El gran poder de la humilde lista

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Hace varios años, durante un viaje de trabajo, llegué a la ciudad de Buenos Aires la víspera del inicio de un evento académico, tan solo para descubrir, al vaciar la maleta en el hotel, que había olvidado empacar ropa interior... Y puesto que en esos tiempos las tiendas no abrían los domingos, baste con decir que tuve que recurrir a una “solución creativa” para sortear el problema mientras lograba comprar algo. Ese día me dije que no volvería a pasar nunca más por semejante congoja, para lo cual decidí que iba a preparar y guardar una lista de las cosas que no querría volver a olvidar en otros paseos o viajes futuros.

Así comenzó mi afición por los checklists o “listas de control”. La de preparativos de viaje que comencé aquella vez y que al inicio contenía solo unas cuantas cosas básicas, ha ido creciendo y hoy es prácticamente un tratado de todo lo que podría necesitar o querer hacer antes, durante y después de cualquier tipo de recorrido, dentro o fuera del país. La mantengo en una aplicación digital, así es que cada vez que voy a salir, creo una copia específica para ese viaje y a partir de allí comienzo metódicamente a realizar e ir tachando cada una de las acciones necesarias, para así asegurarme de no olvidar nada y que todo salga bien de principio a fin.

Podrían ustedes estar pensando que todo esto raya en lo obsesivo y hasta cierto punto tendrían razón, porque el incidente de la ropa interior suena como algo menor o cómico y seguramente lo es. Pero imaginen por un momento un escenario muy distinto, en el que lo que quedó olvidado fue, por ejemplo, un medicamento imprescindible y que no sea posible adquirir en el lugar de destino o bien algún documento del cual dependía el negocio que era el objetivo del viaje. En esos casos, la cosa deja de ser graciosa y puede convertirse en muy, muy seria.

Crear una lista de control pareciera, a primera vista, algo que uno no necesitaría hacer con frecuencia. Pero la verdad es que están en todas partes y se utilizan para las tareas más básicas, como preparar un platillo de cocina o ir de compras al supermercado, hasta para las más complejas, como completar una fusión corporativa o lanzar un satélite al espacio. Son una herramienta de eficiencia, productividad y seguridad tan importante que se ha escrito numerosos libros y manuales sobre sus virtudes. Entre ellos y por citar solo uno, destaca “The Checklist Manifesto” (“El efecto checklist”), por el médico estadounidense Atul Gawande (primera edición 2009).

Las listas de control procuran, en esencia, ayudar a evitar los errores que son propios de nuestra humana falibilidad. Nuestros cerebros, por asombrosos que sean, no son capaces de garantizar que, ante un problema determinado, podamos recordar y realizar todas las acciones necesarias para enfrentarlo y resolverlo de la manera más efectiva, porque estamos inevitablemente expuestos a olvidos y omisiones que pueden traer graves consecuencias. La energía mental no es un recurso ilimitado. La necesidad de estar tomando constantes decisiones puede llevar a experimentar lo que se conoce como “fatiga de decisión”, sobre todo al final del día. Las listas de control ayudan a hacer más eficiente el uso de esa energía, ahorrando tiempo en la toma de decisiones repetitivas o bajo condiciones de presión o estrés; por ejemplo, cuando está por vencer un plazo o se presenta alguna emergencia.

Una lista de control es una enumeración completa de los elementos o insumos necesarios para tratar de asegurar un resultado determinado. Cuando esos elementos aparezcan ordenados y deban ser cumplidos secuencialmente, la lista se convierte en un “protocolo” o –como también se les conoce en el mundo organizacional– un “procedimiento operativo estándar”. Piensen en los chequeos que realizan los pilotos de un avión antes de despegar o en los que realizan los equipos médicos antes y después de una cirugía, de los que podrían depender la vida del paciente.

Pero, además, una lista es un repositorio de conocimiento adquirido (“know-how”). En este sentido, mi lista de viajes y paseos ha ido creciendo a medida que sucesivas experiencias me han llevado a irla aumentando y refinando. En las diversas organizaciones, facilitan el aprendizaje de las personas de nuevo ingreso y aseguran que no se pierda el conocimiento de las que se van.

Ya sea en papel y lápiz o bien por medio de las muchas aplicaciones que existen para computadora o dispositivos móviles, la práctica de ir creando y mejorando listas personales sin duda le puede ayudar a aumentar la eficiencia de las diversas tareas del quehacer diario. Recomiendo altamente cultivar este hábito.

Muy feliz y productivo año nuevo 2018.

Aprobado convenio europeo contra la ciberdelincuencia

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En el Alcance Nº 161 a La Gaceta Nº 125 del pasado 3 de julio, aparece publicada la ley Nº 9452 del 26 de mayo del 2017, por medio de la cual se aprueba la adhesión de Costa Rica al “Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia” (en lo sucesivo “CEC”), hecho en Budapest el 23 de noviembre del 2001. El texto rige a partir de su publicación.

El proyecto de ley tenía varios años en trámite en la Asamblea Legislativa. Tal y como lo expuse en su momento en estas mismas páginas (La Nación, 10/9/12), el CEC es el primer tratado multinacional diseñado para combatir el creciente problema de los delitos informáticos; especialmente en los campos de la propiedad intelectual, los fraudes electrónicos, la pornografía infantil y las violaciones a la seguridad de las redes.

Su principal objetivo es aplicar una política penal común encaminada a la protección de la sociedad contra la ciberdelincuencia, mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional.

Entró originalmente en vigor el 1 de julio del 2004, cuando se alcanzó el mínimo de cinco Estados-parte necesarios para ese propósito y desde entonces quedó abierto a la adhesión de los Estados no europeos que sean invitados a suscribirlo.

Fue así como el Comité de Ministros, en el curso de la reunión de delegados del 31 de enero de 2007, invitó a Costa Rica a integrarse, proceso que –como se puede ver– tardó diez años en completarse. Es justo mencionar, sin embargo, que fue en el 2004, durante el gobierno del presidente Abel Pacheco, que por primera vez se expresó oficialmente el interés de nuestro país de lograr la adhesión.

Comparecencia. El 20 de junio del 2013, durante el trámite de la ley recién promulgada, tuve el privilegio de comparecer ante la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa para referirme al CEC.

En esa oportunidad expliqué a las señoras y señores diputados que el Convenio solamente comprende una serie de estándares mínimos para los Estados-parte, a modo de guía para legislar; es decir, cada país miembro puede decidir si desea aplicar políticas más severas o adoptar una legislación más amplia en relación con la materia que la que establece el convenio. Pero, dije entonces, el CEC no es una “ley-tipo” o modelo y no es autoaplicativo, de manera que, una vez aprobado, se debe entrar en un proceso cuidadoso de armonización de la legislación interna para implementarlo plenamente en nuestro ordenamiento jurídico. A este efecto, recomendé la unificación del tratamiento de los delitos informáticos en un único cuerpo normativo (a saber, el Código Penal), para evitar la dispersión que se viene dando en diferentes textos, tales como el Código Tributario y la Ley General de Aduanas.

En otras palabras, la aprobación del tratado por parte de nuestro país no es el punto final del proceso, sino el inicio de una nueva etapa de ajustes.

En adición al convenio en sí, la ley 9452 contiene tres cláusulas interpretativas que hace Costa Rica respecto del CEC. En la primera, relativa a los delitos contra la propiedad intelectual, se hace la salvedad de que no será punible el uso que se haga de obras literarias o artísticas por medios digitales, cuando ello sea sin fines de lucro y para propósitos de enseñanza.

En la segunda, se excluye la posibilidad de extraditar a costarricenses hacia otros países, por la comisión de delitos informáticos.

Punto de contacto. Finalmente, en la tercera, referente a la obligación que tiene cada Estado miembro de designar un “punto de contacto” que pueda prestar asistencia inmediata a los demás en la realización de investigaciones o recolección de pruebas en esta materia, nuestro país designó genéricamente “al Poder Judicial”.

Esto supone la necesidad de que las autoridades judiciales nacionales determinen, a su vez, cuál de sus dependencias asumirá esta delicada función, para la cual, conforme al CEC, se debe contar con la preparación técnica y el equipo necesario, así como una disponibilidad de 24 horas al día, los siete días de la semana.

El ingreso de Costa Rica al CEC, como se puede ver, representa un importante avance normativo pero que, a la vez, exige de acciones concretas adicionales para asegurar la plena observancia de los compromisos que contiene.

Entra en vigencia Convenio sobre la ciberdelincuencia

En el Alcance Nº 161 (documento PDF) a La Gaceta Nº 125 del día de hoy, aparece publicada la ley Nº 9452 del 26 de mayo del 2017, por medio de la cual se aprueba la adhesión de Costa Rica al "Convenio sobre la ciberdelincuencia", hecho en Budapest el 23 de noviembre del 2001. Rige a partir de su publicación.

La guerra por su atención

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Aunque usted no lo sepa, ahora mismo está en medio de una guerra encarnizada. De hecho, lo está desde hace muchos años y le disparan desde múltiples frentes simultáneamente. Y aunque no presente heridas externas, habrá sufrido muchas internas. Además, es probable que haya perdido muchas de las batallas. Y seguramente le han costado mucho tiempo y dinero.

Pero no es una guerra cualquiera, es la guerra por su atención. Sus contrincantes son los muchos medios que compiten por captar y retener nuestro limitado poder de concentración. Esos medios no toman prisioneros, pero sí ganan grandes sumas cada vez que obtienen lo que quieren.

Una lucha antigua. Como decía, esta no es una guerra nueva, ni siquiera reciente. La iniciaron los medios tradicionales y, por mucho tiempo, el más eficaz de todos ellos fue la televisión. El objetivo entonces era –y sigue siendo– tratar de mantenerlo a usted con los ojos pegados a la pantalla, incitándolo siempre a que “no se pierda nuestro próximo programa”. Porque cuanto más tiempo esté allí mirando la TV, más anuncios publicitarios verá y esa es justamente la idea.

Con la llegada de la sociedad de la información, han ingresado a la guerra numerosos medios nuevos que también andan tras nuestra atención. Llegaron primero a nuestras computadoras, pero actualmente se concentran en nuestros teléfonos celulares. Cada nueva notificación en la pantalla, cada “ping” que suena, cada vibración que siente en su bolsillo, no son más que disparos en esta lucha en procura de que deje lo que sea que estuviera haciendo en ese momento y le ponga atención a alguna otra cosa. No es casualidad que cuando instala una nueva aplicación en su móvil, lo primero que ésta hará es pedirle permiso para enviarle notificaciones o alertas. Lo hará de forma que parezca beneficiosa para usted y por supuesto que en muchos casos lo será realmente (si no, nadie la usaría), pero con ello va camuflada también la intención oculta de tratar de absorber su concentración lo más posible. Y cada día inventan una nueva forma de mantenernos atrapados: cuando terminamos de ver un episodio de alguna serie en Netflix, éste automáticamente le mostrará el capítulo siguiente; cuando acaba un video en Youtube, la aplicación tratará de desplegar otro que quizás le interese también; cuando termine de ver sus actualizaciones de Facebook, éste instantáneamente hará un refrescamiento de pantalla para mostrarle más cosas; y un largo etcétera.

Interrupciones sin fin. De este modo, vivimos en un mundo de continuas interrupciones (a todas horas, sin importar que estemos en el trabajo o en la casa, ni tampoco que sea de día o de noche) provocadas no solo por personas sino por medios que tratan de atraernos con sus cantos de sirena y que prácticamente exigen que les pongamos atención. Concentrarse es casi un arte perdido. A la raíz de todo se encuentra la explotación de una ansiedad subconsciente que los expertos llaman “FOMO” (por las siglas en inglés de “fear of missing out”, es decir, el “miedo a perderse de algo”; o más popularmente, el temor a no estar “sobre la jugada”). La mayoría de nosotros procuramos evitar ser percibidos como alguien que “no está en nada”; es decir, un desinformado, un despistado. Como resultado de ello, cada vez que se genera una notificación, un “ping” o una vibración en nuestras computadoras o celulares, se dispara automáticamente ese mecanismo inconsciente y nos invade la angustia de saber de qué se trata el aviso. Con el agravante de que, cuando cedemos a la tentación, el momentáneo alivio que sentimos hará que la conducta se vea reforzada, hasta la siguiente alerta. Es como si todos fuéramos como el famoso perro de Pavlov, salivando cada vez que vemos ese numerito rojo que indica que tenemos un nuevo correo o un nuevo mensaje de WhatsApp.

Como es lógico, toda esta concentración entrecortada se traduce directamente en una disminución en el rendimiento en el trabajo, así como en una pérdida en la calidad del tiempo de ocio cuando estamos con la familia o los amigos (si no me creen, miren a su alrededor la próxima vez que estén en una actividad social y fíjense en cuántas personas están hipnotizadas por la pantalla de sus teléfonos).

Una solución. Por fortuna, hay formas de combatir esta problemática, pero al igual que ocurre con los alcohólicos o los adictos, el primer paso es admitir que el problema existe y luego tomar acción para reducirlo o eliminarlo. La concentración es similar a un músculo que hay que ejercitar para fortalecerlo. No tengo aquí el espacio suficiente para entrar en detalles, pero básicamente tenemos que comenzar por clarificar a qué debemos o queremos dar prioridad en la asignación de nuestro tiempo y después desactivar o minimizar hasta adonde sea posible todos esos mecanismos que nos roban ese tiempo y nuestra atención innecesariamente.

Es difícil pretender ganarles la guerra, pero por lo menos les daremos una buena pelea.

Lecciones del corazón

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Ocurrió el pasado mes de diciembre. Luego de experimentar diversas molestias, un examen oportuno reveló una obstrucción en mis arterias coronarias, lo cual me condujo a pasar por tres procedimientos quirúrgicos en menos de una semana. Por supuesto que fue muy inesperado. Después de todo, no me veía como candidato para esto: nunca he tenido sobrepeso, nunca he fumado, no soy diabético ni hipertenso y tenía ya bastante tiempo de venir haciendo ejercicio moderado y procurando comer lo más sanamente posible. Según entiendo, me gané la rifa genética de tener un desorden metabólico que hace que mi organismo no procese adecuadamente las grasas, tornándome propenso a ser lo que describen como “flaco por fuera, gordo por adentro”.

Aunque fue un fin de año como para olvidar, por suerte todo ha salido muy bien y el proceso de recuperación marcha como debe. Sin embargo, en el camino han ido surgiendo importantes lecciones que hoy quiero compartir con quienes estén pasando o hayan pasado recientemente por una situación similar. A esas personas va dirigido este comentario.

Lo primero es que, en estos casos, contar con una buena red de soporte hace toda la diferencia del mundo. Cuando uno tropieza y queda impotente, son la familia, los amigos y las demás personas queridas quienes te atajan y amortiguan el golpe. La lección, entonces, es clara: hay que cuidar y fortalecer esa red, lo cual se hace asegurándose de ser uno mismo también un soporte confiable para ellos cuando lo necesiten.

Descubrí también la enorme calidad humana del personal de la Caja Costarricense de Seguro Social. Encontrarse en la sección de Emergencias de un hospital público tal como el Calderón Guardia no es nunca una cosa agradable, porque allí se ven cosas impactantes. Pero en medio de toda esa locura, la gran mayoría de los médicos, enfermeros(as) y restante personal logran mantener ese toque de humanidad que da aliento a los pacientes y los hace sentirse personas dignas. Un imperecedero agradecimiento para todas y todos.

Una vez superada la crisis inicial, llega el momento de digerir las lecciones que tienen que ver con la forma en que vivimos nuestras vidas. Aunque actualmente contamos con medicamentos que producen efectos casi milagrosos en el manejo de problemas de salud como el mío, está claro –y todo buen médico será el primero en admitirlo– que la estrategia de defensa hacia el futuro no puede depender solamente de tomar religiosamente los que nos receten. Para comenzar, hay que tener claro que la mejor medicina está en lo que nosotros mismos le suministramos al cuerpo en forma de alimentos. Con la ayuda de una nutricionista, he ido aprendiendo a comer de forma sana y correcta. Desgraciadamente, la industria alimentaria nacional no ayuda mucho: comer bien no es necesariamente fácil ni barato. En la casa se puede tener las cosas bajo control, pero si uno quiere o necesita comer afuera, hay que ver lo que cuesta hacerlo bien. Por ejemplo, es escasa la oferta de productos integrales o bajos en grasa. Y como por ahora me recomiendan consumir solo café descafeinado, encuentro que son muy pocos los lugares que lo ofrecen. Ojalá esto cambie a futuro. Porque uno realmente es lo que come y entonces debe decidir y actuar de conformidad.

Luego está el tema del ejercicio y en esto tampoco hay excusa. En mi caso, sigo un programa de rehabilitación cardiopulmonar que complemento con sesiones de yoga terapéutico, con los cuales será posible regresar más adelante al nivel de ejercicio previo. Ya sea por estas u otras vías, es absolutamente crucial que quien haya pasado por estas situaciones se asegure de darle atención adecuada al músculo más importante de todos, que es el corazón.

Finalmente, pero no menos importantes, están las lecciones aprendidas en lo que se suele conocer como “estilo de vida”. En este caso, el enemigo es el estrés, que no solo se origina en las tensiones propias de la vida laboral sino también las que vienen del restante entorno, incluyendo esas presas de tránsito que nos están matando poco a poco a todos. Evidentemente, gran parte de esto está fuera de nuestro control; sin embargo, es posible –y necesario– aprender y aplicar técnicas que ayuden a contrarrestar el estrés. Algunas de ellas se derivan de lo que ya he dicho más arriba, como dedicar tiempo de calidad a la familia, los amigos y el ejercicio. Pero también hay otras de eficacia comprobada, como dedicar espacios diarios a la práctica de la meditación consciente. En el carro o el autobús, funciona muy bien escuchar música que lo motive a uno o bien alguna charla sobre algún tema interesante, en vez de esas noticias que más bien suelen desalentar. En definitiva, el médico me ha insistido que debo procurar tomarme las cosas con más calma y buen humor. Suena fácil, pero si uno siempre ha tenido tendencia a ser estructurado, ordenado, rígido e impaciente, la cosa se dificulta. Aun así, hay que hacerlo; la vida es corta, pero está llena de cosas buenas. Se trata de no dejarlas pasar por estar uno demasiado concentrado en cuestiones que a la larga son secundarias.

Una última reflexión: cuando se pasa por un trance de estos, al inicio es absolutamente normal sentirse inquieto o preocupado y creer que la vida ya no será la misma de antes. Créanme que esa sensación va desapareciendo con el paso de las semanas. Concéntrense en lo positivo y todo saldrá bien.

Derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas

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Hace ya casi dos décadas, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó un importante fallo que con el paso del tiempo continúa siendo de repetida cita y consulta, tanto en su texto original como en las múltiples ocasiones posteriores en que los conceptos allí vertidos han sido reiterados. Se trata del voto N° 2765-97 de las 15:03 horas del 20 de mayo de 1997, en el que la Sala precisó el significado y alcances de algunos conceptos jurídicos fundamentales, en el marco de la garantía consagrada en el artículo 34 de la Constitución Política, que dispone que “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.

En el pronunciamiento citado, la Sala expresó que un derecho adquirido existe, cuando “una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente– ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable”. A diferencia de una simple expectativa de derecho, que refiere a una circunstancia futura e hipotética, un derecho adquirido representa un beneficio real y consumado. Por ejemplo, cuando una persona cumple todos los requisitos para obtener una licencia de conducir, puede realizar los trámites y obtener ese documento. A partir de ese momento, la autorización genérica para conducir la categoría de vehículos a la que corresponda el tipo de licencia se constituye en un derecho, durante el plazo de vigencia de ese documento, no pudiendo serle negado sin causa justa. Sin embargo, poseer la licencia no garantiza la obtención de las renovaciones subsiguientes, pues la ley prevé circunstancias que permiten denegarlas, de modo que éstas son tan solo una expectativa.

Por su parte, una situación jurídica consolidada, según la Sala, es “un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún”. De nuevo, la diferencia central de esta figura con una mera expectativa es que en aquélla existe certidumbre con respecto a que los efectos del estado de cosas en cuestión se producirán (si no lo han hecho aún) o que se desplegarán de manera plena y completa (si es que se han producido solo parcialmente). En otras palabras, si ya están cumplidos los presupuestos necesarios para que surtan los efectos, se puede tener seguridad de que estos últimos deberán darse de la manera esperada. En la expectativa de derecho, tal certeza no existe.

En ambos casos, explicó la Sala, la mencionada garantía constitucional de irretroactividad implica que, aun cuando en el futuro venga una nueva ley (o la reforma de una ley ya existente) que cambie las reglas bajo las cuales se adquirió el derecho o se consolidó la situación jurídica, éstos ya no podrán ser afectados en perjuicio de la persona, sino solo en su beneficio. Así, por ejemplo, una vez que un estudiante de una universidad pública haya satisfecho todos los requisitos para graduarse y obtener el título respectivo, su situación jurídica se consolida, de modo que si en el lapso que transcurra hasta que se realice la graduación se diera algún cambio perjudicial (entiéndase, más gravoso) en el programa de estudios o en los requisitos correspondientes, no se podría pretender obligarlo a cumplir con los aspectos novedosos faltantes como condición previa para entregarle el título.

Estos conceptos son relevantes porque van de la mano de otros que son pilares básicos de todo régimen de derecho moderno, como lo son la confianza legítima y la seguridad jurídica. Si los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas pudiesen ser afectados negativamente, estaríamos permanentemente sujetos a un estado inadmisible de incertidumbre y zozobra de pensar que nos puedan o pretendan quitar en el futuro lo ya obtenido legítimamente. Por eso es que la protección que se otorga a estas figuras jurídicas es del más alto nivel, a saber, el constitucional.

Ahora bien, es claro que una persona podría haber adquirido un derecho de forma ilegítima. El ordenamiento no tutela estas situaciones, debiendo contemplar algún mecanismo o mecanismos para revertir esa circunstancia antijurídica. En el ejemplo anterior, se podría haber concedido erróneamente una licencia de conducir a alguien que no cumplía con todos los requisitos necesarios. Lo importante aquí es que, justamente por la tutela que se brinda a los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, la vía por la que se puede llegar a resolver un conflicto de esta naturaleza no puede ser antojadiza. Solamente debe ser posible revertir ese estado de cosas cuando se logre una plena convicción de que éste es contrario a derecho y la persona afectada haya tenido plena posibilidad de defender sus intereses. Esto es especialmente importante, porque cuando el derecho haya sido otorgado o reconocido por el Estado u otra dependencia pública, entonces es necesario asegurar que su supresión no sea el resultado de la arbitrariedad o el ejercicio abusivo del poder. A esto la jurisprudencia constitucional lo denomina la intangibilidad de los actos propios de la Administración. En estos casos, la ley establece procedimientos especiales, que es absolutamente ineludible seguir, antes de poder modificar negativamente la situación de una persona.

Finalizo destacando que, aun cuando pueda darse una situación como la descrita, siempre se protege la buena fe, precisamente para garantizar la confianza legítima. Así, para concluir con el mismo ejemplo, si una licencia de manejo fue otorgada en forma irregular, pero ello hubiere sido el resultado de un error imputable únicamente a la Administración y no a un acto de mala fe de la persona beneficiaria, aun cuando ese derecho le deba ser suprimido, no podría imponérsele retroactivamente las multas aplicables a quien conduzca un vehículo sin licencia.

Todas estas son importantes consideraciones que se vieron reforzadas en nuestro sistema jurídico precisamente a partir del fallo constitucional dictado en 1997 y que, sin duda, vino a consolidar la protección de tan importantes derechos en nuestro medio.

El abogado del diablo y las redes sociales

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La expresión “abogado del diablo” tiene un origen histórico, eclesiástico. Se llamaba así (Advocatus Diaboli) a un jurista cuya tarea era argumentar en contra de la canonización de un candidato o candidata a la santidad, con el propósito de tratar de descubrir cualquier debilidad en su personalidad o en la evidencia ofrecida a favor de la canonización, contribuyendo de tal manera a una escogencia idónea.

Hoy en día, se le llama así a una persona que, respecto de una determinada opinión o punto de vista, toma y defiende una postura contraria o alternativa (aunque no necesariamente esté de acuerdo con ella), con el propósito de estimular el debate o lograr una exploración más profunda y certera del tema planteado. En lenguaje popular, es quien “lleva la contraria” respecto de la mencionada opinión.

Antídoto contra la credulidad. En el mundo actual, la tarea de un abogado del diablo puede ser muy ingrata, ya que puede llevar a quien la ejerza a colocarse directamente en oposición a alguna idea muy extendida o arraigada en la opinión pública o en las creencias dominantes. Sin embargo, esa labor es absolutamente esencial para efectos de filtrar o depurar ese ideario de posibles prejuicios, falacias y conceptos errados en general, contribuyendo de ese modo a enriquecer el pensamiento y a exponer a los falsos profetas que abundan en todas las áreas de la vida.

La contraposición razonada de distintos puntos de vista es, de hecho, el componente definitorio de la dialéctica, tal y como se practicaba en los tiempos de Sócrates y demás filósofos de la antigua Grecia, hasta la era contemporánea, pasando por Hegel y llegando a los grandes exponentes del pensamiento crítico actual, entre ellos Carl Sagan. Es el antídoto más eficaz contra los riesgos de una excesiva credulidad, que es capaz de desviar a naciones enteras del derecho sendero, como lo demuestra tantas veces y tan dolorosamente la historia (sobre esto escribí “El peligro de la credulidad”, en estas mismas páginas: LN del 31/7/01).

¡Y es que el mundo está tan lleno de falsos profetas, verdades a medias y puras y simples mentiras! Por contraste, el número de personas que, contra viento y marea, ejercen la noble y necesaria labor de abogados del diablo es escasísima. En nuestro país, desempeñaron esa función grandes críticos como Constantino Láscaris, Enrique Benavides o Alberto Cañas, todos idos. ¡Cuánta falta hacen!

Falsedad en las redes sociales. Y si existe, hoy por hoy, un medio que está urgido de mentes agudas y despiertas, es el de las redes sociales. La reciente campaña electoral en Estados Unidos, por ejemplo, puso al descubierto la forma incontrolada en que pululan las fuentes noticias falsas, cuyo objetivo es diseminar desinformación, que cae como semillas sobre el campo fértil de tantas y tantas mentes crédulas que creen sin cuestionar ni por un instante todo lo que ven o escuchan en la Internet. Esto dificulta enormemente encontrar fuentes serias y confiables, agravado por el hecho de que a veces ni siquiera los medios más grandes y establecidos están exentos de cometer errores. La ventaja es que estos casos son escasos, pues existe siempre una ardua labor de verificación que procura minimizar su ocurrencia. Del mismo modo, suelen ser esos mismos medios los primeros en detectar y reconocer las equivocaciones.

Más claro que nadie habló en su momento el fallecido escritor y filósofo italiano, Umberto Eco, quien acusó a las redes sociales de haber generado una “invasión de imbéciles”, ya que aquéllas “dan el derecho de hablar a legiones de idiotas”.

Los abogados del diablo son hoy más necesarios que nunca en los medios de comunicación y en las redes electrónicas. Cuando menos así quizás no cometeríamos tanto el error de canonizar a tantos falsos santos que andan por ahí.

Pensionarse no es un crimen

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Hace pocos días, un grupo de jubilados y jubiladas sufrió un trágico accidente en la zona de Cinchona, que ocasionó el fallecimiento de varios de ellos. En medio de la tristeza del hecho, no pude dejar de pensar en el mérito de la labor a la que esas personas estaban entregadas ese día, pues se dirigían a entregar ayuda muy necesitada a una comunidad indígena nacional. Es decir, esos jubilados y jubiladas dedicaban una importante parte del tiempo que su condición de pensionados les brindaba, a nobles acciones de voluntariado y servicio al prójimo. Todo un ejemplo de la forma en que mejor se puede vivir esa etapa de la vida.

Lamentablemente, la percepción que hoy tiende a tenerse de quienes han logrado o aspiran a lograr una pensión –en especial de aquellos que laboramos al servicio del Poder Judicial– tiende a ser diametralmente distinta. Para una buena parte del colectivo nacional, el pensionado (o quien quiera pensionarse) es visto como un delincuente, un vividor, un parásito social que solo piensa en enriquecerse a costa del erario público mientras dedica su tiempo a la pura y simple vagabundería. Eso es absolutamente equivocado y, además, profundamente injusto.

En el país actualmente coexisten varios regímenes de pensión obligatoria o voluntaria, que fueron puestos en vigencia por leyes dictadas por razones que hoy pueden parecernos buenas o malas. Siempre es más fácil juzgar en retrospectiva. Pero lo que está claro es que todos esos sistemas aspiran a un elevado y meritorio objetivo: procurar que los años de retiro y vejez puedan ser vividos en condiciones lo más dignas y autosuficientes que sea posible.

Los mencionados regímenes tienen características distintas, que pueden dar lugar a la percepción de que algunos brindan privilegios excesivos, sin que sus beneficiarios tengan que dar nada o muy poco a cambio. Este es claramente el caso con relación al régimen de pensiones del Poder Judicial, diseñado hace más de siete décadas, cuyas particularidades desconocen muchas de las personas que hoy lo combaten tan denodadamente. En efecto, se ignora que el 68% de los beneficiarios directos y el 92% de los indirectos –por ejemplo, el o la cónyuge de un jubilado fallecido– reciben un monto que no excede de ¢1,5 millones. Se ignora también que a las y los funcionarios judiciales se nos retiene y deduce una cantidad sustancialmente mayor de nuestro salario como aporte al Fondo (un 11%), que el que contribuyen los destinatarios de otros sistemas (2,84% en el caso de los beneficiarios del régimen de la CCSS, por ejemplo). También se ignora que, una vez jubilados, a los servidores judiciales se nos continúa deduciendo el aporte para la sostenibilidad del régimen, cosa que no ocurre en otros esquemas de pensión.

Es importante que se sepa que la inmensa mayoría de las y los trabajadores del Poder Judicial no estamos, ni hemos estado nunca, en contra de que se den reformas que aseguren la justeza y la subsistencia del régimen de pensiones. Por el contrario, somos los primeros interesados en esta revisión, pues es obvio que de ello depende que lleguen a ser una realidad los beneficios futuros por los que ahora trabajamos y cotizamos. La labor que en esta dirección ha venido desplegando el Frente de organizaciones gremiales de este Poder de la República ha sido seria y responsable.

Somos plenamente conscientes de que la pensión no puede constituirse en un mecanismo de abuso o de enriquecimiento injusto de nadie (las llamadas “pensiones de lujo”), por lo que deben existir topes. Tan solo aspiramos a que esta remuneración sirva para lograr el objetivo indicado: el de hacer posible un retiro en condiciones razonablemente dignas y a una edad que brinde una posibilidad real de poder continuar desarrollándonos como personas en los años venideros. Y que sabemos que en estos temas hay que ser tanto realistas como solidarios. Bienvenida sea, por tanto, la discusión constructiva y basada en criterios técnicos sobre estos temas.

Conductores: ayudémonos unos a otros

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Imagino que no sorprendo a nadie con la noticia de que las presas en las carreteras nacionales se han llegado a convertir en algo invivible. Las causas son muchas y también sus consecuencias, en términos de productividad perdida, combustible consumido en exceso, contaminación atmosférica y deterioro colectivo de nuestra calidad de vida. Por desgracia, es muy poco lo que podemos hacer individualmente al respecto; al menos a corto plazo. Sin embargo, cada vez que como conductor me encuentro al borde de la desesperación en un atasco, pienso que sí hay algo, de valor incalculable, que todos podemos hacer para mejorar aunque sea un poco la situación. Es algo sencillo, pero que puede tener efectos multiplicadores insospechados: ayudarnos unos a otros. ¿Cómo? Practicando proactivamente la amabilidad en carretera.

La próxima vez que vaya al volante y se encuentre en un atolladero de esos que cada vez parecen más frecuentes e inescapables, procure cambiar momentáneamente su perspectiva para darse de cuenta de una simple realidad: aunque para usted, todos los demás conductores son la presa, para ellos, la presa es usted. Usted –quiéralo o no– es parte del problema y, por ende, tiene el deber moral de ser parte de la solución. Practicar una amabilidad proactiva no significa más que estar atento(a) a las oportunidades que continuamente surgen para ayudar a otro a llegar más rápido y seguro a su destino. Y, cuando perciba una, haga lo que razonablemente esté a su alcance para dar esa asistencia.

Un ejemplo sencillo pero que puede lograr maravillas en carretera es practicar el “uno por uno”. Todos sabemos que, en nuestro país, hay una multitud de intersecciones recargadas de tránsito y vías mal diseñadas que se convierten en embudos para la circulación. Quienes transitan por esos puntos no tienen la culpa de ello, pero quienes circulan por allí con derecho de vía suelen tratar a quienes no lo tienen como infrahumanos que tienen bien merecido no poder cruzar la intersección o toparse con el inesperado final del carril por el que se desplazaban. “¡Yo tengo la vía, que se jodan ellos!”, piensan. Por el contrario, quien practique la amabilidad proactiva en esas mismas circunstancias verá la oportunidad de ayudar, por medio de la simple acción de cederle el paso a uno de los conductores en apuros. Sencillísimo; no toma más que unos segundos y, sin embargo, tendrá la satisfacción de haberle hecho la vida más fácil a un semejante.

La mala noticia es que ayudar a otros en carretera no va a resolver el problema de las presas. La buena es que va a hacer que las presas sean más vivibles y que usted gane la satisfacción y la paz de sentirse una persona mejor. Es buen karma. Pruébelo.

Banco Central moderniza su plataforma de emisión de certificados de firma digital

"1 de julio de 2016

COMUNICADO SINPE 040-2016

Señores 
SISTEMA FINANCIERO
PUBLICO EN GENERAL

Estimados señores:

El Banco Central de Costa Rica culminó con éxito un proceso de cambios en la emisión de certificados de firma digital que mejoran la seguridad, aumentan la vida útil de los certificados, permite tener más de un certificado y su respectiva tarjeta por persona y que además redujo el tiempo de emisión y entrega de los mismos.

Usar la firma digital le evita al titular tener que desplazarse físicamente a firmar documentos o solicitar servicios, lo que le ahorra dinero y reduce los tiempos en la ejecución de trámites.

Sobre la mejora en seguridad, esta se consolidó a partir del 20 de junio cuando todos los certificados de firma digital empezaron a emitirse utilizando algoritmos más robustos de encripción basados en la familia SHA-2, los cuales proporcionan una mejora en la seguridad y consiguen que la emisión de tarjetas de firma digital en nuestro país esté al nivel de los más altos estándares internacionales, sin que eso signifique que las tarjetas emitidas antes de esa fecha sean inseguras. 

Estamos duplicando la vida útil de los certificados que emitimos, pasando de 2 a 4 años, esto representa una mejora significativa para las personas, disminuyendo el número de veces que debe presentarse a una oficina emisora para obtener su capacidad de autenticación y Firma. Asimismo, gracias a cambios en el software y a los procesos de emisión se logró disminuir el tiempo para disponer de las tarjetas de firma digital a menos de 15 minutos, con lo cual se optimiza también la capacidad de emisión de cada oficina emisora y por ende del sistema como un todo.

Gracias a la modificación de las políticas de firma digital promulgadas por el MICITT y a la preparación de la infraestructura de emisión del BCCR, las personas que así lo deseen pueden obtener la cantidad de tarjetas de firma digital que consideren necesarias para realizar sus trámites personales o empresariales. 

Además de estas mejoras, pusimos en operación el servicio de emisión de certificados de firma digital para personas jurídicas (empresas e instituciones), por lo que toda persona jurídica interesada en obtener uno de estos certificados puede desde ya solicitarlo al correo cos@bccr.fi.cr del Centro de Operaciones del SINPE.

A la fecha, se han emitido aproximadamente 160 mil certificados de firma digital que los costarricenses pueden utilizar en más de 60 instituciones, públicas, bancarias y comerciales que tienen disponibles más de 100 servicios que hacen uso de esta importante herramienta. 

Con estos cambios el Banco Central de Costa Rica apoya la Directriz Presidencial Nº67-MICITT-H-MEIC "Masificación de la implementación y el uso de la Firma Digital en el Sector Público Costarricense" y además, los lineamientos sobre autenticación de clientes y autorización de transacciones en canales electrónicos, emitidos recientemente por la Superintendencia General de Entidades Financieras, acuerdo SUGEF18-16: "Reglamento sobre gestión del riesgo operativo". Ambas normativas reconocen el derecho de los ciudadanos a obtener los servicios del Estado y de las entidades financieras por vía electrónica, accediéndolos directamente desde su casa u oficina, reduciéndoles riesgos y costos, y contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Atentamente,

Carlos Melegatti S., director
DIVISION DE SISTEMAS DE PAGO"