de las posibilidades que ofrece la tecnología en general -Internet en particular- para fomentar la vivencia democrática. Está claro que hoy el país enfrenta el desafío de buscar y poner en práctica nuevas vías para depurar y fortalecer el régimen republicano y estimular el interés y la participación de los ciudadanos, tan venida a menos, en la gestión pública.

El proyecto Democracia Digital nace de la apuesta que sus editores hacemos a que la red mundial -capaz de recoger desde lo más sublime hasta lo más grotesco que la imaginación puede crear- posee ese potencial. Aunque está orientado a una audiencia amplia, tenemos la firme esperanza de que los jóvenes -dada su casi ilimitada capacidad para soñar y aprovechar las nuevas aplicaciones que este medio ofrece- respondan con mayor energía. Después de todo, se trata de quienes tienen el futuro del país en sus manos.

Democracia Digital es una iniciativa cívica, no lucrativa y totalmente voluntaria, organizada alrededor de tres áreas temáticas centrales (que no excluyen otras vertientes de eventual interés).

Participación ciudadana. El Estado moderno heredó del príncipe medieval -entre otras características- la lejanía: el distanciamiento de los ciudadanos. El acceso a las autoridades públicas es hoy difícil y restringido. Además, la organización compleja y una burocracia devota de lo que algunos llaman tramitología hacen que la interacción ciudadano-gobierno se caracterice por la lentitud y la necesidad de superar innumerables obstáculos hasta lograr la meta deseada. Creemos que la tecnología puede acortar la brecha, posibilitando el concepto del "gobierno electrónico": un Estado que interactúa con los administrados y les presta servicios directos, por medios telemáticos.

Formación cívico-electoral. La tecnología también puede fortalecer la educación cívica, estimulando nuevas formas organizativas de cara a los distintos procesos electorales, nacionales o locales. En este plano, se puede enriquecer el debate de temas como la participación política de la mujer y de otros sectores insuficientemente representados, la reforma electoral, el voto electrónico, etc.

Transparencia política. La tecnología puede proporcionar espacio para que los ciudadanos conozcan y comparen objetivamente las diversas ofertas políticas y los temas en verdad relevantes, al margen de la propaganda tradicional. En efecto, se sabe que la propaganda por lo general solo contribuye a tender una cortina de humo sobre el debate de los aspectos medulares y apremiantes. Los partidos mayoritarios monopolizan la comunicación gracias a su mayor capacidad económica, ahogando el mensaje de las fuerzas que procuran emerger con nuevas propuestas. Por ende, Internet -quizás el medio de comunicación más igualitario y democrático de la historia- puede nivelar las oportunidades y ofrecer al elector un punto de vista más reposado y objetivo.

Democracia Digital pretende servir como centro de acopio y punto de referencia para el acceso a información actualizada y confiable sobre las tres áreas temáticas propuestas. Por ejemplo, esperamos ofrecer una perspectiva clara sobre el tema de la reforma electoral, contrastando iniciativas como el proyecto de nuevo Código de la materia y la denominada Ley de partidos políticos. En este sentido, el enfoque tiende a centrar el análisis el torno a la necesidad de fortalecer la permanencia e independencia del Tribunal Supremo de Elecciones, como garante de la pureza del sufragio.

Confiamos en que este esfuerzo halle eco entre los más diversos sectores de la sociedad, aportando sus propias reflexiones en torno a estos temas o visitando el proyecto para aprovechar los recursos que ofrece. Si se puede contribuir así un poco al combate de la apatía y el descrédito de lo político, el experimento habrá sido un éxito.