¿Y la agenda digital?

Artículo publicado en La Nación del 25 de mayo del 2008.

A las puertas de ingresar en funciones el presente gobierno, publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado “Retomar la agenda digital” (La Nación, 2/4/2006). En él expresaba mi esperanza de que las autoridades entrantes supieran impulsar la iniciativa de gobierno electrónico, así como “reconocer su importancia y que sus propuestas encuentren respaldo desde la propia Presidencia, porque el programa de e-gobierno que no cuente con un apoyo firme al más alto nivel estará irremediablemente condenado al fracaso, o, cuando menos, a la irrelevancia”. Y, en efecto, las cosas pintaron bien cuando, el propio 8 de mayo, uno de los primeros decretos que emitió el nuevo gobierno fue el establecimiento de una Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, bajo responsabilidad directa de la Vicepresidencia de la República.

A dos años cumplidos de esa iniciativa, cabe preguntar: ¿cuáles han sido sus frutos? Si bien algunos programas puntuales han sido puestos en marcha exitosamente, ¿cuánto se ha avanzado a nivel macro? ¿Están ya los ciudadanos costarricenses en plena posibilidad de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública? ¿Han desaparecido las “islas de información” formadas por sistemas institucionales incapaces de comunicarse entre sí para compartir datos? Las respuestas no son positivas. En algunos aspectos cruciales, el panorama sigue siendo el mismo de hace dos años.

Una señal preocupante desde el principio fue la decisión de mantener separada la dirección del proyecto de creación de un sistema nacional de certificación y firma digital (heredado de la administración anterior) de la del nuevo programa de gobierno electrónico. Esto siempre me pareció particularmente extraño, considerando que la firma digital es un habilitador por excelencia del e-gobierno, en cuanto dota a los ciudadanos de un medio técnico para ejercer sus derechos frente a la Administración de modo seguro y fehaciente; y porque, al actuar de este modo, se traducía una impresión, correcta o no, de que a este proyecto no se asignaría la misma prioridad. Más adelante vino la salida del gobierno del vicepresidente Casas, que aunque obedeció a otros motivos, en la práctica ha venido a marcar un “antes de” y un “después de” en el programa de gobierno digital.

En una óptica más favorable, nuestro Poder Ejecutivo suscribió el año pasado, con España y los demás gobiernos de la región, una “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico” (descargar pdf), que establece una serie de principios rectores y compromisos en esta materia que es imperioso –en mi criterio– impulsar con fuerza. Experiencias puestas en práctica, especialmente por países de la Unión Europea, revelan el potencial impresionante que la tecnología ofrece, empoderando a los ciudadanos para que puedan plantear gestiones e iniciativas a los gobernantes, recibir servicios y tener acceso lo más amplio posible a la información pública. El e-gobierno, hay que insistir, constituye una herramienta proactiva de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, así como un instrumento para la lucha contra la corrupción.

Sí, ya sé que no contamos con los mismos recursos que los europeos, así como que los límites temporales que impone nuestro sistema presidencial establecen restricciones angustiosas a lo que es posible planear y hacer. Pero en vez de buscar excusas para hacer poco o nada, hay que centrarnos en buscar propuestas concretas y realistas para poner en marcha las metas de la citada Carta Iberoamericana. Destaca, en este sentido, el reciente aporte hecho por el Club de Investigación Tecnológica (véase el artículo de don Roberto Sasso en La Nación del 22 de abril pasado).

En lo personal, creo que es necesario que la responsabilidad y coordinación general de los proyectos de e-gobierno recaigan en una instancia permanente y de alto nivel, no en una comisión intersectorial o secretaría técnica. Esa instancia debería estar dotada de competencias asignadas por ley, no por decreto ejecutivo, para llevar adelante su misión. Y puesto que un proyecto exitoso de gobierno digital necesariamente involucra el rediseño de procesos administrativos y la simplificación de trámites, me parece importante –siguiendo un modelo como el español– fundir los esfuerzos de coordinación institucional, reforma del Estado y planificación, que hoy recaen en distintas dependencias, en un solo Ministerio de Administración Pública, que tenga el “músculo” político, jurídico y económico para impulsar el programa exitosamente.

¿Por qué no responsabilizar de ello al actual Ministerio de Ciencia y Tecnología? Porque me parece que esa cartera está llamada más bien a impulsar los programas nacionales de investigación y competitividad en esos campos, no a impulsar la reorganización administrativa, por más que queramos apoyar esta última en el empleo de tecnología.

Fuera del ámbito de la Administración central y descentralizada, existen tareas urgentes que realizar también. Por ejemplo, considero de la máxima importancia que el Tribunal Supremo de Elecciones dé prioridad, por medio del Registro Civil, a un programa de implantación de una nueva cédula de identidad, incorporando el almacenamiento de certificados digitales que permitan a los ciudadanos identificarse de modo seguro en transacciones electrónicas y firmar digitalmente gestiones de toda clase. Esto marcharía de la mano de una sustitución de las inscripciones de nacimientos basada en el viejo modelo de tomos y asientos físicos (lo cual podría aconsejar incluso un replanteamiento de la manera en que se forman actualmente los números de cédula), pasando a un modelo basado completamente en expedientes electrónicos.

Finalmente, no se puede olvidar la necesidad de educar a la ciudadanía en la nueva cultura de la administración electrónica. Esto no solo precisaría de desplegar campañas publicitarias oportunas a medida que se vaya introduciendo nuevos servicios, sino también de revisar los programas de educación cívica en el ámbito colegial. Ese es el momento idóneo para preparar a los futuros ciudadanos en esta nueva manera de relacionarse con las instancias de gobierno y que aprendan que ello constituye un derecho suyo más y, correlativamente, un deber del Estado. La meta es que llegue un día en que vean como cosa de lo más normal y rutinaria interactuar electrónicamente con sus gobernantes, cuándo y cómo deseen hacerlo.

¡Hess-cr.com ha muerto, larga vida a Hess-cr!

Durante muchos años, Hess-cr.com fue mi hogar en la red. Allí publiqué numerosos artículos sobre temas tales como Derecho informático, derecho electoral, humanismo secular, participación ciudadana y otros. En realidad, no fue solo un canal de expresión sino también un experimento permanente en programación web y tecnologías relacionadas, en áreas como la usabilidad y la accesibilidad.

Ahora, por razones en que no viene al caso ahondar, he decidido trasladar ese recurso a esta nueva sede. No tengo claro aun si tendré la posibilidad -o la paciencia- de migrar los distintos contenidos antiguos a este blog. Lo que sí está claro es que, a partir de ahora, mis futuras publicaciones aparecerán solo aquí. En breve -tan pronto termine de afinar los detalles de configuración del blog- estaré ofreciéndoles "¿Y la agenda digital?", mi más reciente contribución al periódico La Nación.

Agradezco mucho a quienes tuvieron la amabilidad de visitarme en el sitio web anterior y espero que sigan haciéndolo aquí.

e-Selección

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Estoy convencido: en Costa Rica (al menos en nuestro sector público) seguimos escogiendo a la gente a la antigua. Y esto es válido tanto para las labores más básicas como para las investiduras más altas. La cuestión es cómo escoger a las mejores personas para los distintos puestos, de un modo que satisfaga las exigencias que plantea el siglo actual. Me explico.

Hasta el siglo pasado, las personas diferenciaban más o menos claramente la vida académica de la vida laboral. Un profesional se graduaba de la universidad y se incorporaba después al sector productivo, quizás sin plantearse la perspectiva de volver a estudiar nada más en el futuro. La "etapa educativa" de su vida había finalizado. Bajo esta concepción, los títulos (licenciatura, maestría, doctorado) poseían un peso específico: a mayor grado académico, mayores probabilidades de asegurar un buen empleo, en cualquier momento.

En el siglo XXI, la frontera entre estudio y trabajo se ha difuminado, ya que ahora prima el concepto del aprendizaje continuo. En la moderna sociedad de la información, ante el crecimiento acelerado de la adquisición y generación de conocimientos, el profesional se ve ante el reto de mantener una actualización permanente, so pena de quedarse atrás. Por ello, aunque los títulos profesionales ciertamente que no han perdido su jerarquía, ahora se valoran de modo distinto: en particular, cuanto más antiguo el grado académico, más relativa su importancia, porque va decreciendo su capacidad de decirnos algo acerca de qué tan actualizados sean los conocimientos de su poseedor.

El problema es que, actualmente, los procesos de selección de personal (repito, al menos en el sector público; y -repito de nuevo- incluyendo los de designación de altos funcionarios del Estado) continúan tendiendo a privilegiar los títulos profesionales, de modo mecánico. Y, para colmo, premian también el conocimiento memorístico, porque esos procesos suelen incluir alguna clase de examen teórico, ya sea literalmente o bien a través de entrevistas que constituyen, en realidad, una suerte de examen mal disimulado.

Pero en la sociedad del conocimiento y sin dejar de lado el factor académico, domina la búsqueda del talento: la aptitud para el aprendizaje permanente y la capacidad de aplicar lo aprendido al trabajo diario, por medio de soluciones innovadoras. Esto lo saben bien y lo enseñan en los cursos superiores de administración de negocios, donde aconsejan: Si usted está en un trabajo donde no se aprende, váyase tan pronto pueda, porque si no, lo echarán. Será el resultado de la presión que ejercen los jóvenes talentos que van incorporándose a la organización, con conocimientos más frescos.

La información ya no se memoriza. Antes, por ejemplo, un abogado se esforzaba por dominar de memoria ciertas normas y precedentes judiciales clave propios de su campo particular de especialidad. Hoy, cualquier profesional en Derecho tiene acceso inmediato a volúmenes de normas y jurisprudencia empleando herramientas tecnológicas como el Sistema Costarricense de Información Jurídica y otras búsquedas en Internet.

Y, a diferencia de antes, una larga experiencia en un puesto o función tampoco vale necesariamente por sí sola, porque ante el acelerado y continuo cambio en el entorno organizacional que caracteriza a la época contemporánea, el dominio de viejas soluciones no necesariamente sirve para resolver nuevos problemas.

Ante todo esto, del mismo modo que conceptos clásicos como "gobierno" o "comercio" ceden ante los nuevos paradigmas del "e-gobierno" y el "e-comercio", los viejos modelos de la administración de recursos humanos han dado paso al de la gestión del talento humano, caracterizado por procesos de "e-selección" de personal. Por ello, en conclusión, es oportuno replantearnos la manera en que escogemos a las personas para las distintas funciones, superando esquemas que ya no resultan apropiados para esta nueva frontera.

Avanzando el e-Gobierno

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Hace unos días, gracias a los amables oficios de la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, remití a ese Poder un texto titulado "Proyecto de reformas y adiciones a la Ley General de la Administración Pública para incorporar la gestión electrónica de actos y procedimientos administrativos". Si alguien tuviese interés, puede descargarlo desde aquí solicitarlo a esa oficina.

Tal como señala la exposición de motivos, la idea del proyecto es posibilitar el empleo de mecanismos tecnológicos para potenciar el correcto funcionamiento de las instancias administrativas en su diario quehacer, así como una mejor y más célere prestación de servicios a las y los ciudadanos. La iniciativa es consecuente con otras de pareja importancia, como la promulgación en el 2005 de la ley 8454 relativa a los documentos electrónicos, las firmas y certificados digitales. También busca coadyuvar en la reducción del consumo innecesario de papel, como medida tanto de protección de los recursos naturales como de control de la generación de desechos.

En los últimos años, se ha avanzado bastante en la agilización de los procesos judiciales, incorporando la tecnología entre otros factores, por ejemplo en el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo. La justicia administrativa, sin embargo, ha marchado a la zaga, debido a que el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública permanece esencialmente igual a como fue promulgado en 1978, cuando ni siquiera se soñaba con las posibilidades informáticas aplicables hoy a la actividad de los operadores jurídicos. Dicha justicia es ejercida por las instancias de la Administración Pública en sentido amplio (vale decir, el Poder Ejecutivo, los demás Supremos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones cuando actúan en función administrativa, las entidades descentralizadas, universidades públicas, entes públicos no estatales y municipalidades). La idea, entonces, es ponerla al día con los avances logrados en otros campos.

En resumen, algunas de las propuestas incluyen:

• La generalización del empleo de soportes electrónicos, firmados digitalmente, en la emisión de toda clase de actos, dentro o fuera de un procedimiento administrativo.
• La introducción del expediente electrónico en la tramitación de los señalados procedimientos.
• La autorización del empleo de mecanismos sustitutivos del papel, tales como la grabación electrónica directa, para la elaboración de actas de sesiones de órganos colegiados y toda clase de audiencias orales.
• El establecimiento de sistemas de emisión de certificaciones en línea, por parte de los distintos servicios públicos, para evitarle a las y los ciudadanos la necesidad de desplazarse físicamente a esas oficinas para solicitarlas.

Otra de las propuestas que me parecen de necesidad, es la de autorizar que los integrantes de los diversos órganos colegiados (incluyendo, muy especialmente, al Consejo de Gobierno) puedan participar a distancia de las sesiones, empleando herramientas informáticas capaces de permitir una interacción equivalente a la presencial. Por ejemplo, un Ministro de gira por un área rural podría intervenir en la sesión del Consejo, en Casa Presidencial, si su participación fuese requerida para algún tema o temas en particular. Si bien ya ha habido pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que se inclinan favorablemente hacia esta posibilidad, me parece importante legislar de modo que no exista cuestionamiento alguno al respecto.

En conclusión, creo que una iniciativa de esta clase -que evidentemente es solo una primera aproximación y que debe ser enriquecida con otros aportes- representaría un importante paso adelante en la construcción del gobierno electrónico, para eficiencia de la Administración y beneficio de las y los ciudadanos.

Espero que la propuesta pueda encontrar acogida favorable en la corriente legislativa.

Nada tan lastimero

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

En La Nación del 1/12/2007 propuse una reforma al artículo 75 de la Constitución Política. Sugerí esta redacción: Toda persona es libre de profesar un credo religioso compatible con los derechos humanos, o bien de no profesar ninguno. El Estado velará por el respeto de esa elección, así como de la libertad de practicar actos de culto individualmente o en grupo, conforme a la ley, siempre que se respete el orden público y los derechos de terceros. / El Estado, sus instituciones y los funcionarios públicos -cuando actúen en calidad de tales- no podrán emitir actos o normas, destinar ninguna clase de recursos, manifestarse públicamente o realizar otras conductas que impliquen tomar partido a favor de un credo religioso en particular.

Igualdad, respeto y tolerancia para todos. Neutralidad estatal en materia religiosa. ¿Qué persona con sentido común podría estar en contra?

Pero dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Desde estas mismas páginas se ha escrito en defensa del statu quo y de la posición privilegiada que el texto actual confiere a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Para ello se usan argumentos que van desde lo sutilmente falaz hasta lo palmariamente absurdo.

Por ejemplo, se dice que la secularización del Estado conduce de modo fatal a que la sociedad extravíe su norte moral y caiga en el "todo se vale". Para desmentirlo, basta con mirar hacia Suecia o Dinamarca, donde más del 80% de la población es religiosamente indiferente, si no abiertamente atea y, sin embargo, se ubican una y otra vez en los primeros lugares del mundo en sus índices de desarrollo humano, civilidad y transparencia. En contraste, países con Estados confesionales y de población altamente religiosa -cercanos al nuestro, incluso- se sumen en la pobreza, la corrupción y la violencia social. El argumento cae con facilidad. Ninguna teoría vale contra la evidencia.

Se dice también que la reforma propuesta atenta contra nuestras raíces históricas, como si el apego irracional al pasado fuese una especie de virtud. Pero, evidentemente, quienes afirman eso no saben leer los signos de los tiempos: la Costa Rica de hoy ya no es la del pasado. Hay un claro desajuste entre la sociedad actual y la ideología del artículo 75. El reportaje del 27 de enero pasado sobre la caída en el número de matrimonios versus las uniones libres; las estadísticas sobre divorcios y actitudes frente a la planificación familiar y otros muchos datos dejan en claro que hoy ni siquiera la mayoría de los católicos confesos se toman en serio ciertas enseñanzas eclesiásticas. Increíblemente, algunos creen que unas letras en el papel servirán para tapar el Sol con un dedo y detener una transformación social ya consumada. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

Pero lean otra vez mi propuesta. Comprobarán que no está dirigida contra el catolicismo ni, mucho menos, contra las muchas personas que, al amparo de su fe, todos los días hacen grandes cosas por sus familias y por el país. Va dirigida contra una discriminación manifiesta e indefensible. Por eso, tengo la esperanza de que encuentre eco incluso entre católicos razonables que se dan cuenta de que no hay argumento racional alguno que permita sostener un privilegio odioso.

Por desgracia, algunas regiones del mundo involucionan hacia una nueva Edad Media, caracterizada por oscurantismos religiosos de distintos signos, que empujan a guerras que no se pelearán con espadas sino con armas informáticas y nucleares. Costa Rica puede y debe sembrar paz, que se logra por medio de la libertad, la igualdad y el respeto dentro de la ley. Es una simple cuestión de derechos humanos.

No se trata de si el artículo 75 va a cambiar o no, sino de cuándo. No hay nada tan poderoso como una idea cuyo tiempo ha llegado. Ni nada tan lastimero como una idea obsoleta y absurda que, con desesperación, ensaya artificios retóricos para negarse a morir.

Notas posteriores:

• 22/2/2008: El diario La Prensa Libre publica datos que revelan que, en nuestro país, los matrimonios civiles triplican a los católicos. Esto es evidencia adicional del cambio profundo que ha experimentado nuestra sociedad en estos temas.
• 20/3/2008: Dos comentarios el mismo día en "La Nación": uno positivo de Jorge Vargas Cullel y uno negativo de Jorge Fallas Moreno. O sea, empaté. ;-)
• 11/4/2008: "En vela", opinión de don Julio Rodríguez en La Nación.

Amenazado el dominio científico de Estados Unidos

De acuerdo con un reportaje aparecido hoy en el New York Times, el dominio científico a nivel mundial de los EE.UU. se encuentra seriamente amenazado a mediano y largo plazo. Entre otras deficiencias, destaca el reporte del National Science Board que muchos estadounidenses desconocen principios científicos básicos de la física y la biología, especialmente los relativos al Big Bang y a la evolución. Asimismo, son incapaces de responder correctamente cuando se les pregunta si la Tierra gira en torno al Sol. “Estas diferencias probablemente indican que muchos estadounidenses mantienen creencias religiosas que los tornan escépticos frente a ideas científicas establecidas, a pesar de que poseen una familiaridad básica con esas ideas” (traducción libre mía).

"Estafas nigerianas", ahora en español

Imagino que, a estas alturas, casi todo mundo debe saber de las tristemente célebres “estafas nigerianas” (así llamadas aunque, en realidad, no solo proceden -real o simuladamente- desde Nigeria). Lo que para mi era desconocido, hasta hoy, era ver llegar a mi bandeja de entrada mensajes de este tipo que vienen redactados en español (si es que puede tildarse de español lo que, evidentemente, no es más que una de esas pésimas traducciones informatizadas). Así es que decidí compartir con ustedes el primer correo de esta clase que me llega, con el fin de:

• Alertarlos acerca de esta nueva variante de la maniobra fraudulenta. Y,
• Que se rían conmigo de la ridícula traducción (¡atención al “buen hígado” de mi colega Agbo!) y del patético intento de reclutarme en el esfuerzo por salvar la buena alma cristiana del oficial Chiffone.

Aquí va, verbatim:

“De: badou01 [mailto:badou01@orange.nl]
Enviado el: martes, 15 de enero de 2008 8:06
Asunto: Mis Saludos

Mis Saludos Soy el Sr. NOEL Chiffone, antiguo policía a Isla Mauricio. Durante mi carrera de policía, tuve que efectuar tráficos ilegales en el ámbito de la droga y las armas. actualmente allí, todas mis transferencias bancarias se hacían en mi cuenta bancaria en un país del África el occidental llamada el Benin con ayuda del ex Presidente de la República General ‘MATHIEU KEREKOU’ que a cada transferencia tenía su porcentaje.

A raíz de mi estado crítico debida al cáncer de pulmón, me aconsejado por el padre de mi iglesia después de confesión hacer una caridad con una gran parte de este fondo del que dispongo en este banco Beninoise a diferentes personas en casi todo el país del mundo para que el señor perdone mis pecados.
Por ello me sirvo del neto para contactar el afortunados que se beneficiarán gratuitamente de un cheque de 85.000.00€ (Ochenta y cinco miles Euro) del que formaron parte. En nombre del señor creativo del cielo y la tierra, esta suma les ayudará a regular una buena parte de sus problemas financieros.

Les anuncio que tuve que contactar a un abogado financiero del benigno del nombre de ME AGBO. Este último que tenía un buen hígado tuvo a firmó un contrato de acuerdo de asociación financiero con mi. Les anuncio que a no habrán pagado su salario honorario en anticipo ya que se dijo al numero 05 de la página 03 del contrato que: 05- las tarifas total de los honorarios de curso ascenderán a 650€ y no deben pagarse por el beneficiario después de la recepción del cheque y el intercambio entre los dos bancos.

Les ruego que se ponga en contacto con este abogado del nombre de ME AGBO Roger en BENÍN para reclamar su cheque ya que voy para los EE.UU a partir de esta noche para seguir mis cuidados. En nombre de Dios creativo del cielo y la tierra, les ruego acepten esta subvención que les ofrezco del fondo del c?ur ya que fui aconsejado por el cura de la iglesia ‘CATÓLICA’ de PORT-Luis.
ME AGBO
Mail de mi avocat:cabinetagbo@yahoo.fr
Muy sinceramente”

De antología, ¿verdad? ;-)

El "Manifiesto introvertido"

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

En marzo del 2003, Jonathan Rauch se convirtió -seguramente sin querer- en una celebridad menor, cuando el diario “The Atlantic” publicó un artículo suyo titulado “Cuidando de tu introvertido”. En él explica que los introvertidos, a pesar de ser comunes, son, aun así, probablemente el más malentendido y agraviado colectivo del mundo.

Quiero decir, “somos” (porque tal vez sea buena idea seguir el ejemplo de Rauch y "salir del closet" de una buena vez por todas).

Hay que dejar claro desde ya que, contrario al estereotipo común, los introvertidos no somos necesariamente tipos malhumorados ni tímidos, sino que procesamos la información y reaccionamos de modo distinto a los demás. Al no comprender esto, hay un serio peligro de que usted, sin querer, esté volviendo loca o loco a algún introvertido cercano.

Dice Rauch que Sartre -otro destacado introvertido- definía al infierno como otras personas durante el desayuno. Porque los introvertidos a veces huimos de la compañía ajena, que encontramos frecuentemente insufrible. Esto no es antisocial, ni señal de depresión, ni requiere de medicamentos. Es solo que, para nosotros, estar a solas es una forma de recargar las baterías, como dormir o comer.

La gente extrovertida no puede vivir sin una multitud a su alrededor. Como dice el autor con aguda precisión, Deje a un extrovertido solo por dos minutos y lo verá buscar su celular. Los extrovertidos son absolutamente incapaces de entender a los introvertidos, mientras que para éstos es lo más fácil del mundo analizarlos a ellos, porque el extrovertido hace imposible no fijarnos en él o ella a medida que despliega su ruidosa interacción con el resto del mundo. Los extrovertidos, dice Rauch, son tan inescrutables como un cachorrito. Suponen que la compañía ajena, especialmente la de ellos, es siempre bienvenida. No logran explicarse por qué alguien querría estar a solas. La mera idea los ofende.

El problema es que los extrovertidos dominan la política y, por ende, los cargos de elección popular. Como dice el autor, esto es una lástima. Si los introvertidos gobernáramos el mundo, sería sin duda un lugar más calmado, más cuerdo y más pacífico. Los introvertidos observamos y analizamos; los extrovertidos hablan a todo pulmón por teléfono en el cine, con la boca llena de palomitas. Los introvertidos somos conductores confiables; los extrovertidos provocan colisiones de tránsito al tratar de brincar las presas para ponerse de primeros en la fila.

Los extrovertidos también dominan la vida social, lo cual -digo yo- también es una lástima. Nada más vean esos espacios televisivos sobre la vida y milagros de “los faranduleros”. ¿Necesito decir más?

Es cierto que los introvertidos a veces proyectamos un aire de arrogancia. Supongo, dice Rauch, que esto se debe a que somos más inteligentes, más reflexivos, más independientes, más mesurados, más refinados y más sensibles que los extrovertidos. Tendemos a pensar antes de hablar, mientras que ellos piensan hablando, y por eso sus reuniones nunca duran menos de seis horas.

Si para un hombre es duro ser introvertido, Rauch sostiene -y sospecho que con razón- que debe ser doblemente duro para una mujer, que atraerá calificativos de “rara”, “solitaria” o “nerda”.

Los extrovertidos no saben el tormento que ocasionan. A veces nos asfixia su cháchara 98% desprovista de contenido y nos preguntamos si siquiera se escuchan a si mismos. El problema es que decirlo se consideraría grosero, porque, naturalmente, las reglas de etiqueta han sido escritas por los extrovertidos. Quizás algún día sea posible decir Soy introvertido. De veras creo que sos una gran persona. Pero, por favor, callate.

Y por eso concluye Rauch recomendando que la próxima vez que vea a un introvertido sumido en sus pensamientos, no le pregunte si le pasa algo malo. De seguro estará ideando algo que hará al mundo mejor.

De hecho, mejor no diga nada.

Libertad religiosa para todos por igual

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Un artículo mío del 18/9/07 desató una cadena de comentarios de quienes afirman o niegan la existencia de Dios, cuyo previsible resultado es que ninguno de los bandos convence al otro. Confío, aun así, que lo que voy a decir sea de completa satisfacción para todos.

Lo bonito de la libertad (religiosa y de expresión) es, justamente, que haya espacios para debatir sobre el tema, aunque el resultado sea quedar de acuerdo en seguir en desacuerdo. Lo que muchos no perciben es que disfrutar esa posibilidad no ha sido constante a través de la historia. Ha habido -y hay- lugares y épocas en que discutir sobre si Dios existe puede poner en peligro la vida o la libertad. En pleno siglo XXI, hay países donde quienes escriben para defender a su Dios (¡y ni hablar de los que escriben para lo contrario!) se ven perseguidos y agredidos por autoridades políticas o por fanáticos. En consecuencia, los dos bandos (creyentes y escépticos), al menos deberían coincidir sobre la importancia de preservar y profundizar el derecho de discutir libremente a favor de su punto de vista.

¿De quién debemos defender la libertad de creer o no creer? Por un lado, del Estado; y, por otro, de los demás.

En cuanto al Estado, no debe haber duda del peligro de que el poder político utilice sus recursos (materiales o jurídicos) para influir sobre el derecho de las personas a decidir libremente sus convicciones religiosas. Basta con mirar a los regímenes teocráticos de ayer y de hoy, o a los que han hecho más bien de la antirreligiosidad su programa de gobierno, para apreciar la importancia de mantener separados Estado y religión. En un régimen de libertad, decidir sobre las propias creencias debe ser un derecho soberano de cada persona, sin ingerencia de la autoridad.

En cuanto a los demás es similar: nadie debe sufrir presión (de familia, amigos, vecinos, compañeros, etc.) para adoptar o cambiar sus convicciones. El derecho de practicar o no un credo religioso termina donde empieza el de los demás a hacer lo mismo. Aquí la intervención del Estado sí se justifica, sin terciar a favor o en contra de alguna posición, para proteger la posibilidad de que cada uno de tomar su decisión y luego practicarla sin estorbo.

¿Qué impide que esto, a pesar de lo razonable que suene, sea plena realidad en Costa Rica? Para comenzar, el artículo 75 de la Constitución, que asigna al Estado una confesión y lo autoriza a aplicar recursos públicos para favorecerla. Si usted es católico, seguro no querría que sus impuestos favorezcan -digamos- el culto de Buda. Pues eso mismo sienten quienes no son católicos -que, según algunos, podrían constituir casi la mayoría de la población- por el hecho de que el texto actual dispone ese favorecimiento expreso.

Por eso, creo que todos podemos coincidir en que la mejor manera de que se respete nuestra elección, sea la que sea, es que se respete la de todos por igual, sin favorecer o desfavorecer a nadie, sujeto -eso sí- a que la posición elegida respete los derechos humanos básicos (o sea, nadie podría tener derecho a practicar un culto que defienda la trata de personas, el genocidio, etcétera).

En vez del absurdo y anacrónico texto actual, me parece que la Constitución podría decir así:

“Artículo 75.- Toda persona es libre de profesar un credo religioso compatible con los derechos humanos, o bien de no profesar ninguno. El Estado velará por el respeto de esa elección, así como de la libertad de practicar actos de culto individualmente o en grupo, conforme a la ley, siempre que se respete el orden público y los derechos de terceros.

El Estado, sus instituciones y los funcionarios públicos -cuando actúen en calidad de tales- no podrán emitir actos o normas, destinar ninguna clase de recursos, manifestarse públicamente o realizar otras conductas que impliquen tomar partido a favor de un credo religioso en particular.”

¿No suena eso perfectamente razonable?

Notas posteriores:

• En La Nación del 29/12/2007 aparece una respuesta a este artículo, suscrita por el Lic. Jorge A. Fallas Moreno. Véase, además, mi artículo "Nada tan lastimero", en este mismo sitio.
• 28/9/2008: Luego de meditar y de recibir comentarios sobre la redacción propuesta, le he introducido algunos ajustes que la enriquecen y acercan a los compromisos internacionales adquiridos por el país en el terreno de los derechos humanos. Queda, pues,como sigue:

  "Artículo 75.- Toda persona es libre de adoptar y profesar un credo religioso que sea respetuoso de los derechos humanos; o bien de no adoptar ninguno. El Estado velará por el respeto de esa elección, así como de la libertad de las personas de realizar actividades de culto y de enseñanza, individualmente o en grupo, todo conforme a la ley y siempre que se respeten el orden público y los derechos de terceros.

  El Estado, sus instituciones y los funcionarios públicos -cuando actúen en calidad de tales- no podrán realizar actos, dictar normas, efectuar nombramientos, destinar ninguna clase de recursos, manifestarse públicamente o desplegar otras conductas que tiendan a favorecer o desfavorecer a algún credo religioso, que se fundamenten explícitamente en un credo religioso o que conculquen las libertades a que se refiere el párrafo anterior."

  (Gracias a Hugo Mora por las sugerencias gramaticales que ayudan a clarificar el sentido de la propuesta.)

Inventario de normativa costarricense sobre derecho informático

[Este artículo pasó a convertirse en una sección independiente de mi blog. Puede accederlo desde el enlace que encontrará en la parte superior de la página, o bien haciendo clic aquí.]