1 de abril de 2003

Una Constitución Política para el siglo XXI

Este artículo fue publicado en la revista electrónica del proyecto Democracia Digital.

La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica -de la que me honra formar parte- ha dispuesto dedicar la realización del Congreso Jurídico Nacional que corresponde efectuar este año, al tema "La Constitución Política del siglo XXI".

Al tomar esta decisión, se ha partido del hecho constatable de que la sociedad costarricense se encuentra ante una coyuntura, en la que ciertos grandes y profundos cuestionamientos no se están haciendo, o que, si se hacen, lo son en el contexto de discusiones político-partidarias, que de alguna manera contaminan el debate y le restan amplitud. Frente a esa realidad, pensamos que el Colegio, por su trayectoria y responsabilidad, tiene la posibilidad -y el deber- de auspiciar un debate serio e imparcial sobre el tema de la Constitución.

En principio, la etapa plenaria del Congreso se efectuará el próximo mes de octubre. Esta fase estará precedida de un ciclo de conferencias y mesas redondas. En éstas, buscaremos la participación de los más connotados expertos, por supuesto que de la materia constitucional, pero también de otras disciplinas como la economía, las ciencias políticas, la sociología y otras cuyos enfoques necesariamente habrá que tener en cuenta para lograr un panorama completo de la cuestión.

No deseamos que el evento se dedique al replanteamiento de ciertos lugares comunes, conocidos por todos, con respecto al tema de interés. Más bien desearíamos que los participantes hagan un esfuerzo, de clarividencia jurídica si se quiere, para tratar de visualizar el panorama constitucional del país a veinte o cincuenta años plazo. Fijadas así las metas de la sociedad a que aspiramos, se deberá examinar también el camino que deberíamos recorrer para alcanzarlas.

Por razones de honestidad intelectual, no deseamos partir de algunas presuposiciones o sobreentendidos que suelen permear las discusiones en torno al tema de la Constitución. De hecho, no partimos ni siquiera de la premisa de que es necesario cambiar la que tenemos. Podría ser, por ejemplo, que se concluya que los problemas que aquejan al país no encuentran su raíz en la Carta Fundamental, sino en cuestiones de diversa índole, tales como el modelo de desarrollo vigente o la ausencia de talento y liderazgo político. Tampoco damos necesariamente por demostrado que si la Constitución tiene algo que ver, que entonces sea indispensable practicar una reforma general por medio de una Asamblea Constituyente. En efecto, podría adelantarse la hipótesis de que la vía de las reformas parciales son idóneas para introducir los ajustes que requiere el texto para adecuarlo a las exigencias y retos del nuevo siglo.

Como es de esperar, el tema de una constituyente es de suyo complejo. Dejando de lado los argumentos simplistas que algunos proponen para acogerla o para rechazarla, lo cierto del caso es que la perspectiva de una reforma general de la Constitución tiende a generar diversos grados de resistencia por parte de sectores interesados o afectados (los "stakeholders" de los que habla la literatura angloparlante). Por ejemplo:

  • Sectores empresariales podrían ver con recelo una constituyente, debido al temor de que de ella surjan cuestionamientos o limitaciones adicionales a las libertades económicas existentes.
  • Sectores sindicales podrían temer un debilitamiento o restricción del capítulo de las garantías sociales.
  • La clase política gobernante podría no desear que su gestión se vea empañada u opacada por el desarrollo paralelo de una asamblea constituyente.

Si llegásemos a la conclusión de que una reforma general es necesaria, habrá que determinar también la manera más efectiva de lidiar con estos factores psicológicos o emotivos. Una posibilidad podría ser la de preceder la realización de la constituyente con la preparación de un texto base, elaborado por personas de reconocida solvencia moral e intelectual, que sirva para delinear de alguna manera los grandes temas de discusión. Otra alternativa podría ser someter cualquier texto que genere la constituyente a un referendo popular posterior, como mecanismo legitimador democrático de última instancia.

Sea como fuere, pareciera estar claro que el primer paso para un exitoso debate del tema planteado consiste en fijar unas pocas materias clave a las que se dedicará el Congreso. El tema de la Constitución es extremadamente amplio e imposible de abarcar exhaustivamente dentro de las limitaciones materiales y de tiempo. De este modo, algunos expertos a quienes hemos ido pidiendo criterio nos han aconsejado fijar los "grandes tópicos", que podrían incluir:

  • La organización y distribución del poder, incluyendo el marco organizativo del Estado y los mecanismos de control del poder.
  • La depuración y profundización democráticas, lo que comprende temas como las reformas electorales y los mecanismos de participación y auditoría ciudadanas.
  • La hacienda y el empleo público.
  • La reforma constitucional misma, sus procedimientos y límites.

Este ejercicio está pendiente aun, pero no hay duda de que hay que aplicarlo para asegurar las metas planteadas. Las próximas semanas servirán para reflexionar con mayor profundidad al respecto y poner en marcha el proceso.

12 de febrero de 2003

Darwin hoy

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Hoy hace 194 años nació Charles Darwin, quien poseyó una de las mentes más brillantes de la historia y cuyas investigaciones y teorías han tenido uno de los impactos más perdurables.

Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra. A los 22 años, aceptó servir como naturalista a bordo del H.M.S. Beagle, que partió en diciembre de 1831 para una expedición científica de 5 años por la costa pacífica de Sudamérica. Sus observaciones durante el viaje sirvieron de base para la publicación en 1859 de su obra más famosa, "Acerca del origen de las especies por medio de la selección natural".

A mediados del siglo XIX, la concepción dominante en Occidente sobre el origen de la vida provenía de una interpretación literal del relato bíblico, según el cual los seres humanos habríamos sido creados como somos ahora, hace algunos miles de años como máximo y casi al mismo tiempo en que lo habrían sido también las demás especies animales y vegetales.

Evolucionismo. La teoría de Darwin parte de que, por el contrario, las especies evolucionan lentamente, a partir de mutaciones y cambios provocados por el entorno, que alteran -para bien o para mal- la capacidad de supervivencia y de reproducción. Si los cambios son desfavorables, el futuro albergará la muerte. Pero si son favorables, el individuo tendrá una mejor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas adaptaciones a sus descendientes. Transcurrido un tiempo suficiente extenso, los cambios cuantitativos se truecan en transformaciones cualitativas y al surgimiento de especies nuevas.

En el enfoque darwiniano, la vida en la Tierra tendría no miles sino miles de millones de años de existencia. Además, las formas de vida contemporáneas (incluyendo la humana) no habrían aparecido súbitamente sino como fruto de un proceso -no milagroso, pero no por eso menos maravilloso- de transformaciones paulatinas a partir de especies antecesoras.

Antecesor común. Casi siglo y medio después de la publicación del libro de Darwin, la evidencia se ha acumulado, confirmando sus hipótesis. En lo que a los humanos se refiere, el moderno análisis de ADN revela que compartimos hasta un 98% de nuestros genes con otras especies de la orden de los primates, lo cual apunta claramente a la existencia de un antecesor común. La evolución misma es comprobable, de modo dramático, en el mundo de virus como los de la gripe y el VIH: cuando mutan y, como resultado de ello, logran resistir la acción de un medicamento, sobreviven y transmiten esa cualidad a sus sucesores, que se replicarán dando al traste con las terapias establecidas.

Paradójicamente, hoy se habla de cómo los seres humanos hemos sido capaces de alterar e incluso de detener el proceso de la selección natural. Nuestros estándares de salud aseguran la supervivencia, o al menos la prolongación de la vida, incluso de quienes padezcan enfermedades o discapacidades que siglos atrás habrían conducido a una muerte segura. La mayoría de nosotros coincidiremos en que eso es bueno y Darwin probablemente no lo negaría tampoco, ya que su teoría de la evolución solo ofrece una explicación para un proceso natural, sin extraer conclusiones éticas o morales de él.

Maravilla y angustia. Pero a lo que voy es a destacar que este hecho no deja de ser maravilloso y angustioso a la vez, precisamente en el campo ético, porque reafirma que nuestro futuro está cada día más en nuestras propias manos y no en la selección natural. En tiempos en que corren aires de guerra y que se discute de temas como la clonación, estamos ante un dilema moral que solo a nosotros mismos incumbe resolver. Aunque nunca lleguemos a tener todas las respuestas ni podamos prever o superar todos los obstáculos que podamos afrontar, está cada vez más claro que el mañana será lo que decidamos hacer de él. La elección es nuestra y la responsabilidad también.

Charles Darwin murió el 19 de abril de 1882. Sus restos descansan en la abadía de Westminster, cerca de los de otro genio, Isaac Newton.

4 de enero de 2003

Feliz año, doña Astrid

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

El psicólogo B.F. Skinner una vez dijo que educación es aquello que queda una vez que lo aprendido se ha olvidado. Vale la pena reflexionar sobre esa idea, porque en ella no solo reside una gran verdad, sino, además, la clave para evaluar nuestra educación.

En efecto, un gran porcentaje de lo que aprendemos en las aulas es eventualmente relegado al olvido. Aunque en su momento hayamos dominado la solución de ecuaciones trinomias, o recitado sin falta las constituciones políticas del país, lo cierto es que si no se trata de conocimientos que debamos seguir empleando más adelante, llega un momento en que estos se nublan y, con suerte, solo retenemos una vaga noción de qué diantre era una ecuación trinomia.

¿Valió la pena memorizar esos conceptos? ¿Cuánto del tiempo que pasamos en las aulas es provechoso y cuánto es solo tiempo perdido? Supongo que no hay ninguna fórmula mágica que nos permita saberlo y, además, que la respuesta es diferente para cada quien, porque no todos aprendemos lo mismo y no todos aprendemos igual.

Toda la vida. Aprender es adquirir conocimiento y desarrollar nuevas conductas. Y aunque es común pensar en ello como algo que sucede solo en las escuelas, lo cierto es que mucho tiene lugar antes, fuera y después de las aulas. Aprendemos durante toda la vida.

En los animales, el aprendizaje es clave para la supervivencia. En las personas, la educación llena un propósito adicional: permitir que nos ubiquemos en el contexto que nos rodea y buscar y obtener respuestas para preguntas que los animales no se hacen, pues -hasta donde se sabe- es propio solamente de la especie humana reflexionar sobre sí y sobre el universo en que vive.

En los niños existe una disposición natural al aprendizaje, una curiosidad innata y un sentido del asombro insaciable. Ellos ingresan en la educación formal con ganas e ilusión, generalmente tan solo para tropezar poco después con todo ese esquema tradicional que termina por matarles el entusiasmo y por transformar el gusto por el aprendizaje en una carga odiosa. Por dicha, el espíritu de algunos es indomable y logran sobrevivir a la experiencia con solo algunos raspones. Yo nunca permití que la escuela interfiriera con mi educación, decía -entre serio y jocoso- Mark Twain. Pero otros quedan para siempre marcados y, con el tiempo, no solo olvidan lo aprendido, sino que les queda poca o ninguna educación real.

Debería haber una fase de educación común y otra de educación individual. Las tareas básicas de la primera se resumirían en dos: enseñar a aprender y enseñar a convivir.

Herramientas esenciales. Enseñar a aprender significa dotar al intelecto de las herramientas esenciales para impulsar a la persona hacia una vida dispuesta al aprendizaje. Aparte de las aptitudes y conocimientos básicos, implica desarrollar el sentido crítico y el afán por la investigación, para liberar la razón de ataduras y que la educación no sea un proceso pasivo de absorción de datos sin cuestionamiento alguno. Formar personas críticas las inmuniza contra el engaño y los prejuicios, al dotarlas de lo que Carl Sagan llamaba el equipo de detección de atolillo con el dedo.

Enseñar a convivir significa educar en el respeto, la tolerancia y la solidaridad, sin las que no se puede coexistir en un mundo de gente con personalidades, ilusiones, intereses, necesidades y culturas diferentes.

Una vez inculcadas esas habilidades básicas (que se aprenden pero nunca se olvidan y, por ende, educan realmente), la persona sería expuesta al vasto mundo de los conocimientos, las ciencias y las artes, los oficios y técnicas, para que cada cual elija el camino que lo llene y lo conduzca a la felicidad.

No soy experto en educación, así es que lo dicho hasta aquí probablemente pinte solo un cuadro parcial de lo que, sin duda, es un tema complejo. Pero eso cedo la palabra a quienes sepan realmente de esto y a quienes tengan el poder y la voluntad de hacer algo al respecto.

Que tengan todas y todos muy feliz Año Nuevo.

18 de diciembre de 2002

"Interñet"

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

En el hermoso marco del Palacio Miramar de San Sebastián, en el País Vasco, tuve el reciente privilegio de coincidir con representantes de casi la totalidad de los países hispanohablantes para celebrar el segundo congreso de la llamada "Comunidad Eñe" bajo el generoso auspicio del consorcio vasco Gaia y el copatrocinio de la OEA y del BID.

La idea del encuentro era escuchar a una serie de expertos en diversos campos y luego conversar en torno a un tema de gran importancia, como la necesidad de que los hispanoamericanos dialoguemos permanentemente acerca de cómo podemos defender y promover nuestros intereses comunes en la red mundial Internet. Sobre la base de ese patrimonio compartido que tenemos en idioma y cultura, se discutió durante tres días acerca de la generación de contenidos en español para la red, en temas tan diversos como la seguridad técnica y legal o la formación a distancia por medios electrónicos.

El grupo de trabajo en que específicamente me correspondió participar tenía por objeto analizar qué estamos haciendo y qué más podemos hacer en la región con respecto a una cuestión de mucha actualidad: la del "gobierno electrónico".

Palabras clave. En resumen, la investigación en torno al e-gobierno se centra en analizar de qué manera se pueden aplicar los avances tecnológicos para profundizar y enriquecer la interacción entre gobernantes y gobernados. En esta materia, las palabras clave son: eficiencia, transparencia y participación ciudadana.

En cuanto a eficiencia, la idea es que la tecnología debe agilizar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, simplificando los procedimientos al tiempo que se recortan los costos. Desde luego, esto implica definir interfaces de acceso claras y amistosas para un usuario promedio.

La transparencia, por su parte, implica facilitar el acceso a las fuentes de información sobre estadísticas y políticas públicas para incentivar la auditoría ciudadana y la correlativa rendición de cuentas por parte de los titulares del poder político.

Finalmente, los medios electrónicos deberían fomentar una mayor participación de las personas en los asuntos de gobierno local y nacional, al reducir el distanciamiento histórico entre los que administran y los administrados.

Está claro, al menos en lo que a nuestros países se refiere, que el obstáculo principal para la consecución de las metas enunciadas reside en la conectividad, o sea, en la llamada brecha digital que separa a los que pueden beneficiarse de estos servicios y a aquellos para quienes están fuera de alcance. Desde este punto de vista, el encuentro fue propicio para intercambiar experiencias y valorar los distintos planes de acción para posibilitar un mayor acceso de los sectores de menores ingresos a los recursos tecnológicos. En este sentido, por ejemplo, el documento de conclusiones del encuentro contiene un llamado a compartir información y experiencias a escala regional, con la coordinación de la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de Informática (CAIBI). Localmente, se sugiere el establecimiento de exenciones impositivas y/o créditos fiscales, así como el establecimiento de un fondo público que permita dotar del equipo y aplicaciones necesarias a los mencionados sectores. En este sentido, es recomendable que los esfuerzos estén centralizados en una única dependencia o comité estatal, que los planifique y coordine con la mayor efectividad, para lo cual obviamente se requiere de compromiso político al más alto nivel.

En conclusión, este segundo congreso de la "Comunidad Eñe" ha permitido valorar los avances y posibles retrocesos en la tarea fundamental de convertir el idioma español en un protagonista de primera línea en el desarrollo de Internet durante la presente década.

17 de noviembre de 2002

Cuando NO legislar

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Si de algo tenemos bastante en este país, es de leyes. Más de ocho mil si nos basamos únicamente en la secuencia numérica actual. Claro, muchas de ellas están derogadas, tácita o expresamente. Aun así, la cantidad que queda es impresionante.

En gran medida, esta fertilidad legislativa es producto de la concepción -arraigada pero ingenua- de que los problemas se resuelven con leyes. Y si una ley anterior no sirve, hay que promulgar otra en su lugar.

Pertinencia. Sin embargo, es buena idea detenernos a reflexionar sobre lo que, en última instancia, debe determinar la conveniencia o inconveniencia de legislar, a saber: la convicción plena de que la disposición normativa que se quiere promulgar es necesaria y pertinente.

Arbitraje. Partamos, primero, de la noción fundamental de que el papel central del derecho en cualquier sociedad moderna es arbitrar los conflictos intersubjetivos para evitar que degeneren en violencia social. Preferiblemente, estos conflictos deben ser prevenidos; pero, si no es posible hacerlo, deben ser contenidos para que no escalen y para que se restituyan sus eventuales consecuencias dañosas.

Partamos, además, de la idea igualmente básica de que las personas estamos en este mundo para autorrealizarnos y ser felices. Y que la búsqueda y consecución de esa felicidad solo es posible en libertad.

Desde la óptica anterior, la promulgación de una ley, en cuanto imponga obligaciones o restrinja los derechos de las personas, necesariamente crea un límite a los espacios de libertad dentro de los que es posible movernos en busca de lograr la anhelada autorrealización personal. Eso no es algo malo per se, si la ley es necesaria, precisamente para arbitrar un conflicto de derechos e intereses real o potencial y así asegurar una convivencia pacífica. Después de todo, la frontera natural de los derechos de cada uno de nosotros es el punto donde principian los derechos de los demás. Y, gústenos o no, tenemos que vivir en sociedad y para ello hay que acatar las reglas del juego.

Pero, además, la ley será tanto más justificable en cuanto sea pertinente; esto es, que la regulación que contiene -y, con ella, la restricción que provoca en el espacio natural de libertad de las personas- sea razonable y proporcionada. De este modo, la norma no irá más allá de lo justo y conveniente para lograr uno o más fines determinados.

Libertad. Todo alumno de derecho aprende en los primeros años de estudio el principio básico de autonomía de la voluntad. En el contexto de la discusión previa, ese principio nos lleva a estimar que una ley cuyos destinatarios seamos los ciudadanos debe ser dictada cuando sea necesaria para limitar una determinada conducta activa u omisiva. Porque no se dictan leyes para permitir cosas a los sujetos privados: estos ya son libres para hacer todo lo que la ley no les proscriba.

Aunque obviamente no es siempre así, a veces es mejor simplemente dejar que las personas vayan buscando y encontrando los límites que deben gobernar su conducta. Esto es especialmente cierto cuando se trata de relaciones entre iguales, donde el diálogo y la negociación pueden conducir a convenios más provechosos que los que devendrían de una imposición externa. El contrato, como dice el conocido aforismo jurídico, es ley entre las partes; una ley que ellas mismas fijan, no que les cae desde las alturas del poder estatal. Pero, naturalmente, si tratamos con relaciones donde las partes no son iguales, la acción normativa del Estado probablemente sí encuentre sentido en la medida en que se requiera para evitar que el pez grande se coma al pequeño.

Estrictamente, nada impide que el legislador legisle simplemente porque puede. Pero sobre la base de las reflexiones previas, conviene que este se autoimponga la disciplina de legislar porque debe. En esa medida, no solo obtendremos una cantidad más manejable de normas, sino que, además, las que tengamos posiblemente sean más justas e inviten por ello a ser respetadas realmente.

3 de noviembre de 2002

Voto electrónico

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

En julio del 2001 dediqué este mismo espacio al tema del voto electrónico. Luego de repasar los pros y contras de esta técnica, señalé que “no obstante sus evidentes complejidades, las ventajas que ofrece la posibilidad de votar electrónicamente son innegables y de mucho peso. De toda suerte, un cuidadoso y pensado proceso de implantación (por medio de planes piloto a corto y mediano plazo), de la mano de reformas legales coherentes y bien diseñadas, puede minimizar los riesgos asociados”. Y añadí que “lo primero es tener claro que votar electrónicamente no necesariamente equivale a votar por Internet. Aunque esto último podría ser visto como una meta deseable en el futuro, es claro que podemos posponerla en favor de mecanismos menos ambiciosos, pero dotados también de las ventajas del medio informático, como lo son las urnas electrónicas”.

Plan piloto. En las elecciones municipales de diciembre, el TSE aplicará un plan como el indicado. Mediante un dispositivo de pantalla y teclado, el elector que opte por esta vía podrá seleccionar los candidatos de su preferencia o votar en blanco. Hecho esto, se imprimirá un comprobante que se depositará en una urna tradicional. Los datos registrados electrónicamente serán transmitidos al TSE para su conteo.

Como se ve, no estamos aún ante un mecanismo de votación remota, ni se suprimirá el uso de papel. Entonces se preguntarán para qué sirve, si no se lograrán muchas de las metas propuestas para esta tecnología: eliminar los traslados, minimizar los gastos de transportes, reducir la generación de desechos, permitir el voto de enfermos y discapacitados, etc.

Exactitud y confianza. En realidad, la vía elegida por el TSE tiene mucho sentido. Expertos en seguridad informática, como Bruce Schneier y Rebecca Mercuri, han dado razones de por qué votar por Internet y desechar el papel no es realista por ahora. En efecto, una tecnología de votación ideal debe ofrecer garantías de anonimidad, escalabilidad, rapidez, auditoría y exactitud. Pero la exactitud -como lo ha dicho el primero de los citados autores- no tiene que ver con cuán bien se cuentan los votos, sino cuán bien se traduce la intención del elector en votos contabilizados correctamente. Y un sistema totalmente electrónico no provee al votante de un medio que dé la certeza de que su voluntad ha sido registrada certeramente.

Por desgracia, los aparatos electrónicos son vulnerables y propensos a fallos. Diversas experiencias alrededor del mundo registran problemas como computadoras que no fue posible poner en marcha el día de las elecciones, o que se paralizaron a mitad del proceso de votación. Sin medios para recontabilizar los votos, la pureza y transparencia del sufragio es puesta en duda. Y votar remotamente por medio de Internet solo agregaría incertidumbre, por ser -como es bien sabido- un medio altamente inseguro. Un sistema de votación local, apoyado por la impresión de comprobantes de papel que puedan ser usados para corroborar el resultado en caso necesario, es la mejor opción.

Prudencia. Aun así, poner en práctica este sistema no será fácil. Todavía hay múltiples puntos de fallo posibles (¿qué tal si la impresora se descompone?; ¿será segura y confiable la transmisión de datos a la sede central del TSE?). Por eso, ejecutar un plan piloto a una escala relativamente pequeña y en un proceso como este, en vez de en las elecciones nacionales, es lo prudente. El margen de error nunca podrá ser reducido a cero, pero recordemos que los mecanismos de sufragio tradicional tampoco son infalibles.

Roger Needham, citado por Schneier, ha dicho que "automatización" significa cambiar algo que sirve por algo que casi sirve, pero que es más rápido y barato. Como tantas otras cosas en la vida, se trata de un costo de oportunidad.

Esperemos que los resultados sean los mejores y que se logre continuar depurando las vías de participación democrática.

15 de octubre de 2002

Un diálogo impostergable

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).
El Colegio de Abogados comenzó recientemente el llamado "Foro para la formulación de una agenda nacional de reforma al Poder Judicial". Para el éxito de esta iniciativa, es importante comprender sus alcances y expectativas reales. La génesis del proyecto se sitúa en encuentros separados que la junta directiva del Colegio -que me honro de integrar- sostuvo con representantes del sector de abogados litigantes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el ministro de Justicia. Cada una de estas reuniones se caracterizó por el intercambio franco y abierto de ideas sobre las fortalezas y debilidades del Poder Judicial, así como sobre las posibles vías de solución a los dilemas y retos que viene afrontando la administración de justicia nacional desde hace años. Erróneas percepciones. No tardó en hacerse evidente que, en gran medida, a la problemática real que enfrenta el Poder Judicial, se añade además una insuficiente o deficiente comunicación entre los diversos actores, que contribuye a inducir en cada uno perspectivas erróneas de la situación. Dicho de otro modo: muchas de las cosas que no andan bien en la administración de justicia podrían no estar siendo percibidas en su justa dimensión por parte de la jerarquía de la Corte; y, al mismo tiempo, muchas de las cosas positivas que se han hecho y se propone hacer podrían no estar llegando a conocimiento de los usuarios y demás interesados. En este sentido, por ejemplo, los abogados se quejan de que la Corte es sorda a sus reclamos relativos a la calidad del servicio, mientras que los magistrados sienten que los profesionales emiten juicios negativos por desconocer los esfuerzos que se viene haciendo por mejorar la eficiencia del Poder Judicial. De este modo, se hizo claro que el análisis concienzudo de los problemas debe ir de la mano de un diálogo cara a cara entre todos los sectores afectados o interesados en el tema de la justicia. Se requiere, entonces, sentarlos a todos en la misma mesa para que -con responsabilidad y buena fe; con la convicción de que los problemas del Poder Judicial nos atañen a todos los ciudadanos- se hablen. Y hablando se entiende la gente, como dice la sabiduría popular. El Colegio de Abogados estima que su responsabilidad es propiciar este diálogo impostergable, de cara a la ciudadanía, objetivo y transparente. La esencia del Foro se puede resumir, entonces, en ofrecer la hospitalidad de nuestra casa para que en ella se desarrolle un debate inédito en la historia nacional, del cual surjan ideas -y, especialmente, voluntad- para sacar adelante al Poder Judicial. Es una tarea en la que se requiere comprometer a todas las instancias políticas que tienen la competencia y la responsabilidad de actuar, en el marco de un análisis crítico, alimentado por las propuestas y opiniones que todo ciudadano que lo desee puede enviar. Rigor y transparencia. En la realización de esta iniciativa, se ha tenido la fortuna de contar con el apoyo y patrocinio del PNUD y del INCAE, así como de expertos científicos sociales que aportarán su esfuerzo para compilar, analizar y sistematizar los diversos estudios y planteamientos que se reciban. La idea es seguir una metodología rigurosa y transparente, que sirva para orientar el debate, pero sin tratar de imponer a los partícipes un planteamiento preconcebido acerca de cómo estima el Colegio que se debe enfrentar la problemática de la administración de justicia. El proceso deberá culminar a finales de este año, con la preparación y presentación a la ciudadanía y a las autoridades políticas de un documento que recoja los frutos del encuentro y a cuyas propuestas, desde luego, será necesario dar seguimiento. Es decir, el Foro debe ser visto como un primer paso, después del cual habrá que avanzar y trabajar más. De momento, resta esperar que el aporte de opiniones sea óptimo a fin de que el análisis preliminar pueda sea lo más detallado y claro posible.

1 de septiembre de 2002

La firma digital para abogados y notarios

Este artículo se publicó en la revista "El Foro" del Colegio de Abogados de Costa Rica.
Año 1, número 2, setiembre del 2002.

La tecnología de la firma digital surge en el contexto de un esfuerzo más general que persigue sustituir al tradicional documento impreso con el documento electrónico, especialmente en las transacciones no presenciales (o sea, entre ausentes). Aun cuando ha sido desarrollada pensando muy particularmente en el comercio electrónico, lo cierto es que sus aplicaciones potenciales van mucho más allá. Específicamente en el campo jurídico, esta tecnología resulta vital para una adecuada implementación de avances tales como el procedimiento administrativo y judicial electrónico, el notariado electrónico o el registro telemático de gestiones ante las dependencias públicas.

Firmar digitalmente un documento electrónico tiene dos propósitos centrales:

  • Garantizar su autenticidad, informando de manera cierta acerca de su autoría (no sólo en cuanto a la identidad del autor sino eventualmente incluso en cuanto a la hora y fecha precisas de su redacción) y, por esta vía, contribuyendo a evitar una posible repudiación de sus consecuencias legales o de otra índole; y,
  • Garantizar su integridad, en la medida en que permite asegurar que el contenido del documento no ha cambiado desde el momento de su firma.

En este sentido, la firma digital pretende cumplir con las mismas tres funciones pri-mordiales que históricamente ha llenado la firma manuscrita u ológrafa: a) la función indicativa, en virtud de la cual una firma revela la identidad del autor de un documento; b) la función declarativa, por medio de la cual se entiende que una firma implica la aceptación del autor del contenido del documento; y, c) la función probatoria, que permite vincular jurídicamente a un documento con su autor, para efectos demostrativos.

¿Cómo funciona el sistema? La firma digital es una aplicación concreta de la tecnología de criptografía asimétrica, que descansa a su vez sobre el empleo de dos claves matemáticamente relacionadas entre sí; una privada y otra de conocimiento público. A diferencia de la encriptación de mensajes, en que se emplea la clave pública del destinatario para codificar y enviarle un documento electrónico que solo él o ella podrá descodificar con su clave privada, en la firma digital empleamos nuestra propia clave privada para encriptar y remitir al destinatario tanto el texto legible como su versión codificada por una llamada función hash. La computadora del receptor descodifica el texto con nuestra clave pública y lo compara con el original legible. Si esta comparación es exacta, el mensaje es validado.

El sistema de firma digital debe estar respaldado por una amplia infraestructura no sólo técnica sino también jurídica, para lo cual diversos países alrededor del mundo han venido legislando sobre el tema. Los organismos internacionales especializados también han venido dedicando esfuerzos a procurar que las regulaciones nacionales y supranacionales guarden la mayor armonía posible, destacando en particular el trabajo de la Comisión de las Naciones Unidades para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), con su proyecto de Ley Modelo sobre Firmas Digitales; y del "World Wide Web Consortium" (W3C).

Por razones de confiabilidad y seguridad jurídica, es necesario que el funcionamiento global de esta tecnología esté supervisado y garantizado por lo que en doctrina se llama una tercera parte confiable; una persona o entidad que por su carácter oficial -o por la aceptación general de su seriedad y prestigio- dé pleno respaldo a la firma digital. Las funciones cruciales de esta instancia incluyen las de asignar las claves públicas y privadas sobre las que descansa la firma digital, certificar las primeras ante terceros (por lo cual también se les conoce como "autoridades certificantes") y velar por su empleo correcto.

Esta tercera parte confiable no es necesariamente una entidad única. Por el contrario, lo usual respecto de la firma digital es la existencia de toda una jerarquía de autoridades certificantes especializadas, con el propósito de que aquélla que finalmente se encargue de asignar a una persona física o jurídica las claves necesarias para el uso de la firma, sea idealmente alguien que pueda responder de la identidad del solicitante, ya sea porque lo conozca personalmente o porque cuente con los medios idóneos para verificar sus calidades.

Y tampoco es exigido que una autoridad certificante sea una entidad oficial (es decir, estatal). Como se indicó arriba, la práctica de la firma digital alrededor del mundo ha reconocido la posibilidad de que existan personas privadas que presten este servicio, incluso lucrativamente, caso en el cual la validez y veracidad de las claves que emitan descansará en el prestigio y seriedad acreditada de la respectiva empresa u organización, tanto como en la supervisión general que de su funcionamiento puedan hacer las entidades oficiales competentes (en particular, una superintendencia o dependencia similar que fiscalice la operación general del sistema).

¿De qué sirve la firma digital a las y los abogadas(os) y notarias(os)? Ya hemos anticipado que, por medio de esta tecnología, sería posible litigar electrónicamente, enviando escritos a los despachos judiciales y recibiendo resoluciones de éstos, sin sujeción a un horario de oficina ni a las restricciones de un perímetro judicial. En el plano notarial, sería factible remitir escrituras electrónicamente al Registro Público, de nuevo sin consideración de horarios ni distancias geográficas. La firma digital es además un paso adelante a favor del concepto del gobierno electrónico, en virtud del cual el Estado es capaz de recibir peticiones y reclamos de los administrados y resolver sobre éstos por medios automatizados.

Desde luego, todo lo anterior se une a las evidentes ventajas que el sistema provee, en términos de celeridad, minimización de errores, reducción de costos por consumo de papel y los consiguientes pluses ambientales.

1 de agosto de 2002

Una despedida de Democracia Digital

Este artículo fue publicado en la revista electrónica del proyecto Democracia Digital

Por una decisión personal, he decidido dejar mis labores habituales como coeditor de Democracia Digital, para pasar a fungir únicamente como un colaborador ocasional.

A un año y medio de su fundación, DD ha representado una experiencia de enorme valor y de gran aprendizaje. Con orgullo vemos como el sitio web recibe miles de visitas al mes, mientras que cientos de personas se han suscrito a la lista de correo y demuestran así su interés permanente en el proyecto.

Creo que el trabajo realizado ha sido de gran calidad y que mis hasta hoy compañeros sabrán continuar impulsándolo, hasta consolidarse como referencia obligada del espectro político y sociológico nacional. DD nació de una idea muy simple: la de que el medio electrónico puede servir proactivamente al enriquecimiento de la democracia. Creo que la veracidad de esa premisa hoy ya no se puede poner en duda.

28 de julio de 2002

El justo medio

Artículo publicado en la sección "Página Quince" del diario La Nación (ver publicación original).

Alguna vez leí que una de las máximas de Confucio nos previene de que la verdad no suele encontrarse en los extremos, sino en el justo medio.

Cuando de monopolios del Estado se trata, muchos se empeñan en buscar la verdad en los extremos: es cosa de bueno o malo, blanco o negro, todo o nada. Y, claro, cuando uno se sitúa en un extremo, tenderá a ver a todos los demás en el extremo contrario. Nosotros, buenos; ellos, malos.

Pero no creo que se pueda juzgar a todos los monopolios del Estado por igual, porque no son iguales. Cada uno fue creado en un momento dado con un propósito definido, que entonces se consideró oportuno y necesario. Por ende, para discutir con seriedad sobre si alguno de ellos debe subsistir o desaparecer, pareciera necesario plantearnos, primero, ¿para qué fue creado? Segundo, ¿esa razón sigue siendo valedera en la actualidad? Caso negativo, ¿existe una mejor opción?

A cada uno lo suyo. Vivimos en una sociedad que heredó de los próceres de la Revolución Francesa la premisa de que cada persona debe ser libre para buscar el camino de su propia felicidad. Esto exige que el individuo esté exento de injustificadas intromisiones en su ámbito personal; especialmente de la intromisión del Estado. Las restricciones que este imponga a nuestra libertad solo deben ser, como regla, las necesarias para asegurar una ordenada y provechosa convivencia social. El Estado y el derecho están llamados a amortiguar los choques que inevitablemente produce el hecho de que debamos vivir juntos en sociedad. Porque cada persona tiene sus propias metas, anhelos y proyectos. Estos, desde luego, no siempre coinciden con los de los demás. De hecho, usualmente no lo hacen. Por tanto, cuando el espacio de libertad de uno entra en conflicto con el de otros, el ordenamiento jurídico –cuya vigencia el Estado debe garantizar– establece las reglas por medio de las cuales se procura evitar que la pugna degenere en violencia y anarquía; y que el fuerte imponga su ley al débil. Por eso enseñaba Ulpiano que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le pertenece.

Y ¿qué tiene que ver esto con el tema inicial? Cada vez que el Estado monopoliza una actividad, es obvio que nos la niega a los demás. ¿Es eso malo? Depende. Si esa restricción es la mejor manera de asegurar una provechosa convivencia social; y si por esa vía avanzamos hacia el ideal de dar a cada quien lo que le pertenece, o sea, hacia la justicia social, bienvenido el monopolio. Pero si, por el contrario, su existencia representa un obstáculo para el progreso social, porque las razones por las que fue creado eran buenas entonces pero ya no lo son, entonces tendremos que plantearnos seriamente si existe una mejor alternativa.

Cada cosa en su tiempo. Creo que los avances sociales que hoy tenemos difícilmente habrían sido posibles sin la existencia de un ICE o de una banca estatal. ¿Cuál empresa privada se habría planteado el reto de llevar la electricidad y la telefonía a cada rincón de la geografía nacional? ¿Cuál financiera privada asumiría la función de banca de desarrollo? En lo personal, siento que una entidad como el ICE no ha agotado su mandato, aunque hay espacios muy concretos (¿la telefonía celular?, ¿el acceso a Internet?) en los que cabría plantearnos la posibilidad de habilitar la iniciativa privada. Después de todo, la banca estatal no desapareció al romperse el monopolio de las cuentas corrientes. Pero, del mismo modo, es mi estrictamente personal opinión que otros monopolios estatales, como el INS o FANAL, han excedido su justificación histórica y solo con dificultad podemos defender su continuada existencia.

En suma, conviene dejar de plantearnos el tema de los monopolios del Estado como una cuestión de todo o nada. Cada cual tiene su momento. En este tema, difícilmente hallaremos las verdades necesarias en los extremos.